| Se están
dando pasos en la mejora de los plazos en las tramitaciones urbanísticas,
especialmente en la concesión de licencias mediante declaraciones
o jugando con el silencio positivo, pero debe reforzarse con la inspección
urbanística.
Es necesario
seguir adoptando medidas que acoten los plazos de tramitaciones urbanísticas
como se ha hecho acertadamente con la concesión de licencias.
La rehabilitación
es otro de los puntos claves, como consecuencia de la falta de activos
inmobiliarios de calidad para atender la fuerte demanda del mercado.
En materia
de urbanismo la solución es la simplicidad y la uniformidad. Llamar
de diferentes formas a lo que siempre hemos conocido como “junta de compensación”
no es práctico. La unificación del mercado económico
español es uno de los requisitos para los fondos europeos. La unificación
en temas como la edificación, con normativas regionales diferentes
para poner un ascensor, debe ser un ejemplo.
La simplicidad
pasa por conseguir que el planeamiento urbanístico se base en criterios
objetivos (solamente objetivos), claros y previsibles. La subjetividad
en el planeamiento urbanístico genera inseguridad jurídica
y la especulación a costa del posicionarse en suelo por planificar
es una rémora que ha erradicado el urbanismo británico.
En este punto
hay que hacer mención a la necesaria reforma de la administración
(que ya hemos tratado en otras ocasiones) a fin de que se puedan aprovechar
los fondos europeos, ya que a día de hoy España pierde muchos
fondos europeos por la lentitud de la administración.
En algunos
países ya se están aplicando técnicas de inteligencia
artificial en el control de los trámites burocráticos, lo
que en la práctica ha servido de auditoría de la actividad
real realizada por los funcionarios públicos.
En el plano
judicial, conviene analizar la creación de juzgados especializados
en temas inmobiliarios a fin de generar seguridad jurídica al inversor
inmobiliario. La situación de la ocupación de viviendas es
un ejemplo que genera mucha inseguridad jurídica. Se necesita una
justicia muy rápida en mercados económicos específicos,
como el alquiler de vivienda.
Es precisa
una profunda revisión de todo el patrimonio inmobiliario de las
administraciones con el objetivo de buscar la máxima eficiencia
en el uso del mismo y analizar su destino a vivienda social.
Y por supuesto
mejorar la fiscalidad inmobiliaria que es excesiva y en muchos casos sometida
a doble imposición, como con las plusvalías municipales.
Todos estos
temas y muchos más deberían servir de base para una mesa
de la vivienda que requiere de mucho sentido común y sentido de
estado.
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