| El consorcio
buscaba "anular el laudo parcial y el laudo final emitido en el Arbitraje
de Hormigóns y Agregados, en virtud del cual GUPC S.A. tuvo que
pagarle a la ACP alrededor de 271,8 millones de dólares", precisó
la entidad panameña en un breve comunicado.
El fallo de
la Corte, emitido el 18 de noviembre de 2021, se refiere a solicitudes
de anulación de tres arbitrajes ganados por la ACP relativos a la
"ataguía del Pacífico, anticipos, así como Hormigón,
agregados, laboratorios y fallas", según publicaron este sábado
medios locales.
En su comunicado,
la ACP indicó que la Corte rechazó "las solicitudes de anulación
de los laudos del Arbitraje de Hormigón y Agregados y otorgó
un reconocimiento de dichos laudos como fue solicitado por" la autoridad
de la vía interoceánica. La Corte declinó "los motivos
de anulación alegados por los demandantes, que incluían que
los árbitros estaban parcializados y que les negaron la oportunidad
de ser oídos", de acuerdo con la información oficial.
Los "demandantes"
son la española Sacyr, la italiana Webuild (antes Impregilo), y
la belga Jan De Nul (JDN), integrantes del Grupo Unidos por el Canal (GUPC
S.A.), informó la fuente.
El GUPC se
adjudicó en 2009 el contrato de diseño y construcción
de las nuevas esclusas del Canal de Panamá por un monto de 3.118
millones de dólares. La ampliación del Canal de Panamá,
por el que pasa el 3,5 % del comercio mundial, cumplió el pasado
junio cinco años de inicio de sus operaciones y desde entonces ha
registrado aportes récord al fisco panameño.
EN DETALLE
La Corte del
Distrito del Sur de Florida (EE.UU.) rechazó las solicitudes de
anulación de unos laudos arbitrales interpuestos por el consorcio
GUPC S.A., que construyó las nuevas esclusas y que integra la española
Sacyr, a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
El consorcio
buscaba "anular el laudo parcial y el laudo final emitido en el Arbitraje
de Hormigóns y Agregados, en virtud del cual GUPCSA tuvo que pagarle
a la ACP alrededor de 271,8 millones de dólares", precisó
la ACP en un breve comunicado.
El fallo de
la Corte, emitido el jueves pasado, se refiere a solicitudes de anulación
de tres arbitrajes ganados por la ACP relativos a la "ataguía del
Pacífico, anticipos, así como Hormigón, agregados,
laboratorios y fallas", según publicaron este sábado medios
locales.
En su comunicado,
la ACP indicó que la Corte rechazó "las solicitudes de anulación
de los laudos del Arbitraje de Hormigón y Agregados y otorgó
un reconocimiento de dichos laudos como fue solicitado por" la autoridad
de la vía interoceánica.
La Corte declinó
"los motivos de anulación alegados por los demandantes, que incluían
que los árbitros estaban parcializados y que les negaron la oportunidad
de ser oídos", de acuerdo con la información oficial.
Los "demandantes"
son la española Sacyr, la italiana Webuild (antes Impregilo), y
la belga Jan De Nul (JDN), integrantes del Grupo Unidos por el Canal (GUPC
S.A.), informó el Canal.
El GUPC -conformado
por Sacyr, Impregilo, Jan de Nul, y la panameña CUSA- se adjudicó
en 2009 el contrato de diseño y construcción de las nuevas
esclusas del Canal de Panamá por un monto de 3.118 millones de dólares.
La ampliación
del Canal de Panamá, por el que pasa el 3,5 % del comercio mundial,
cumplió el pasado junio cinco años de inicio de sus operaciones
y desde entonces ha registrado aportes récord al fisco panameño.
SON CINCO LOS
ARBITRAJES ENTRE PANAMÁ Y SACYR.
De ellos, tres
ya se han resuelto. Respecto a los dos que quedan por dilucidar, en juego
están 3.216 millones de euros. La GUPC reclama 669 millones de euros
por el arbitraje de las compuertas y sobrecostes laborales. La cantidad
es mayor, y llega a los 2.547 millones de euros, en el arbitraje de los
costes de interrupción. La fecha prevista para su resolución
será 2022 o 2023.
Sacyr perdió
el conocido como el del basalto y el hormigón, que obliga a pagar
206 millones a la ACP (de esa cantidad, 85 millones corresponderían
a Sacyr).
OTROS ARBITRAJES
En Colombia,
Sacyr tiene abierto un arbitraje contra el Instituto Nacional de Vías
(Invias). En este caso, se trata de otro puente: Pumarejo. La cantidad
reclamada ronda los 29 millones de euros. Y lo pide porque Invias incumplió
el contrato. A la par, se demanda que asuma los sobrecostes del proyecto.
FCC y ACS mantienen
otro abbitraje relativo a la línea 2 del metro de Lima. La cantidad
reclamada por las constructoras españolas supera los 700 millones
de euros.
FCC mantiene
un arbitraje con la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá. El mismo
hace referencia al arbitraje por desacuerdos en la concesión hospitalaria
Ciudad de la Salud. Se presentó ante la corte de arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional (CCI). La cantidad demandada por
FCC se acerca a los 55 millones de euros.
CSS había
rescindido el contrato, de más de 490 millones de euros, alegando
el incumplimiento del mismo por parte de la constructora. El complejo lleva
cinco años parado.
OHL tiene otro
arbitraje junto a Abertis y Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) por la
Autopista del Sol en Chile. Será la Cámara de Comercio de
Santiago de Chile la que acabe dirimiendo el enfrentamiento del que no
se han hecho públicas las cifras.
En Estados
Unidos, Ferrovial está pendiente de la resolución del arbitraje
referente a la autopista SH-130 en Texas. El motivo que desencadenó
el enfrentamiento fue, según la sociedad concesionaria, que existían
vicios y defectos en la construcción, sobre todo en el paquete de
firmes de la autopista.
SH130 Concession
Company, la firma que ha demandado, valoró esos vicios y defectos
en 130 millones de dólares (unos 106 millones de euros), de los
que la mitad (53 millones de euros) serían imputables a la participación
de Ferrovial.
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