| El ministerio
de Transportes va a examinar la diligencia de las constructoras para cubrirse
de posibles fluctuaciones en el precio de los materiales. Hace una década
que la administración da prioridad en sus concursos a las constructoras
que renuncian al reequilibrio por el alza en las materias primas, mientras
que la Ley de Desindexación de 2015 supuso que la revisión
de precios fuera retirada, de facto, de los contratos de obra pública.
Como esto supone
una gran desprotección, el ministerio de transportes va a comprobar
si las contratistas adoptaron medidas como la contratación de seguros
que protegieran los proyectos ante la volatilidad de los costes o la compra
centralizada y anticipada de grandes volúmenes de materiales para
evitar problemas a lo largo de la ejecución de las obras.
Desde el sector
se ha reclamado en muchas ocasiones la derogación de la Ley de Desindexación
por tratarse de un mecanismo de reequilibrio automático en los costes
de obra entre la adjudicación. La solución que se propone
es la vuelta de la revisión de precios y mayores plazos de ejecución
de los proyectos que están siendo paralizados.
Según
las fuentes consultadas, el Ministerio de Transporte trabaja en pequeñas
modificaciones legales y exclusivamente en reformas transitorias.
El sector ha
pedido una solución automática para las obras en curso, calculando
un porcentaje de incremento por ley, como ya se ha hecho en Italia o Francia,
y mecanismos de corrección de precios para obras futuras.
Desde el sector
se están presentando reclamaciones de indemnizaciones para las constructoras
por el desequilibrio en los presupuestos de las obras. Esas peticiones
conllevan exámenes periciales y posibles denuncias ante la justicia.
ASPECTOS LEGALES
En el ámbito
de los contratos públicos, existe la posibilidad de corregir el
precio del contrato por la vía del mecanismo legal de la revisión
de precios, mediante la aplicación de las fórmulas polinómicas
aprobadas por el Ministro de Hacienda y previo informe del Comité
Superior de Precios de Contratos del Estado, de manera que el precio del
contrato se revisa de forma periódica.
El problema
jurídico está en los contratos administrativos en que se
ha excluido la revisión de precios. El problema surge de la Ley
2/2015 de desindexación de la economía española y
su normativa de desarrollo (Real Decreto 55/2017) porque reduce los casos
en los que opera el mecanismo de la revisión de precios, limitando
los contratos a los que podría aplicarse y dándole un carácter
potestativo para la Administración.
Otro problema
práctico surge por las circunstancias del mercado, es decir, cuando
queda obsoleta la fórmula polinómica de manera que no recoge
el impacto real en el contrato del incremento del precio de los materiales.
Otro problema
es la retroactividad que se exige desde el sector de la construcción.
Una reforma legal de la normativa contractual pública no tendría
efectos retroactivos, sólo transitorios.
En relación
con estos contratos, la Ley de Contratos del Sector Público, solo
contiene una regulación del equilibrio económico de los contratos,
para los contratos de concesión de obras y de servicios, y limitados
a casos de fuerza mayor. Por ello, la fundamentación de una
reclamación debe basarse en el riesgo imprevisible.
TEMOR DE LOS
CONSTRUCTORES EN OBRA PIVADA
En el sector
público es común reclamar un mayor pago por un desvío
de los costes, pero en los contratos privados el desacuerdo acabaría
en los tribunales.
El desvío
del coste de las obras coloca en una situación muy difícil
a las constructoras, y especialmente a las más pequeñas,
porque el margen bruto de un constructor no alcanza el 8%, con lo que difícilmente
pueden absorber los aumentos de costes.
El promotor
encarga la obra llave en mano a una constructora a un precio cerrado, por
lo que en los contratos ya firmados no sufren la inflación, pero
en la práctica se paralizan las obras por la escasez de material
y la escalada de los precios ha provocado que los mayoristas y las grandes
constructoras estén acaparando material y la mayoría de empresas
tiene problemas de suministros.
Los contratos
establecen penalizaciones a los constructores si no cumplen los plazos
de entrega de la obra, pero en estas circunstancias podrán alegar
causas de fuerza mayor aunque no podrán repercutir el aumento de
precios al promotor.
SITUACIÓN
ACTUAL
Un gran número
de constructoras se han visto obligadas a incumplir contratos que tenían
en marcha por la subida de precios y la falta de oferta de materias primas.
Las empresas del sector apuntan al acero como la materia prima que se ha
vuelto más cara, seguida de la madera, el aluminio, el cobre y el
vidrio.
El sector avisa
de que a los incrementos en los precios de las materias primas deben sumarse
al incremento de los costes energéticos y al impacto de los cuellos
de botella en los suministros.
El precio de
los materiales de construcción se ha multiplicado en los últimos
meses. Las constructoras lo constatan en su día a día. Hasta
un 70% en el caso del acero o cerca de un 40% en algunos derivados del
petróleo. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística
(INE) lleva todo el año 2021 sin publicar datos al respecto.
El aumento
del precio de los materiales no solo está afectando a la obra pública
que ya se encuentra adjudicada, el sector teme que lastre la recuperación
y dificulte el esperado desarrollo de nuevos proyectos.
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