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¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
Industrializar
la construcción, una alternativa hacia la sostenibilidad.
La industrialización
en la construcción se ha erigido como un modelo de trabajo estratégico
y alternativo a la promoción residencial tradicional.
No es necesario
proponer cambios fundamentales y disruptivos para empezar a aplicar la
industrialización. Dado que podemos combinar parcialmente elementos
y componentes industrializados (1D, 2D y 3D), algunos sistemas permiten
la convivencia de edificios tradicionales con edificios industrializados.
En la actualidad, hemos encontrado muchas soluciones industrializadas,
incluidos todos sus componentes. Sin embargo, existen alternativas más
ambiciosas en las que la construcción modular se realiza íntegramente
en un entorno controlado de manera industrializada, con el posterior movimiento
de los módulos hasta su ubicación final para su montaje en
obra.
España
necesita desarrollar una “cultura industrial” para explicar, defender y
promover sus realidades industriales. Esto es para hacer frente a los desafíos
de la sostenibilidad, la digitalización, la evolución de
las cadenas de valor globales, los cambios en la demanda global o las deficiencias
estructurales en el entorno empresarial de la UE. Por ello, sería
importante acometer y construir un pacto de Estado por la industria, del
que surgiría una Ley de Industria, que aprovecharía los fondos
europeos y aceleraría la recuperación de la pandemia, como
se indica en el informe “La industria en España: propuestas para
su desarrollo”. Recientemente fue presentado por el Consejo Económico
y Social Español, órgano consultivo del Gobierno. En opinión
del Consejo, la Ley debe establecer los principios básicos de una
estrategia de mediano y largo plazo para reindustrializar el país.
Esto estaría en línea con las Directrices Generales de la
Nueva Política Industrial Española 2030, así como
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones de la
Agenda 2030 de la Comisión Europea.
La aplicación
de estas medidas se ha visto frenada por el estancamiento político.
En este sentido, la institución defiende la participación
de las comunidades autónomas y agentes sociales en esta futura ley.
Modernizaría el modelo productivo hacia la transición ecológica,
así como la transformación digital e incrementaría
la autonomía industrial estratégica de España.
La nueva Ley
de Industria debe establecer un marco regulatorio más claro, estable
y comprensible. Se necesita contar tanto con la capacidad actual para afrontar
la intensa transformación tecnológica que ha experimentado
nuestra industria desde la actual ley de 1992. Pero también con
la capacidad futura para afrontar los retos que surgen en el nuevo contexto
digital. También es necesario adecuar el marco regulatorio español
al contexto europeo e internacional. Esto nos permitirá aprovechar
mejor los caminos del desarrollo industrial y el progreso social.
Sería
necesario estructurar adecuadamente los sistemas de incentivos a la inversión
industrial para hacerlos más efectivos; así como mejorar
su atractivo equilibrando las ayudas directas, mejorando las condiciones
del mercado en los préstamos subvencionados y ofreciendo ventajas
fiscales específicas. En este sentido, el objetivo debe ser alcanzar
el máximo nivel de incentivos autorizado por el marco regulador
comunitario.
En el futuro,
el desarrollo industrial debe basarse en gran medida en los sectores actuales.
Por tanto, será necesario desarrollar nuevos productos y negocios
en estos sectores, promoviendo la I + D + i, trabajando tanto internamente
como en colaboración con otras empresas, centros tecnológicos
y universidades. Asimismo, se debe apoyar los proyectos de colaboración
entre proveedor y cliente. Estos serían para el desarrollo de nuevas
soluciones, para promover startups, compras públicas innovadoras
enfocadas a la generación de prototipos y primeras referencias en
el mercado, y participación relevante en consorcios internacionales.
