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• El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
• El Plan 20.000 viviendas en alquiler social o asequible.
• Las medidas orientadas a crear un entorno favorable para la promoción de vivienda en alquiler a precios asequibles.
• El Plan de Rehabilitación y Renovación Urbana Sostenible.
• El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE

Además, va en la línea ya marcada por todas las medidas que se han implementado en estos meses como consecuencia del coronavirus, protegiendo y haciendo posible que los ciudadanos no vean menoscabado su acceso a una vivienda digna y adecuada.

LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA

El pasado 5 de marzo, el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio, Francisco Javier Martín Ramiro, anunció la nueva ley durante un desayuno informativo organizado por Europa Press y Lamadredelascooperativas. 

Durante la jornada, celebrada bajo el título 'Las cooperativas como elemento dinamizador del acceso a la vivienda', Ramiro ha explicado que habrá otras cuestiones que necesitarán modularse a través del diálogo multilateral y bilateral, pero que irán ligadas al grado de protección de la vivienda o a evitar la disparidad en el territorio, que ha hecho que en España exista un parque de vivienda "pírrico".

"En el marco jurídico de la vivienda tenemos un claro agujero", ha apostillado, tras recordar que aunque la materia de vivienda es competencia autonómica, "al Estado ya le toca pasar de criticar las leyes autonómicas, o de incluso recurrirlas, a legislar".

El director general ha afirmado que esta legislación estatal será un marco general, una "ley básica" como otras normas, que establecerá un equilibrio territorial de lo que son las reglas "del juego" para garantizar el derecho de acceso a la vivienda. Ramiro ha dejado claro que el equilibrio en el sector inmobiliario a veces "es muy complicado" y hay veces que "se ha roto con demasiada facilidad".

Desde su punto de vista, uno de los papeles fundamentales que tiene que cumplir la ley estatal es el de concentrar el mayor apoyo posible. "Tenemos un diálogo estrecho con comunidades autónomas, pero también en conferencias multilaterales y bilaterales, y lo cierto es que coincidimos en un porcentaje altísimo de criterios, tanto en diagnóstico como en las medidas que hay que impulsar", ha añadido.

Para el director general de Vivienda y Suelo, es imprescindible encontrar un amplio consenso y tratar de "barrer un poco el actor común que las comunidades tienen en sus legislaciones de vivienda". También ha apostillado que se va a necesitar un marco de ayudas lo más orientado posible, y modelos de actividad, tanto económicos como sociales, que permitan resolver las diferentes demandas que existen.

"Estamos en un momento en el que la sociedad está pidiendo otras cosas y hay que dar cabida a otros modelos de vivienda y gestión", ha señalado, tras afirmar que, por supuesto, la cooperativa tiene que estar y que se debe garantizar que no haya ni barreras ni trabas para que todos los modelos prosperen.

DATOS DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA

La autopromoción de vivienda protegida, así como la promoción por iniciativa de cooperativas de vivienda, representaron un porcentaje más significativo entre los años 2007 y 2009. Sin embargo, los años de recesión económica, especialmente los comprendidos entre 2011 y 2017, con carácter general, conllevaron una drástica reducción del conjunto de promociones de vivienda protegida que afectaron de un modo muy especial a los referidos tipos de promoción minoritarios.

Aragón es la comunidad que más destaca en número de viviendas protegidas por iniciativa de cooperativas, las cuales representan un total de 7.723 viviendas desde 2005 hasta 2019 (31,9%); seguida en porcentaje por la Comunidad de Madrid, con 37.065 viviendas (25,3%); y a mayor distancia por Castilla y León, con 4.837 viviendas (14,4%).  

Tipos de promotor de la vivienda protegida en el periodo 2005-2019. Destaca una vez más el hecho de que en el periodo comprendido entre 2012 y 2017, en el que disminuye la cifra absoluta de calificaciones de vivienda protegida, lo hace también la proporción de los tipos de promoción minoritarios, como son los de cooperativas y la autopromoción, que se reducen a mínimos, especialmente entre los años 2013 y 2016; si bien, resulta muy significativo el crecimiento del régimen de cooperativa experimentado en el año 2019, que alcanzó el 7,5% del total.

QUÉ ES LA 'VIVIENDA VACÍA'

Entre otras novedades, la ley abordará la definición de conceptos como el de gran tenedor o el de vivienda vacía, con el objetivo de empujar a los propietarios a poner sus inmuebles en el circuito del alquiler.

Actualmente no existe en España una calificación única de lo que se considera vivienda vacía, por lo que resulta imposible cuantificar el número de inmuebles en esa situación. De esta manera, el Ejecutivo pretende resolver un doble problema: subsanar la ausencia de significado y elevar la oferta disponible.

NUEVO BOLETÍN ESPECIAL SOBRE VIVIENDA SOCIAL

Este anuncio se ha realizado en el acto de presentación, celebrado hoy en la sede del Ministerio, del nuevo Boletín Especial sobre Vivienda Social del Observatorio de Vivienda y Suelo, cuyos datos ofrecen la información más relevante de que se dispone actualmente en la materia y en el que se pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas en favor de la vivienda social, entendida como aquella vivienda en régimen de alquiler de precio limitado de titularidad pública o de entidades especializadas del tercer sector, dirigida a personas y hogares con dificultades de acceso a una vivienda en el mercado.

La vivienda social constituye un instrumento de política de vivienda escasamente desarrollado en España, en contraste con los principales países europeos, al haber estado centrada la producción de vivienda protegida en nuestro país en las promociones destinadas a la venta.

Por su parte, el nuevo "Boletín Especial Vivienda Social 2020" recoge información aportada por las distintas CCAA y principales ayuntamientos, así como datos del Ministerio de Hacienda, de la oficina estadística europea Eurostat, entre otras fuentes de información, para dar a conocer la situación de la vivienda social en nuestro país.

El nuevo Boletín se estructura en tres capítulos:

"La actividad de la vivienda protegida en España (1981-2019)", recoge datos sobre la evolución de la promoción de vivienda protegida sobre el total de vivienda construida, sus cifras en relación con la población y los hogares, así como los diferentes regímenes de tenencia a los que se ha destinado y los tipos de promotor.

"El parque de vivienda social", hace un balance de la situación en España en comparación con el resto de países de la Unión Europea y analiza el parque de vivienda social disponible, en base a la información facilitada al Departamento por CCAA y ayuntamientos.

"La inversión en políticas de vivienda", estudia su evolución a escala europea, así como a nivel estatal, presentando las cuantías presupuestarias destinadas a políticas públicas de vivienda a nivel autonómico y municipal.

Datos que ofrece el nuevo Boletín

Entre los datos más significativos del Boletín Especial se encuentra la estimación del parque de vivienda social de titularidad pública existente en nuestro país, que está situado en el entorno de las 290.000 viviendas sociales. De ellas, 180.000 son de titularidad de las CCAA y otras 110.000 viviendas son de titularidad municipal.

Se trata de una cifra que contrasta con los más de 2,3 millones de viviendas protegidas construidas en el periodo 1981-2019, como consecuencia de que tales viviendas protegidas han sido destinadas de manera mayoritaria a la venta, teniendo muy escaso peso la promoción de vivienda pública destinada al alquiler.

En lo que tiene que ver con la inversión en políticas de vivienda, se señala que el gasto en promoción de vivienda y fomento de la edificación se situó en España en 0,22% respecto al PIB, lo que supone estar cerca del conjunto de la UE, situada en 0,25%. No obstante, este gasto se ha destinado a promover vivienda pública con diversas formas de tenencia: compraventa, alquiler o alquiler con opción a compra, pero no solo al alquiler social o asequible, como ha ocurrido mayoritariamente en un gran número de los países de la UE.

Finalmente, el Boletín Especial recoge datos desagregados por CCAA y Ayuntamientos de la inversión presupuestaria destinada a políticas de vivienda, que alcanzó en 2019 los 2.297,4 millones de euros, superando así la media anual del conjunto del periodo 2010-2019, situada en 1.933,9 millones de euros.