| La parcela
permitirá la construcción de más de 600 viviendas,
el 30% con algún tipo de protección oficial, además
de edificios para uso terciario, dotaciones e incluso un equipamiento para
la salud, es decir, un posible hospital público, tal y como llevan
demandando desde hace una década los vecinos de Carabanchel.
Para poder
sacar adelante este desarrollo, la Administración General del Estado,
la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la
Seguridad del Estado (Siepse) y Pryconsa han retomado la iniciativa para
la gestión urbanística del Área de Planeamiento Remitido
(APR) de la cárcel de Carabanchel.
Según
informa El Confidencial, la Comisión de Desarrollo Urbano y de Obras
y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid aprobará esta semana
la gestión urbanística de esta APR, de modo que el 29 de
septiembre pasaría al pleno del Ayuntamiento.
Este ámbito
lleva paralizado más de una década, ya que en 2009, el Ayuntamiento
de Madrid —Alberto Ruiz-Gallardón— y el Ministerio de Interior —Alfredo
Pérez Rubalcaba— firmaron un convenio para su desarrollo. No obstante,
el convenio que fue modificado en 2015 por ambas partes —con Jorge Fernández
Díaz al frente de la cartera de Interior y Ana Botella como alcaldesa
de Madrid—.
Este convenio
recogía cómo debía ordenarse dicho ámbito:
la superficie que debía destinarse a uso residencial, terciario
o equipamiento público. Y dicho convenio fue ratificado por el pleno
del Ayuntamiento de Madrid en abril de 2015. Desde entonces, y con el cambio
de Gobierno municipal, el proyecto quedó parado.
Ahora, cinco
años después, el ayuntamiento de Madrid junto con Pryconsa
y el el Siepse impulsarán el desarrollo con una superficie total
de algo más de 170.000 metros cuadrados —unos 17 campos de fútbol—
y una edificabilidad de 88.000 metros cuadrados para residencial y terciario.
«Existe
el compromiso de destinar como mínimo un 30% de la edificabilidad
residencial a la construcción de vivienda de protección pública«,
recoge en su web Siepse, propietaria de la mayoría del suelo del
ámbito junto con el Estado —que mantiene el Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE) y la comisaría de policía— y Pryconsa.
Para poder
sacar adelante este desarrollo, la Administración General del Estado,
la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la
Seguridad del Estado (Siepse) y Pryconsa han retomado la iniciativa para
la gestión urbanística del Área de Planeamiento Remitido
(APR) de la cárcel de Carabanchel.
Sobre los terrenos,
se podrían construir más de 600 viviendas, el 30% de protección
oficial, así como un hospital público y dotaciones para el
barrio
"Existe el
compromiso de destinar como mínimo un 30% de la edificabilidad residencial
a la construcción de vivienda de protección pública",
recoge en su web Siepse, propietaria de la mayoría del suelo del
ámbito —urbano no consolidado— junto con el Estado —que mantiene
el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la comisaría de
policía— y Pryconsa.
La parcela
principal cuenta con una superficie de 162.524 metros cuadrados y es propiedad
de la Dirección General de Patrimonio del Estado y de Siepse, propietaria
también de una segunda parcela de 1.521 metros cuadrados, mientras
que la tercera parcela, de 8.222 metros cuadrados, pertenece a la empresa
Pryconsa -apenas un 5% del suelo del ámbito-, que recibirá
del Estado una parcela resultante, completamente urbanizada, de 3.123 metros
cuadrados, con una edificabilidad máxima de 5.281 metros cuadrados
donde podrá levantar unas 40 viviendas.
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