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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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7 de julio de 2020
 
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BUILD RO RENT SOCIAL. DERECHO DE SUPERFICIE A 8O AÑOS PARA VIVIENDA SOCIAL. (Noticia en ampliación)
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • Aprobado decreto de derecho de superficie o concesión demanial, que afecta al uso y servicios públicos, destinado la promoción de vivienda en exclusiva para alquiler asequible.
  • Uso de suelo público a promotores privados durante 80 años para que estos construyan viviendas y las arrienden a precios asequibles
  • Se aumenta en 30 años el plazo ordinario y se permite que el acuerdo que regule la cesión del suelo “no se contemple el abono de canon o precio”. 
  • Los inversores recelan de que se les limite el precio de los alquileres mediante la  estadística oficial de precios de alquileres, aplazada en dos ocasiones anteriormente. Esta herramienta debía servir para limitar las rentas y genera inseguridad a los inversores.
Aprobado en Consejo de Ministros un decreto de cesión de suelo público para la construcción de viviendas destinadas a alquiler social por parte del sector privado. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, que ha explicado que la mayoría de los suelos públicos disponibles se podrán ofertar a través de la Entidad Pública Empresarial de suelo (Sepes) y se tratará de concesiones de hasta 80 años, "en función de las necesidades de vivienda y ubicación". Se prevé una inversión de 2.000 millones de euros en los próximos dos años que podrían generar 221.000 nuevos empleos y contará con la colaboración del sector privado que será el encargado de la construcción y gestión de esos pisos. El procedimiento para adjudicar dichos suelos será el de la licitación pública y el canon a pagar por las empresas privadas que resulten adjudicatarias "podrá llegar a ser cero", ha avanzado Ábalos, un escollo que tal y como ha explicado el ministro, ha impedido la aprobación hasta ahora dicho decreto. "El canon por el derecho de uso de superficie dependerá de los precios, de lo que se construya, pero podría darse el caso incluso de que las constructoras no tengan que pagar ningún canon", ha dicho. Se trata de una cesión de derechos de superficie sobre suelos pertenecientes a la Administración General de Estado, y al acuerdo con otras administraciones públicas para la construcción de esas viviendas, o concesión demanial con una duración de hasta 80 años, más de los 50 previstos en los primeros pliegos sobre la colaboración público-privada. El objetivo", según Ábalos, "es dinamizar la economía, generar expectativas al sector inversor e ir generando un parque de vivienda pública que actualmente no tenemos y que incluso ha ido a menos por determinadas políticas", ha dicho tras recordar que en España apenas un 2,5% del parque de viviendas en alquiler es público, frente a porcentajes más elevados en Europa. Se trata de suelos públicos disponibles se podrán ofertar a través de la Entidad Pública Empresarial de suelo (Sepes) gestionados mediante la cesión de derechos de superficie sobre suelos pertenecientes a la Administración General de Estado, y al acuerdo con otras administraciones públicas para la construcción de esas viviendas, o concesión demanial con una duración de 80 años, más de los 50 previstos en los primeros pliegos sobre la colaboración público-privada.

Medidas en el ámbito de la vivienda

El Real Decreto-ley aprobado recoge, además, un conjunto de medidas económicas y sociales en el ámbito de la vivienda que permiten garantizar la protección de las familias y colectivos vulnerables e impulsar la reactivación de la economía en el citado sector, como complemento de otras medidas adoptadas hasta la fecha.

En este sentido, se da un primer paso en la regulación del derecho de superficie para la promoción de viviendas destinadas a alquiler asequible por parte de promotoras privadas, para impulsar la regeneración del territorio y la rehabilitación urbana como palancas de la recuperación económica y la creación de empleo.

Así, con el objeto de optimizar la eficiencia de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que actualmente obran en poder de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se flexibilizan las condiciones, incrementando de forma efectiva la inversión en 2020 y 2021 y permitiendo a estas administraciones territoriales redirigir la financiación y las ayudas donde sea más necesario.

Asimismo, con el objetivo de incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler asequible o social para personas especialmente afectadas por la crisis, se pretende dotar a las Administraciones Públicas de instrumentos jurídicos que permitan una colaboración efectiva en los distintos ámbitos de su actuación, ya sea estatal, autonómico o local, así como mecanismos adecuados para articular la cooperación con operadores económicos.


 
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