Sobre este punto, Lucas comentó que “el ministro [José Luis Ábalos] ha anunciado que vamos a tener un sistema de precios de referencia, que nos va permitir conocer la evolución de los precios de alquiler de los últimos años, así como las áreas más tensionadas. Queremos definir cuáles son estas áreas, su temporalidad, así como su estructuración y limitaciones. Soy consciente de que no es la solución definitiva, pero tenemos que tomar medidas porque hay jóvenes y familias que dedican más del 50% de sus rentas al alquiler. Es necesario corregir los desequilibrios mientras aumentamos la oferta de vivienda pública”.

Lucas adelantó también otra iniciativa ministerial: “El plan 20.000, para impulsar este número de vivienda públicas en régimen de alquiler a precios accesibles en las zonas más tensionadas del país. Sabemos que no son demasiadas, pero es el inicio de un proyecto, en coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos, para disponer de más suelo y, en el futuro, aumentar el número de vivienda pública”. A su juicio, “la colaboración público-privada es fundamental para solventar entre todos el problema de la vivienda”, así como una “interlocución” permanente entre todos los actores implicados, y una adecuada “financiación”. “Se han ido corrigiendo algunos desajustes y vamos a actuar en esa línea, y en relacionarnos con la agenda urbana y con la agenda 2030, que tienen una gran importancia para el Gobierno para resolver los problemas estructurales de nuestras ciudades, y mejorar la calidad de vida y hacer efectiva la lucha contra la pobreza”, concluyó Parrón.

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica y ex ministra de Vivienda, sostuvo que la crisis ha supuesto un “cambio radical” en todos los modelos de vida, y vaticinó: “Ya no vamos a tener una generación de jóvenes que trabaje para afrontar una hipoteca, si no que van a necesitar una renta mínima para sobrevivir”. Corredor afirmó que “nos estamos olvidando que esta crisis supone un cambio disruptivo, condicionado por la tecnología, lo sostenible, la globalización y todas las novedades que han entrado en el panorama social en un periodo de tiempo muy breve, y el sector inmobiliario no lo está entendiendo bien”.

Según la ex ministra, “el patrimonio de la ciudad está totalmente abandonado, y en los próximos 25 años las ciudades van a cambiar más que en los últimos 200, y si no tomamos medidas sobre movilidad, gestión, nuevas tecnologías y digitalización, vamos a tener una sociedad invivible, y lo pagarán las generaciones futuras”.

“El fraude de la vivienda protegida ha sido tremendo, con gran falta de control por parte de las comunidades autónomas, y tengo la sensación de que no se ha aprendido la lección. Es urgente mejorar la seguridad jurídica en lo que se refiere a arrendamientos urbanos. También es necesario un sector patrimonialista comprometido, préstamos y financiación privada, así como y sociedades sin ánimo de lucro para la gestión de vivienda social”, dijo Corredor.

Corredor ha pedido un cambio de paradigma radical al sector para que apueste por liderar el cambio que afronta la sociedad. Cambios en el modelo de ciudad, cambios en el estilo de vida de las personas, mayor accesibilidad y cambios tecnológicos, sin olvidar los problemas derivados del cambio climático. “Si no se implementa una política de vivienda social masiva, en 25 años tendremos una sociedad excluida, dramática y en la ley de la selva, con millones de personas excluidas y una elevada población marginada”.

“Cada vez más gente, sobre todo los menores de 30 años, no puede acceder a una vivienda digna, solo por sus medios. Los padres, y abuelos jubilados han sido la red social que ha reducido los efectos de la crisis, que no hayan ido a más”.

El sector financiero y promotor debe cambiar las formas de financiación y apostar por créditos verdes y nuevos créditos enfocados en la rehabilitación de edificios. Nuevas formas de financiación para que las comunidades de vecinos, con cada hogar con un salario diferente, pueda asumir la mejora total y efectiva de su vivienda.

“Los préstamos actuales necesitan nuevas modelos de préstamos adaptados a lo tipos de demanda de convivencia que existe como préstamos verdes, pero no saben cómo instrumentalizarlo y garantizar los créditos. El sector tiene que innovar en lo que no está inventado, en eficiencia energética, etc”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, aclaró que el derecho a una vivienda digna está “recogido” en la Constitución. Sin embargo, especialmente los jóvenes tienen serias “dificultades” para acceder, ya que los alquileres son muy elevados. “En Cataluña ya están tomando medidas para paliar el problema, mientras que en Madrid aún no todavía hay decisiones en este sentido”. Garrido recordó asimismo que la Agenda 2030 contempla la “vivienda y las ciudades sostenibles” como uno de sus ejes fundamentales, enfocado a “reducir la desigualdad”.

Lluís Comerón Graupera, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España: “La Agenda 2030 es un magnifico instrumento para alinear estrategias en beneficio colectivo, pero todos somos conscientes de que tenemos que tener una visión más ambiciosa. El problema está en los precios, es la gran barrera que acucia a los españoles, y es un síntoma, no es la enfermedad. Los precios afectan a la calidad de vida y a los proyectos vitales de los ciudadanos. Existen acciones inmediatas de corrección de síntomas, pero lo importantes es que las medidas sean a largo plazo para no estar siempre corrigiendo el problema”.

También participaron Ángel Bergés Lobera, vicepresidente de AFI y representante de España en la European Banking Authority; Carolina Roca Castillo, directora general en el Grupo Inmobiliario Roca y vicepresidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid; Julio Rodríguez López, doctor en Ciencias Económicas, estadístico facultativo y miembro de Economistas Frente a la Crisis; José Luis Alfaro González, coordinador del Área de Ciudad Sostenible de Rivas Vaciamadrid; Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España; Jordi Bosch Meda, doctor en Arquitectura y colaborador docente de la UPC y de la UPF; y Mario José Yoldi Domínguez, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del País Vasco. La moderación corrió a cargo de Ángela Baldellou Plaza, coordinadora general del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.

 “El problema es el precio, la gran barrera de acceso a la vivienda. La querencia en el país es hacia la propiedad, pero las dificultades para acceder a la financiación empujan, sobre todo a los jóvenes, hacia el mercado del alquiler. Lo que ha supuesto un desequilibrio entre la demanda y la oferta de alquiler”, según Ángel Bergés, vicepresidente de AFI y representante de España en la European Banking Authority. “Y todo esto pese a que la vivienda en alquiler se ha duplicado en pocos años, de un millón a más de tres millones de casas en alquiler, y el peso de las viviendas de alquiler ha pasado del 11% a casi el 18% del parque estatal”.

El experto pone sus peros al control de los precios del alquiler. “Cuidado con controlar los precios, porque el mercado está dominado por los propietarios individuales, no por una mayoría de empresas, como en Alemania. El 80% de los activos de las familias son inmobiliarios, y más del 95% de las familias donde vive un jubilado tienen una vivienda, incluso una segunda vivienda. Las políticas laxas de tipos de interés que se han aplicado en los últimos años han inflado los precios de la vivienda, sobre todo del alquiler”, ha concretado.

Con un incremento de los precios del 32% entre 2014 y 2019, una subida de los alquileres del 42%, mientras la subida de los salarios en este periodo ha sido entre el 5%-6%, la tasa de esfuerzo para las familias es enorme, sobre todo para los arrendatarios.

“El principal responsable del auge de los precios del alquiler en España ha sido la disolución progresiva de las antiguas Viviendas de Protección Oficial (VPO) y su escasa reposición”, ha afirmado Julio Rodríguez, doctor en Ciencias Económicas, estadístico facultativo y miembro de Economistas Frente a la Crisis. “No es normal que no exista un parque público de alquiler”

Rodríguez ha destacado que desde hace 60 años se ha levantado en España más de siete millones de viviendas con algún régimen de protección, y que por la falta de control de las administraciones mucha gente ha vendido estas casas protegidas a precio de mercado, después de adquirirlas a precios más bajos, y vendiéndolas a personas que no necesitaban este tipo de viviendas protegida.

“La descentralización ha llegado demasiado lejos. Con la vivienda VPO, la clase media pudo acceder a una propiedad. Pero ahora, esa clase media se ha quedado fuera, que casi no puede acceder ni al mercado del alquiler que no sea protegido, asequible o social”, añade el experto

Para Carolina Roca, directora general en el Grupo Inmobiliario Roca y vicepresidenta de Asprima ese "mantra de intervenir el mercado libre ante la falta de vivienda no es lo lógico. Se puede intervenir el precio del mercado protegido. El problema pasa porque la política de vivienda pública ha desaparecido en los últimos años. Hasta el estallido de la crisis se cumplía el objetivo de levantar 75.000 VPO al año, dedicada en su mayoría a la propiedad, pero eso ha desaparecido y ha provocado la falta de vivienda social, y de acceso a muchas personas”.

Roca ha tratado de enfatizar que el 85% de la vivienda social la ha promovido lo privado, y que actualmente hay que mejorar que capacidad de gestión de las administraciones, y acabar con su encorsetamiento para ofrecer nuevos modelos de colaboración público-privados mirando hacia el alquiler.

“Las políticas de vivienda no tienen financiación pública, es muy escasa. Pero si el promotor privado no consigue rentabilidad, no va a entrar en hacer vivienda pública de alquiler, si no viene un fondo que le compra las casas que va a levantar para que ellos gestionen los pisos de alquiler”, ha puesto de ejemplo la experta, que ha pedido agilidad a las administraciones para cambiar las tipologías de vivienda que se levanten para alquiler, diferente al de la propiedad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En otra jornada del sector, el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín Ramiro ha comentado la limitación de rentas de alquiler y ha reconocido que no se trata de la medida ideal y que, además, puede generar desequilibrios.

Ramiro ha reconocido que limitar los precios es “un fracaso de la Administración” y “no es la única solución ni la ideal”. Durante su intervención en el encuentro informativo “Las cooperativas como elemento dinamizador del acceso a la vivienda”, organizado por “Lamadredelascooperativas” (Lacoop), en colaboración con Europa Press, el director general de Vivienda ha asegurado que hay que dar herramientas para que las administraciones competentes “sean capaces de utilizarlas en la medida en que consideren”, algo que cree que es responsabilidad de estas administraciones.

En un intento de tranquilizar al sector inmobiliario, que se ha mostrado claramente en contra de cualquier regulación, también ha afirmado que en los modelos de regulación de precios lo que se tiene es una referencia a un precio de mercado y ha asegurado que los agentes que quieran entrar en el mercado y tener un beneficio sostenido en el tiempo “no van a encontrar ninguna pega en este modelo”.