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Esta Ley supondrá un cambio de modelo, ya que establece obligaciones tanto para el ámbito privado como público y, al mismo tiempo, fija objetivos a corto plazo para las administraciones, así como pautas concretas para todos los sectores de Canarias, en sintonía con la normativa europea de acción climática.

La aprobación del anteproyecto de Ley por parte del Consejo de Gobierno es el primer paso que de un proceso que continúa ahora con el periodo de exposición pública durante 45 días y que se comunicará en próximas fechas en el Boletín Oficial de Canarias.

El propósito del Ejecutivo es repetir el éxito del anterior procedimiento participativo, que acumuló hasta 170 aportaciones, y convertirla en la Ley más participativa que se ha impulsado en el Archipiélago. Para ello, y de manera paralela, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, está realizando reuniones y consultas a empresas y colectivos interesados y tiene en marcha una encuesta sobre cambio climático que servirá como refuerzo de este texto normativo.

El horizonte marcado por la Consejería es que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias sea aprobada por el Consejo de Gobierno como proyecto de Ley en la primera mitad del 2021 y, a partir de ese momento, inicie su tramitación parlamentaria.

Este texto normativo se complementará con otros instrumentos como la Estrategia de Cambio Climático de Canarias, el Plan de Transición Energética de Canarias y el Plan de Acción de Cambio Climático, que ya se encuentran en fase de elaboración. Estas herramientas permitirán que Canarias se alinee con las políticas climáticas europeas y estatales.

La futura Ley tiene como finalidad el desarrollo e implementación del conjunto de medidas que garanticen un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas, con la reducción progresiva de la utilización y el consumo de combustibles fósiles y el establecimiento de un modelo energético basado en la gestión de la demanda y en las energías renovables.

Asimismo, sienta las bases para actuaciones en materia de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, mediante la reducción de la vulnerabilidad de las personas y sus bienes, los recursos naturales, las infraestructuras, los servicios públicos y los ecosistemas terrestres, costeros y marinos.

También se persigue el fomento de la resiliencia de los sectores sociales y económicos frente a los efectos del cambio climático, así como la promoción de la educación, la formación, la innovación, la investigación, el desarrollo, la competitividad y la transferencia tecnológica en estas materias.

Otros objetivos prioritarios marcados por esta Ley son la integración de la salud pública en las políticas de acción climática, como mecanismo para la prevención y gestión de riesgos, o la promoción de las políticas de transición ecológica, cohesión social y acción climática, a nivel de las regiones ultraperiféricas y otros territorios.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias también contempla medidas específicas para ámbitos como el de las administraciones públicas, turismo, transporte, agricultura, ganadería, pesca, sanidad, urbanismo, arquitectura, industria, hostelería o seguridad.

El texto normativo también contempla la creación de órganos de gestión y de coordinación que garanticen el desarrollo de su articulado, como es el caso de la Agencia de Cambio Climático, que prestará apoyo directo a las administraciones locales y las distintas entidades privadas que lo necesiten.

 
ANTECEDENTES 25 de abril de 2020
 
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LA FUTURA LEY DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE CANARIAS REFORMARÁ LA LEY DEL SUELO
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
• Esta norma servirá para señalar por dónde se tienen que modificar otras leyes, es decir, señalará que se debe modificar en la Ley del Suelo.
El consejero del área, José Antonio Valbuena, advirtió recientemente en el Parlamento canario que la ley de cambio climático que se prevé aprobar en esta legislatura obliga a modificar otras 25 normas subsidiarias del Archipiélago por el alcance de un cambio en el clima mundial con consecuencias enormes y variopintas, desde las migraciones a nuevos panoramas laborales, sociales y geográficos. Esta será la ley más importante que se va a tener en Canarias, porque puede modificar 25 normas sectoriales que actualmente hay en Canarias. Por lo que va a tener efecto en sanidad, educación, industria, comercio y en turismo, porque tenemos que cambiar nuestros hábitos, mentalidad y conceptos a todos los niveles. Va a ser una ley que va a diseñar cual será la estructura administrativa, teniendo que dotarnos de nuevos instrumentos que actualmente no tenemos, como es la Agencia Canaria de Cambio Climático. Esta norma servirá para señalar por dónde se tienen que modificar otras leyes, es decir, señalará que se debe modificar en la Ley del Suelo. Habrá algunas disposiciones adicionales sobre medidas que hay que tomar sobre la marcha, por ejemplo, recogida selectiva obligada a todos los niveles, temas relacionados con el plástico de un solo uso y temas relacionados con la gestión de determinadas normativas ambientales. También va a tener una parte sancionadora importante, se van a establecer obligaciones de obligado cumplimiento a todos los niveles, para administraciones locales, empresas y particulares. A esto va a ir aparejado un título de sanciones importantes para aquellas personas que no cumplan con esas obligaciones.  
 
 
ANTECEDENTES 25 de noviembre de 2019
 
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REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos?
• La guía práctica inmoley.com de Urbanismo de Canarias.
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
• La consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha elaborado un anteproyecto de la ley del suelo de Canarias que incluye la urgencia medioambiental y recuperar competencias urbanísticas perdidas con la actual Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
• La Ley 4/2017 modificó el proceso de aprobación de los planes generales, antes dirigido por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), y lo pasó a los ayuntamientos, que también asumían la responsabilidad de la evaluación ambiental de los planes. 
• Actualmente hay ayuntamientos con dificultades para realizar la evaluación ambiental por lo que el anteproyecto recupera competencias a favor de la Administración autonómica para reforzar su papel en la ordenación del territorio ante la evidencia de que en este periodo no se han aprobado nuevos planes y que los ayuntamientos tienen muchas dificultades para sacar adelante las evaluaciones ambientales.
• Esta recuperación de competencias urbanísticas choca con los cabildos y ayuntamientos canarias que no quieren que se vuelva a centralizas en el gobierno autonómico la tramitación y aprobación de los planes urbanísticos.
De momento la Consejería está trabajando en una la nueva ley del cambio climático que seguramente conllevará una reforma de la ley del suelo para que los planes urbanísticos tengan que prever una evaluación en cada municipio de las emisiones de gases de efecto invernadero en la ordenación urbanística, así como fijar los suelos urbanos neutros en emisiones.  Otro cambio afectará a las grandes infraestructuras que se han previsto pero no se han ejecutado, ya que según el nuevo gobierno, la ley del suelo de Canarias (Ley 4/2017) prioriza lo sectorial sobre la ordenación del territorio, lo que quiebra el urbanismo y la planificación territorial para permitir infraestructuras. A la ley del Suelo de Canarias se le añadirá el calificativo de “Ley del Territorio” como término más amplio que incluye también el mar y el aire y no solo el suelo, una denominación que figuraba ya desde la primera ley de Ordenación del Territorio de 1999 y que se mantuvo vigente hasta 2017. Durante los dos años de vigencia de la ley del suelo de Canarias (Ley 4/2017) no ha sido aprobado ningún plan general municipal en este tiempo y los trámites se han ralentizado por problemas de interpretación. Hay ejemplos como el Plan Insular de Lanzarote, que data de 1991, el plan general de San Bartolomé de Tirajana, que es el de 1996 o Mogán, aún con normas subsidiarias, que demuestran que la actual ley sigue sin resolver los principales problemas. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) desapareció con la entrada en vigor la ley del suelo de Canarias (Ley 4/2017). Antes de esta norma, los planes se enviaban directamente al Cotmac y ahora el pleno municipal es el único que puede enviar un planeamiento a ese órgano. Con lo cual existe un trámite más porque es necesario primero tramitar un expediente para el pleno y pedir autorización; después el órgano ambiental propio emite un informe que hay que llevar de nuevo a pleno y, cuando pasan los 45 días de exposición pública, se lleva al pleno de nuevo. Esto supone pasar tres veces por el pleno, lo que antes se enviaba directamente a la Cotmac.
 
 
De momento la Consejería está trabajando en una la nueva ley del cambio climático que seguramente conllevará una reforma de la ley del suelo para que los planes urbanísticos tengan que prever una evaluación en cada municipio de las emisiones de gases de efecto invernadero en la ordenación urbanística, así como fijar los suelos urbanos neutros en emisiones. 
Otro cambio afectará a las grandes infraestructuras que se han previsto pero no se han ejecutado, ya que según el nuevo gobierno, la ley del suelo de Canarias (Ley 4/2017) prioriza lo sectorial sobre la ordenación del territorio, lo que quiebra el urbanismo y la planificación territorial para permitir infraestructuras. A la ley del Suelo de Canarias se le añadirá el calificativo de “Ley del Territorio” como término más amplio que incluye también el mar y el aire y no solo el suelo, una denominación que figuraba ya desde la primera ley de Ordenación del Territorio de 1999 y que se mantuvo vigente hasta 2017.
Durante los dos años de vigencia de la ley del suelo de Canarias (Ley 4/2017) no ha sido aprobado ningún plan general municipal en este tiempo y los trámites se han ralentizado por problemas de interpretación. Hay ejemplos como el Plan Insular de Lanzarote, que data de 1991, el plan general de San Bartolomé de Tirajana, que es el de 1996 o Mogán, aún con normas subsidiarias, que demuestran que la actual ley sigue sin resolver los principales problemas. 
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) desapareció con la entrada en vigor la ley del suelo de Canarias (Ley 4/2017). Antes de esta norma, los planes se enviaban directamente al Cotmac y ahora el pleno municipal es el único que puede enviar un planeamiento a ese órgano. Con lo cual existe un trámite más porque es necesario primero tramitar un expediente para el pleno y pedir autorización; después el órgano ambiental propio emite un informe que hay que llevar de nuevo a pleno y, cuando pasan los 45 días de exposición pública, se lleva al pleno de nuevo. Esto supone pasar tres veces por el pleno, lo que antes se enviaba directamente a la Cotmac.
El nuevo gobierno quiere una ley del suelo con menos supuestos y que si hay una construcción en suelo agrícola tenga que estar vinculada a esa actividad, ya que podría entenderse que es posible construir en el campo cualquier centro que desarrolle una actividad “que esté vinculada a los ingresos del agricultor”, con lo cual se podría edificar en plena zona rural un colegio privado o un hospital, por ejemplo. Esto debe matizarse.
Con la actual ley desapareció la figura de las calificaciones territoriales y todo lo que se opere en el suelo rústico queda en manos de los ayuntamientos. Se trata de uno de los puntos donde mayor cantidad de dudas se produce ya que hay ayuntamientos que no tienen suficiente personal para hacerle frente. 
Pero la gran crítica de la ley del suelo de Canarias (Ley 4/2017) es la falta de jerarquización, ya que un plan general de ordenación urbana puede contradecir el Plan Insular de Ordenación del Territorio generando inseguridad jurídica. 
Otro defecto es que el ayuntamiento puede desestimar la pretensión de un promotor por considerarla dañina para la ciudad o que no le conviene, pero este puede acudir al Gobierno autonómico y amparándose en las excepcionalidades declararlo de interés general. Del mismo modo, un gobierno municipal puede considerar que ese proyecto no le interesa y cambiar de gobierno y entender que sí es de interés general.
Por otro lado, la ralentización en los planes urbanísticos considera que también tiene como consecuencia la parálisis en uno de los principales problemas de Canarias, la vivienda.