| Siempre que
se desborda un río, los damnificados reclamaron los daños
sufridos, imputando a la Confederación Hidrográfica correspondiente
la responsabilidad de determinadas actuaciones durante la gestión
de la situación extraordinaria. Por ejemplo, por una deficiente
construcción de obras públicas, carreteras que producen
un efecto barrera, con drenaje transversal insuficiente, que provocan la
inundación de terrenos colindantes, deficiente mantenimiento de
las obras hidráulicas existentes. El problema es que la normativa
de aguas no es clara sobre las obligaciones de prevención de las
inundaciones de los Organismos de cuenca. Ello da lugar a incertidumbres
y dificultades de gestión. Los Planes de Gestión del Riesgo
de Inundación no tienen naturaleza normativa y sería necesario
incorporarlos a los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas,
que sí que son vinculantes para la Administración Pública.
Los ayuntamientos
ya han empezado a hace auditorías urbanísticas y a tomar
medidas técnicas.
En Madrid,
en Arganda del Rey, desde el Ayuntamiento aseguran a Efe que han asumido
que deberán tomar medidas para evitar que se repitan las inundaciones,
por lo que están estudiando las propuestas trasladadas por el Canal
de Isabel II, especialmente la creación de un gran colector -de
1,5 metros de diámetro y una longitud de 2,5 kilómetros-
que permitiría mejorar la capacidad hidráulica de la localidad.
En Perales
de Tajuña el Ayuntamiento también es consciente de que, por
su orografía natural, "medio pueblo está en riesgo de inundación"
porque el núcleo histórico está en una zona "inundable"
y atravesada por el arroyo de La Vega, que previsiblemente se desbordaría
si se registrasen en la localidad tormentas fuertes.
Para poner
fin a esta situación de peligrosidad, que existe "desde tiempos
inmemorables", el Consistorio ha incluido en el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) que está elaborando actualmente la propuesta de una
construcción para el encauzamiento de las avenidas extraordinarias
de agua.
La Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de
Madrid ha asegurado a Efe que ya no se construye en zonas inundables, y
que las viviendas e instalaciones que pueda haber en ese tipo de territorios
datan de tiempos anteriores a la normativa que impide su construcción.
Evidentemente,
el que haya construcciones antiguas no exime a las administraciones de
su obligación de corregir las consecuencias que provocan, por ejemplo,
el riesgo de inundaciones.
Por otro parte,
Ecologistas denuncia que, a día de hoy, son "muchos" los proyectos
que se encuentran bajo tramitación en zonas inundables, como el
colegio de la finca Vadelospiés en Manzanares el Real o el centro
ferial Isla del Colegio en Alcalá de Henares.
NO SE RESPETAN
LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD
Antes de abordar
la ordenación del territorio de una zona determinada –ya sea para
uso industrial, agrícola o residencial–, hay que cotejarlo con un
mapa de riesgos.
Los mapas de
peligrosidad ya advertían del riesgo de inundación en localidades
como las de La Vega Baja y Ontinyent, en la Vall d'Albaida, especialmente
afectadas por el agua.
Según
los datos de las confederaciones hidrográficas, casi 300 municipios
valencianos –más de la mitad de la comunidad autónoma– tienen
riesgo de inundación. El Plan de Acción Territorial de Riesgo
de Inundación (Patricova) delimita las zonas inundables y los niveles
de peligro en base a diversos estudios que tienen en cuenta las cuencas
de los ríos, la extensión del terreno, la cartografía
y los datos históricos.
Estos planes
terminan por conformar unos mapas de riesgo y dibujan aquellas zonas con
especial peligro. Con los datos disponibles en la web del Instituto Cartográfico
Valenciano, ya se advierte el riesgo para las poblaciones de la Vega Baja
y otras tantas localidades de ver sus calles inundadas.
Ecologistas
califica de "dejación" la actitud con que el Ministerio para la
Transición Ecológica (Miteco) ha afrontado esta situación,
en tanto que los cauces dependen de las confederaciones hidrográficas.
Denuncia que el organismo no ha garantizado que se cumpla la regulación,
pero insiste en que "la culpa no sólo es del Miteco, sino también
de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos", a quienes
acusa de pensar en el corto plazo y de no tomar medidas (como la demolición
de las viviendas construidas sobre los cauces) por ser impopulares.
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