Preguntada sobre la dilatada tramitación a la que puede obligar la fórmula de un plan parcial, tanto Salvador como el secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Lluís Ferrando, explicaron que las reformas legislativas urbanísticas precisamente persiguen agilizar este tipo de trámites.

Aunque Salvador recordó que la anterior tramitación de Puerto Mediterráneo se hizo mediante la figura de la actuación territorial estratégica (ATE) -prevista en la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) impulsada por Isabel Bonig en 2012- y que se suponía era una tramitación exprés (un año). «A pesar que de que existía un gobierno monocolor de mayoría absoluta del PP y no uno de mestizaje como ahora, fueron incapaces de aprobar la ATE de Puerto Mediterráneo entre 2012 y 2015». Y añadió que fueron «informes de, entre otros, el Ministerio de Fomento de Iñigo de la Serna del PP, los que decían que no cumplía la normativa en materia de accesos» por lo que «la Comisión de evaluación ambiental tumbó el proyecto y la resolución que firmó esta conselleria fue denegatoria».

Las ATE ahora ha sido sustituida en la reforma recién aprobada de la Lotup por los Proyectos de inversión económica sostenible (PIES). Una nueva figura en la que no tienen cabida proyectos como el de Intu Mediterráneo porque está destinada a «inversiones concretas en el ámbito logístico o industrial» en las que «el uso comercial o lúdico no puede ser mayoritario».