| Desde las
Juntas de Compensación, se considera que la propuesta es arbitraria
e inviable económicamente ya que el Ayuntamiento no ha valorado
el coste de las expropiaciones que tendrían que realizar las Administraciones
para obtener los suelos sobre los que están ejecutadas en
parte la M-45, la M-31, la R-3 y la M-50 y que fueron obtenidos gratuitamente
por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento, teniendo como condición
el respeto de la edificabilidad para los propietarios. Así mismo,
no se han valorado las indemnizaciones a abonar a los propietarios del
suelo, ni por los gastos incurridos que devendrían inútiles,
ni por la pérdida de la facultad de participar en actuaciones de
nueva urbanización.
Otro de los
puntos señalados es que el Avance propone un cambio radical del
modelo de la ciudad, por lo que la figura urbanística adecuada sería
la de Revisión del Plan General, y no unas Modificaciones Puntuales
como propone el Ayuntamiento. Además, las Juntas de Compensación
argumentan que si se aprobaran estas modificaciones se acabaría
con la seguridad jurídica del actual planeamiento, que se obtuvo
como consecuencia de las sentencias del Tribunal Supremo de septiembre
de 2016, abriendo el camino para nuevos procedimientos legales.
Por otro lado,
tampoco se ha valorado el impacto que tendría en las arcas públicas
la desclasificación de los suelos incluidos en el planteamiento
urbanístico vigente de la AOE-Cantiles del Manzanares (3.743.647
m2) y el Cerro de la Herradurra (1.123.222 m2) de los que buena parte son
de titularidad pública. Con el actual planeamiento, en estos suelos
no es posible edificación alguna y serían entregados al Ayuntamiento
regenerados, reforestados y completamente ejecutados como parques públicos,
sin coste alguno, para el disfrute de los madrileños. Si el Ayuntamiento
procediese a su desclasificación como pretende, supondría
que el Ayuntamiento debería indemnizar al conjunto de los propietarios,
los suelos seguirían en manos privadas, y no recibiría de
manera gratuita una amplia zona verde regenerada, reforestada, y ejecutada
en su totalidad.
Además,
las Juntas de Compensación consideran importante destacar que la
aprobación de esta modificación encarecería aún
más el precio de la vivienda en Madrid, tanto de alquiler como de
compra, al reducirse el número de las mismas y retrasarse considerablemente
su construcción. La reducción del número de viviendas
y el retraso en estos desarrollos afectaría especialmente a la vivienda
protegida ya que el sureste es el último gran reservorio de vivienda
protegida de la ciudad, pudiendo construirse más de 50.000 de este
tipo de viviendas que servirían para poner freno a la escalada de
precios que se está produciendo en la capital.
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