La pobreza energética, que se ha puesto de manifiesto especialmente a partir de la reciente crisis económica. Las primeras aproximaciones realizadas muestran que la mitad del parque edificado deja en un grado muy elevado de vulnerabilidad a la pobreza energética a los hogares a los que cobija. 

Siendo la pobreza energética un problema que se define a través de articular tres variables -nivel de renta del hogar, precios de la energía, eficiencia energética de la vivienda- no cabe duda de que la eficiencia energética de la vivienda es el factor más estable y el que puede, a largo plazo, disminuir de forma más económica el riesgo frente a la pobreza energética.

El mantenimiento de la calidad de los elementos constructivos e instalaciones de un parque cuya antigüedad empieza a ser relevante y cuya calidad de servicio puede estar a menudo en duda, tanto a causa del aumento de la exigencia social como de un mantenimiento deficiente. Una consideración de la calidad que además tiene reconocimiento legal en el deber de conservación que compete a los propietarios de las viviendas.

La accesibilidad -tanto urbana, como a las viviendas-, una verdadera urgencia en el marco de una población cada vez más envejecida y de mayor edad.

La adecuación de la vivienda a las necesidades de los nuevos hogares, donde el patrón familiar estándar sobre el que se ha construido el parque va perdiendo su tradicional preponderancia, y donde otras necesidades -como, por ejemplo y de nuevo, las necesidades de la gente mayor- reclaman la adecuación de las dimensiones y de los servicios que ofrece la vivienda.

Los procesos de segregación urbana, verdadero círculo vicioso que afecta a muchos entornos construidos y se retroalimenta del mal estado de las viviendas más antiguas o de peor calidad constructiva.

Los instrumentos de referencia, que sirven de base para apoyar las propuestas de este documento, son:

» Por lo que se refiere a la planificación municipal de la rehabilitación, y promoción de la misma en entornos urbanos con fragilidades organizativas:
– ayudas a la rehabilitación reembolsables, para determinados perfiles socio-económicos, garantizados con la inscripción acordada de la carga en el Registro de la Propiedad, como ha hecho Barcelona, o bien mediante créditos personales avalados por el Ayuntamiento, como ha hecho Pamplona
– Incremento de la escala de intervención y apoyo a la gestión, a través de la declaración del interés público de la rehabilitación e intervención pública en secciones censales completas, delimitando Áreas de Conservación y Rehabilitación Energética y de Accesibilidad, mecanismos equivalentes a los de la gestión urbanística por cooperación, como el caso de Santa Coloma de Gramenet.
» Por lo que se refiere a la planificación municipal de la rehabilitación, y promoción de la misma mediante subvenciones y apoyo a las comunidades con capacidad de organización:
– la planificación por sectores y acompañamiento social y administrativo a las comunidades de propietarios, como el caso de Zaragoza, con un proceso de gestión contrastado en los últimos años
– la delimitación de Áreas Preferentes para la Intervención de Rehabilitación Urbana (APIRUs), y todo el proceso de gestión seguido en 2016 para su implementación, que es el caso de Madrid (Plan Mad-Re),
– Incremento de la escala de intervención mediante Proyectos de Intervención Global que priman con subvenciones adicionales a las comunidades que deciden impulsar la rehabilitación conjuntamente, como el caso de Pamplona.
» Por lo que se refiere al establecimiento de marcos autonómicos de colaboración entre municipios:
– la implantación de plataformas de encuentro y de colaboración entre municipios en torno a la rehabilitación y regeneración urbanas, como la experiencia valenciana con la red RENHATA. 

SOLO SE REHABILITAN ENERGÉTICAMENTE CADA AÑO EL 10% DE LAS VIVIENDAS QUE DEBERÍAN HACERLO  

El Grupo de Trabajo por la Rehabilitación ha presentado en CONAMA su último informe dedicado, en esta ocasión a las ciudades.

Los municipios, pieza clave en un marco de cooperación institucional”, el informe alerta del grave desfase entre los compromisos de rehabilitación asumidos por España para luchar contra el cambio climático y la realidad de la actividad rehabilitadora en nuestro país. Cada año se deberían rehabilitar energéticamente 250.000 viviendas y apenas se llega a las 25.000.

Esta es solo una de las conclusiones de este trabajo redactado por Xavier Casanovas, Albert Cuchí, Jordi Mas Herrero y Juan Rubio del Vall y coordinado por Fundación CONAMA y Green Building Council España (GBCe). Además, GTR-Ciudades aporta soluciones y apunta seis propuestas para un modelo apoyado en estrategias y planes locales de rehabilitación y que tienen al municipio como base.

En el acto de presentación celebrado en el marco del Congreso Nacional de Medioambiente, CONAMA, los autores han adelantado que para dar un salto de escala que permita abordar este reto con garantías, el informe propone que el fomento de la Rehabilitación se convierta en una política pública que ponga de acuerdo a las diferentes administraciones. “Tenemos que reconocer que la rehabilitación de edificios en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente. Desde el sector público se ha considerado tradicionalmente que la rehabilitación es una actividad de interés privado, derivada del deber de conservación que la legislación vincula al de propiedad, y por el que se ha velado muy tímidamente desde las administraciones. El resultado está a la vista. El ritmo rehabilitador es muy escaso y de seguir así no podremos cumplir con los compromisos adquiridos con Europa”, ha manifestado Albert Cuchí, autor en colaboración con otros miembros de GTR de este trabajo.

Además, el documento propone una nueva Estrategia de Rehabilitación que se impulse mediante un Plan Estatal de Rehabilitación dotado con recursos procedentes de los Ministerios de Fomento y de Transición Energética, con la participación de las CCAA y que tenga como objeto principal empoderar a los municipios para que estos, desde la proximidad y el conocimiento de la realidad urbana, impulsen procesos de rehabilitación energética apoyando a las comunidades de propietarios.

Singularmente se propone incidir con más énfasis en los entornos más vulnerables económicamente. De esta manera no solo se evitarán emisiones de CO2, sino que además, se creará empleo en el sector verde y se luchará a su vez contra la pobreza energética y la segregación urbana. “La falta de diagnóstico, desde el sector público, del estado del parque edificado, y de cómo están evolucionando esconden una punzante realidad de segregación urbana y un agravamiento del proceso de degradación de muchos barrios”, ha declarado Jordi Mas, otro de los coautores del último trabajo del GTR.

El texto también sugiere que se supere la cultura de la subvención y que se impulsen otros instrumentos de apoyo a las comunidades de propietarios con mayor implicación del sector público en la planificación, gestión y financiación de los procesos rehabilitadores. 

Gracias a estas y otras medidas, se posibilitará el cumplimiento de los Compromisos Internacionales de lucha contra el cambio climático, la reducción de las desigualdades urbanas, la mejora de la salud y de la calidad de vida de la ciudadanía con viviendas más confortables y accesibles y la creación de empleo en un sector intensivo en mano de obra e imposible de deslocalizar.

Por último, GTR-Ciudades defiende que la inversión pública arrastrará un volumen de inversión privada suficiente para que los retornos en forma de impuestos compensen el presupuesto público invertido inicialmente.

El Informe es de interés también para aquellos municipios que quieran impulsar la rehabilitación energética de viviendas en el marco de los objetivos de la nueva Agenda Urbana.