El Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) licitará cesión de derecho de suelo a cooperativas para levantar 90 viviendas en los barrios consolidados, que el usuario podrá disfrutar durante 75 años tras cumplir una condiciones y luego se podrá transmitir por venta de los derechos de uso o por herencia siempre que se atengan a las condiciones establecidas.

Para acceder se pueden tener unos ingresos familiares que no superen 4,5 veces el IPREM (2.420 euros al mes de renta familiar) por lo que está ideado para que \"las clases medias puedan acceder a esa vivienda y en posteriores transmisiones también tendrían que cumplir estos requisitos\", ha indicado el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz.

EJEMPLO DE CATALUÑA

El Ayuntamiento de Barcelona ha firmado la cesión de uso de solares de su propiedad a cooperativas para que construyan cuatro promociones de vivienda en régimen de alquiler social y derecho de uso. Son terrenos situados en los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris y Sant Martí. Esta cesión forma parte del Plan municipal del Derecho a la Vivienda 2016-2025 para ampliar a 18.500 pisos con precios asequibles en Barcelona.

El concurso público salió en octubre del año pasado para adjudicar los solares en diferentes puntos de la ciudad para así construir viviendas cooperativas o bien en régimen de cesión de uso o 'covivienda'. El acceso al concurso quedaba restringido para cooperativas, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, y se esperaba la resolución del concurso para primavera de 2018. 

En total se presentaron 19 proyectos de 12 entidades distintas. Finalmente, se ha avanzado y las compañías que han firmado el acuerdo son La Xarxaire SCCL (para un proyecto en La Barceloneta, Ciutat Vella), LLar Jove SCCL (para un proyecto en Marina del Prat Vermell, en Sants-Montjuïc), Asociación Cohabitatge Cooperatiu (para una promoción en Roquetes, Nou Barris) y Sostre Cívic SCCL (para unas viviendas en El Poblenou, en Sant Martí). 

Los proyectos seleccionados no han concretado cuántas viviendas se construirán, aunque en el momento de sacar el concurso el ayuntamiento previó alrededor de unas 300 viviendas protegidas en esos espacios. Los cooperativistas a los que se les ha adjudicado el uso de los solares pasarán a ser los titulares del derecho a superficie, nunca del suelo.  Además se establece un precio protegido para esas viviendas, que no podrán superar nunca los 1.940,48 euros el m2, tal y como marca la normativa de vivienda protegida. 

Esas viviendas que se contruyan nunca podrán ser vendidas ni traspasadas al precio del mercado libre. En caso de que el adjudicatario quiera venderlo, el que tiene el derecho preferente de compra es el Ayuntamiento.

EJEMPLO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El Consell cederá suelo público para que cooperativas construyan VPO para alquiler

La Generalitat pone suelo a disposición de cooperativas en Alicante, Torrevieja, Gandia, Alzira, Torrent, Alcoi, y San Juan para la construcción de VPO en régimen de alquiler.

La Generalitat, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha sacado a licitación el concurso público para la constitución de un derecho de superficie de siete parcelas de suelo propiedad de EVha en favor de cooperativas de vivienda para la construcción y gestión de viviendas en régimen de cesión de uso.

Se trata de un proyecto de cesión de suelo dirigido a cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso para que construyan vivienda protegida en alquiler y una vez transcurrido el periodo de explotación, establecido en 75 años, los edificios vuelven a ser de titularidad pública.

Este es uno de los compromisos que el Consell adoptó en el Seminari de Govern-Hivern 2018 y que ahora se pone en marcha.

La directora general de EVha, Helena Beunza, ha destacado la importancia de esta iniciativa en la que "la colaboración entre el sector público y el privado es fundamental para afrontar la necesidad de alquiler asequible en la Comunitat, sin que la Generalitat pierda patrimonio público".

Las parcelas propiedad de EVha que se acogen en este concurso están ubicadas en Gandia, Alzira, Torrent, Alicante, Alcoi, Sant Joan y Torrevieja y se estima que se podrán construir un total de 180 viviendas protegidas.

A este pliego podrán presentarse cooperativas de vivienda en régimen de gestión de uso, constituidas o en proceso de constitución. La cooperativa será la titular del derecho de superficie por un plazo máximo de 75 años y cederá a los socios el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente. Al finalizar dicho plazo, el suelo y la edificación revertirán en la Generalitat.

El 50% de los socios cooperativistas deberán pertenecer a colectivos preferentes, como víctimas de violencia de género, mayores de 60 años o menores de 35 años. Para acceder a una de estas viviendas, no se podrá disponer a una renta superior a 4,5 veces el IPREM y la cuota mensual a abonar a la cooperativa no podrán superar el 30% de sus ingresos.

Un comité de expertos analizará las propuestas que se presenten. Estará integrado por profesionales del Instituto Valenciano de Edificación (IVE), la Escuela Superior de proyectos arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el Comité Económico y Social (CES) y la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana (Concoval).

El comité valorará la calidad del proyecto desde el punto de vista arquitectónico y de integración urbanística, su adecuación medioambiental y tipología de las viviendas y del edificio a los colectivos a los que va destinado. También se valorará la propuesta colaborativa o de vida en comunidad, teniendo en cuenta los servicios y actividades que la cooperativa preste o posibilite en los espacios comunes.

EL CASO DE GANDÍA. SUELO SIN COOPERATIVA.

Según informa el periódico Levante y medios locales, el pasado mes de julio la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), dependiente de la Generalitat anunció una oferta de cesión de solares en distintas ciudades para promover la construcción de viviendas por parte de cooperativas. Reuniendo las condiciones fijadas por la EVha, esa cesión del suelo se producía en condiciones muy favorables, pero revertiría en un plazo máximo de 75 años, cuando los pisos volverían a titularidad pública. El solar gandiense de la EVha se encuentra en el ensanche de la zona de Santa Anna, junto al cauce del barranco de Beniopa y el futuro palacio de justicia. Esta «oferta» también se planteó en parcelas urbanas de la Generalitat situadas en Alzira, Torrent, Alicante, Alcoi, Sant Joan y Torrevieja.

Pero esas condiciones no han derivado en la respuesta esperada. En casi todos los municipios los solares se han quedado sin cooperativistas, un modelo de «autopromoción» inmobiliaria que sigue siendo muy minoritario entre los valencianos, reacios a embarcarse en esa gestión y más acostumbrados a comprar o alquilar viviendas, bien sea de renta libre o sometidas algún tipo de protección pública.

Por ese motivo, la Generalitat acaba de anunciar que prolonga el periodo de presentación de ofertas. Si iba a finalizar el 10 de diciembre próximo, el nuevo plazo expirará el último día de febrero del año próximo.

Según señala la Generalitat, en el conjunto de los siete solares situados en otras tantas ciudades y se estima que se podrán construir un total de 180 viviendas protegidas, que formarán parte del plan de gestión integral de suelo que EVha lleva a cabo para la revitalización urbana, la reducción de los precios de las edificaciones y el aumento del parque público de viviendas.

En este proceso pueden presentarse cooperativas de vivienda en régimen de gestión de uso, constituidas o en proceso de constitución. La cooperativa será la titular del derecho de superficie por un plazo máximo de 75 años y cederá a los socios el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente. Al finalizar dicho plazo, el suelo y la edificación revertirán en la Generalitat y volverá a ser de titularidad pública.

El 50 % de los socios cooperativistas deberán pertenecer a colectivos preferentes, como víctimas de violencia de género, mayores de 60 años o menores de 35, además de que no se podrá disponer de una renta superior a 4,5 veces el Iprem y la cuota mensual a abonar a la cooperativa no podrá superar el 30% de sus ingresos.

Un comité de expertos valorará la calidad del proyecto desde el punto de vista arquitectónico y de integración urbanística, su adecuación medioambiental y tipología de las viviendas y del edificio a los colectivos a los que va destinado.