Tarife destacó que, entre otras cuestiones, la redacción del nuevo Plan persigue la simplificación del marco de actuación, de manera que el PGO no remita tanto al desarrollo de planes especiales o parciales y permita agilizar la inversión pública y privada en la ciudad.

Asimismo, el concejal avanzó que esta nueva redacción permitirá actualizar el catálogo de protección anejo y, en ese sentido, representa un cauce sensato y oportuno donde dirimir las diferencias de criterio que al respecto mantienen las corporaciones municipal e insular. De igual forma, Tarife confirmó que el futuro Plan debe desarrollar con precisión los 573.000 metros cuadrados cedidos al municipio por la compañía Cepsa.

Por último, el concejal insistió en que el planeamiento sobre el que se trabaja tendrá especial incidencia en el distrito Suroeste, al abordar la ordenación y reubicación de las actividades logísticas de carácter industrial, con el fin de recuperar suelo rústico y racionalizar los usos industriales y residenciales.

Tarife advirtió de que, aunque el plazo de entrega es de 17 meses, “lógicamente, el proceso atenderá cuantos periodos de información pública se precisen para garantizar no solo la legalidad, sino, fundamentalmente, la participación ciudadana”.
 
La consignación presupuestaria se distribuye en dos anualidades, a razón de 340.000 euros, y 23.800 euros de IGIC, en el presente ejercicio, y 780.000 euros, y 54.600 euros de IGIC, en 2019.
 
ANTECEDENTES 27.07.2017  
 
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de la capital anuncia que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo (TS) el fallo, de fecha 21 de julio, notificado el 26 de julio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el acuerdo de 30 de julio de 2013 de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) y que ha conducido a la anulación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife.

El Ayuntamiento informa de que la objeción fundamental del TSJC a la hora de fundamentar la nulidad del Plan General de Ordenación responde a la ausencia de procedimiento de evaluación ambiental del planeamiento, acordada por el Gobierno de Canarias, a través de la Cotmac.

A lo largo de la tramitación del expediente administrativo desde el año 2006, la Cotmacy el Ayuntamiento de la capital entendieron cumplido el trámite de evaluación ambiental del documento con el contenido ambiental exigible a los Informes de Sostenibilidad, según las tesis avaladas por los servicios jurídicos y técnicos tanto de la Cotmac como del Pleno Municipal.

En ese sentido, la ponencia técnica de la Cotmac emitió un dictamen de fecha 3 de junio de 2011, aprobado por unanimidad, en el que declara, sin el menor género de dudas, "la inviabilidad del sometimiento del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife al procedimiento de evaluación ambiental en la forma autorizada por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril".

El Ayuntamiento comunica que dispone del plazo de 30 días para formalizar el recurso de casación del que deberá entender posteriormente el Tribunal Supremo.

Mientras tanto, el Plan General de Ordenación, así como el conjunto de planes especiales asociados, mantendrá plena vigencia, sin generar la menor afección a la economía y a la sociedad de la capital.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entiende que la prudencia aconseja aguardar a la resolución judicial definitiva por parte del Tribunal Supremo, ya que "existen distintos precedentes análogos que afectan a municipios de nuestro país; así como el hecho de que con anterioridad el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ganado todos los recursos presentados contra la ordenación del planeamiento municipal de la ciudad".