El Ministerio
de Fomento quiere promover la oferta de pisos en alquiler y frenar el aumento
desmedido de los precios a través de un nuevo paquete de medidas
fiscales. Según un borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS,
Fomento quiere aumentar la penalización a los propietarios y titulares
de bienes inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual ni estén
alquilados. En estos momentos, a los dueños de una casa desocupada
se les imputa en la declaración un 1,1% del valor catastral (el
2% si este no se ha actualizado en los últimos 10 años),
un porcentaje que el ministerio estudia aumentar al 5%.
Frenar el boom
del alquiler es uno de los retos que se ha marcado el Ministerio de Fomento
dirigido por José Luis Ábalos. Para ello, ya anunció
el impulso de hasta 20.000 viviendas que se destinen al alquiler, pero
tiene un objetivo a medio plazo. A corto, el grueso de las medidas para
reconducir el mercado del alquiler de vivienda gira en torno a diversos
cambios fiscales. Entre ellos, aumentar las penalizaciones y recuperar
deducciones a arrendatarios y arrendadores, como se hacía hasta
2015.
Destaca una
subida de la penalización a los propietarios de segunda vivienda
que no esté arrendada. Es decir, una propiedad (casa, local o garaje)
que no sea residencia habitual y no genere rendimiento económico.
Hasta ahora, a los dueños se les imputa en su declaración
de la renta el 1,1% del valor catastral del inmueble (el 2% si no se ha
actualizado en los últimos 10 ejercicios mediante un procedimiento
de valoración colectiva de carácter general). Con la propuesta
que maneja Fomento, esta penalización crecería hasta el 5%.
“Es un primer borrador y puede haber cambios. Todavía tiene que
pasar por el grupo de trabajo y por el resto de ministerios implicados”,
explican desde el ministerio.
NO SE PENALIZARÁ
LA SEGUNDA RESIDENCIA
El Ministerio
de Fomento continúa trabajando en nuevas medidas que acaben con
la escalada de los precios del alquiler. Y lo quiere hacer promoviendo
más oferta de vivienda en arrendamiento. Para conseguir este objetivo,
destaca un nuevo paquete de medidas fiscales en el que se está trabajando,
entre las que ya no está la penalización a la segunda vivienda
de particulares. Desde el ministerio han descartado esta opción
y, eso sí, diferencia a propietarios de una segunda casa y los grandes
tenedores (con más de 10 inmuebles), aunque no ha aclarado si en
este caso sí se propondrá una penalización.
Según
un borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS, la penalización
constaba de una subida de la renta que se le imputa a propietarios y titulares
de bienes inmuebles urbanos (del 1,1% al 5% del valor catastral) que no
sean residencia habitual ni estén alquilados. “Este documento que
manejaban los técnicos no es con el que trabaja el equipo actual”,
han matizado fuentes cercanas al ministro José Luis Ábalos,
que no ha querido hacer declaraciones.
Este diario
se había puesto en contacto durante la última semana con
el equipo de trabajo del titular de Fomento y, hasta este domingo, habían
preferido no hacer comentarios al respecto de esta medida pero sin descartarla.
Pese a este cambio, sí sigue sobre la mesa realizar modificaciones
fiscales como ya adelantó el titular de Fomento en el Congreso de
los Diputados hace unas semanas, así como promover un parque de
viviendas para el alquiler. De hecho, se mantiene la posibilidad de que
salga adelante la otra gran medida fiscal que contiene en el texto preliminar:
la recuperación de la deducción para inquilinos del 10,05%
de las rentas pagadas en el año, algo que existía hasta 2015.
Por el momento,
sin embargo, prefieren ser cautos y no detallar los posibles cambios y
medidas a la espera de las reuniones interministeriales y del equipo de
trabajo sobre el alquiler. Solo después, con el acuerdo alcanzado
en esos encuentros y con el visto bueno del resto de ministerios, en especial
Hacienda, se cerrará el paquete de medidas. “A partir de septiembre
sabremos hasta donde podemos llegar”, explican fuentes de ministerio.
Esta subida,
a efectos prácticos, supondría que la renta de los propietarios
crezca de forma considerable en su declaración y puede provocar
que los afectados tengan que tributar a un porcentaje superior. Con el
sistema actual, un dueño de una casa desocupada valorada en el registro
en 150.000 euros, le sube su base en 1.650 euros. De ahí, el pago
efectivo será al tipo impositivo que le corresponda. Por ejemplo,
si la base liquidable general está entre 20.200 y 35.200 euros,
será un 30%. Es decir, que tendría que pagar 495 euros.
Con la propuesta
que baraja el ministerio, el aumento en la base imponible del IRPF sería
de 7.500 euros. “Esto podría servir para desincentivar la posesión
de vivienda vacía y su incorporación al mercado de alquiler”,
justifica el texto preliminar. De esta forma, ese mismo contribuyente tendría
que pagar a través del IRPF (al 30%) 2.250 euros por este concepto.
En 2016, cada declarante con imputación de estas rentas pagó
una media de 657,91 euros según la Agencia Tributaria. El Estado
recaudó 4.682,5 millones de euros y hubo algo más de 7,1
millones de declaraciones. “Lo consideraría razonable si fuese a
partir de la tercera vivienda. Hay que detallar mucho más esta medida
porque gravaría a mucha gente y sería mucho dinero, aunque
es una idea inteligente para que no haya viviendas paradas”, explica José
García Montalvo, catedrático en economía de la Universidad
Pompeu Fabra.
Definición
en el IBI
A esta penalización,
en el texto se añade la intención de definir el concepto
de vivienda desocupada, algo pendiente a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI). Con esta precisión, según el borrador, los
Ayuntamientos podrían aplicar un recargo del 50% en la cuota del
IBI en los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con
carácter permanente. Hasta ahora, más de 200 consistorios
se han acogido a esta posibilidad (Barcelona, Sevilla y Zaragoza, entre
otros), aunque diversas sentencias judiciales han insistido en que esta
definición normativa es competencia del Estado.
“Deben acometerse
tareas pendientes como la definición de las viviendas desocupadas
con carácter permanente, estimulando su incorporación al
mercado del alquiler a través de un amplio catálogo de medidas
regulatorias y de carácter fiscal”, afirmó el titular de
Fomento en el Congreso hace unas semanas. A través del IBI, España
superó en 2016 por primera vez los 13.000 millones de euros recaudados.
Según se recoge en el borrador, con el recargo que ya aplican algunos
Ayuntamientos se recaudaron 774 millones en 2015. Por lo tanto, si se realiza
esta precisión normativa, las localidades podrán aumentar
su recaudación vía IBI apelando a la mejora del mercado del
alquiler.
EL GOBIERNO
ESTUDIA RECUPERAR LA DEDUCCIÓN FISCAL A INQUILINOS
El texto preliminar
con el que trabaja Fomento recoge otra gran medida fiscal: la recuperación
de la deducción por alquiler. Hasta el ejercicio 2015 existía
esta herramienta, aunque con algunas diferencias. El departamento que dirige
Ábalos plantea una deducción del 10,05% de las rentas pagadas
por inquilinos que ganen hasta 5,5 veces el IPREM (41.357,75 euros anuales).
Así, el porcentaje a deducir es el que hubo hace años. Lo
que cambia son los ingresos máximos de los beneficiarios, que casi
se duplica (antes tenían que ser inferiores a 24.107,20 euros al
año), lo que haría llegar esta deducción a más
personas. “Es una buena medida para que aflore el alquiler no declarado”,
asegura Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.
El borrador
incluye asimismo un incremento de las reducciones en el rendimiento neto
de los arrendadores en dos casos. En la actualidad está en el 60%
y se quiere subir al 80% en contratos de vivienda que cumplan uno de los
siguientes supuestos: en los arrendamientos a menores de 35 años
y mayores de 65; así como en los casos de contratos de arrendamiento
de larga duración (igual o superior a los seis años). Ábalos
ya aseguró en el Congreso que esta sería la línea
a seguir, aunque desde Fomento insisten en que todavía es provisional.
“A partir de septiembre [cuando se reúnan los ministerios implicados]
sabremos hasta donde podemos llegar”, reiteran. En concreto, estas medidas
fiscales están a expensas del visto bueno de Hacienda.
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