El contrato
salió a licitación en septiembre de 2016, pero en marzo de
2017 se suspendió por "prudencia" ya que había aún
un procedimiento abierto debido al incidente presentado por la empresa
Terras de lHorta, propiedad de Andrés Ballester, cuya matriz, Edificaciones
Calpe SA, está en concurso de acreedores desde enero de 2013, a
los pocos meses del fallo del Supremo.
¿Será
el paso definitivo para demoler las torres? Los jueces se han pronunciado,
y el Consell está tirando hacia adelante con la decisión
de los tribunales después del varapalo del TSJ. Hay que tener en
cuenta que Edificaciones Calpe tenía todas las licencias necesarias
para levantar la construcción, no obstante, consideran que se vulneró
la Ley de Costas.
El problema
que ven las partes afectadas está en el coste económico que
supondrá ejecutar la sentencia, que además de pedir que el
Consell presupueste la redacción del proyecto, también reclama
resarcir a los propietarios con el valor de la vivienda más un 20%.
En sus alegaciones,
Terras de LHorta valoró en 60 millones los costes de demolición,
que quedaría desglosado de esta manera: 6,6 millones los costes
del derribo propiamente dicho y 53 millones de euros la valoración
de las viviendas ya construidas, a razón de 317.000 euros (coste
medio de los 168 pisos). A ello, según la promotora, habría
que sumar las posibles obligaciones que se derivaran de la reedificación
del solar, valorado en 46 millones de euros.
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