Conviene recordar
que el sistema de ejecución público por cooperación
es uno de los sistemas clásicos de actuación en los que la
legislación estructura la gestión urbanística y se
caracteriza porque es la Administración quien ejecuta las obras
de urbanización y los propietarios costean las mismas y aportan
los terrenos de entrega o cesión obligatoria y gratuita.
En esta ocasión,
el Ayuntamiento, como titular de al menos el 50% de la superficie reparcelable,
formula el proyecto que una vez aprobado inicialmente se somete a consideración.
El proyecto
cumplimenta asimismo los requerimientos indicados en el Reglamento de Gestión
y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias al contener
la memoria descriptiva y justificativa; la relación de propietarios
e interesados y descripción de las fincas de origen, así
como los documentos acreditativos de la titularidad de sus derechos.
El concejal
de Urbanismo, Carlos Tarife, informó de que "a raíz de la
publicación en el boletín, abrimos la fase de información
pública por espacio de 20 días y, en paralelo, citamos personal
e individualmente a cada uno de los propietarios y personas con interés
en ese ámbito, para darles a conocer el proyecto de reparcelación
y escuchar su opinión".
"El fin que
perseguimos es reordenar un ámbito de actuación donde conviven
propiedades privadas y públicas, pertenecientes al Ayuntamiento,
de manera que a través del proyecto de reparcelación establezcamos
las condiciones necesarias para acometer una intervención viaria
que es muy demandada y necesaria en el barrio", explicó.
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