Una forma de recuperar esa calidad son los concursos restringidos -al menos para contratos superiores a 300.000 euros- que seleccionen de cuatro a ocho empresas en función de criterios objetivos, como su capacidad económica, su capacitación técnica, su experiencia o su control de calidad y medioambiental. Sólo después de haber escogido a las mejores se considerarían sus ofertas económicas.

Esta fórmula de contratación es la menos empleada en España, pero es la referencia en la UE, EEUU, el Banco Mundial y otros organismos internacionales. El Proyecto de Ley la considera la más adecuada para los servicios de índole intelectual, como la ingeniería, pero en el preámbulo; nada se indica sobre ella en el articulado... Pero hubo consenso total entre los ponentes para incorporarla al texto vinculante de la futura ley.

Esta ley, que está en trámite parlamentario y es la trasposición de la Directiva Europea de Contratación, en la que España acumula ya un año de retraso, debe corregir el excesivo peso del precio respecto a la calidad técnica en las ofertas que se presenten a las licitaciones. En la actualidad el precio siempre tiene más peso que la calidad, pero las ingenierías reclaman que la calidad decida en un 80%.

Para acabar con las subastas de ingeniería, los ingenieros de caminos piden que la calidad suponga un 80% de la valoración de las ofertas en las licitaciones y que se ponga coto a las bajas temerarias.

A día de hoy, las entidades dependientes del Ministerio de Fomento o de Agricultura se alejan mucho de este punto de partida, a excepción de Adif que hasta hace unos meses daba al precio un peso del 75% en las adjudicaciones y recientemente lo ha reducido hasta el 51%. El caso extremo por su parte es Aena, que contrata mediante subasta pura y dura y sólo exige un mínimo de acreditación técnica.

EL CONCURSO RESTRINGIDO COMO NUEVA FÓRMULA

Por otra parte, las ingenierías consideran que la Administración debería ampliar sus miras en sus fórmulas de contratación, y utilizar el concurso restringido, al menos para contratos de presupuestos superiores a 300.000 euros. Este mecanismo ha sido tradicionalmente el menos utilizado en España y, a pesar de que lo contempla la ley, siempre se ha obviado.

Este concurso restringido parte de una primera fase de selección de entre 4 y 8 empresas de acuerdo a criterios objetivos (experiencia, equipos humanos, implantación local…), para en una segunda fase adjudicar el contrato a la empresa cuya oferta sea, conforme a las puntuaciones de tres expertos independientes entre sí, la que obtenga la mejor valoración en función de parámetros de precio y de calidad técnica. La mejor media de las tres puntuaciones sería la que se hiciera con el contrato.

Asimismo, y dentro de esas líneas rojas, los ingenieros se muestran especialmente preocupados por las bajas temerarias en los concursos de licitación, que nunca deberían superar la barrera de los cinco puntos porcentuales sobre la baja media de las ofertas presentadas. No obstante, tan importante es poner coto a la temeridad como ser tajante a la hora de aceptar las justificaciones de estas bajas por parte de los licitadores cuando presentan ofertas temerarias. Y es que, tal y como reclama el sector, la aceptación de una oferta en baja temeraria debe ser algo excepcional y nunca deben aceptarse argumentos poco objetivos y vagos.

Al mismo tiempo, los ingenieros piden que los criterios de valoración de las ofertas técnicas y económicas sean similares a los que utilizan la Comisión Europea y otras entidades como el Banco Mundial, lo que incluye que de igual manera que a la mejor oferta económica se le dan 100 puntos (sobre 100), ocurra lo mismo con la mejor oferta técnica.

Según el director general de Fidex, Fernando Argüello, “las ingenierías pedimos simplemente que España trasponga la Directiva Comunitaria fielmente de acuerdo a lo que consideramos las tablas de la ley en la contratación de la ingeniería. Ya vamos mal en tiempos, pues la nueva Ley debería haberse aprobado en abril de 2016, y la situación puede agravarse si la ley que surja tras el debate parlamentario no cumple con estos mandamientos para poner fin a la ingeniería low cost y a las subastas, que provocan posteriores sobrecostes, imprevistos y retrasos en los plazos de ejecución de las obras. Dinero que pagamos todos los contribuyentes”.