En los últimos años, el boom urbanístico y la permisividad de muchos Ayuntamientos con las construcciones ilegales llevaron al aumento de medidas sancionadoras. Ese miedo a multas o a procedimientos penales, sumado a la crisis, llevó a un destacado descenso de las investigaciones de este tipo de delitos. Sin embargo, esta caída de las investigaciones ha terminado en 2015, según reconoce la memoria: “Debemos destacar que se ha roto la tendencia hacia una reducción de la actividad edificatoria ilegal como denota el notorio incremento de las diligencias de investigación penal”. El pasado año se celebraron 42 juicios; 37 de ellos versaban sobre delitos contra la ordenación del territorio. De ellos, solo cuatro acabaron con sentencias absolutorias.

De este aumento, la Fiscalía de Cádiz destaca las construcciones ilegales que “se llevan a cabo tanto en suelo no urbanizable común como en suelos no urbanizables especialmente protegidos”. Es el caso de las investigaciones que se han abierto por edificar en espacios naturales como Parque Natural del Estrecho o el Parque Natural de Los Alcornocales. Por su trascendencia, la fiscal habla de una de las localidades gaditanas en las que más viviendas irregulares existen, Chiclana. Hace referencia a la Operación obra nueva, en la que “se investiga una amplia trama de delincuencia urbanística y que ya alcanza una gran dimensión que ha motivado su desglose en varias diligencias”.

La Memoria de la Fiscalía valora a los Ayuntamientos en el control urbanístico. “A veces, se han detectado casos en los que las construcciones ilegales investigadas en vía judicial, ni tan siquiera habían dado lugar a la incoación de un expediente sancionador disciplinario tramitado por la corporación local. Las razones aducidas por los Ayuntamientos para no haber aplicado la Ley en este sentido son el exceso de trabajo”, denuncia el informe. A eso se suma “la escasa eficacia que tienen las medidas cautelares de paralización” que suelen ser incumplidas y dan lugar a un delito añadido de desobediencia.

Aunque desde la fiscalía notan que el ciudadano tiene un mayor temor a la denuncia penal por construcciones ilegales, advierten la escasa incidencia que tienen las sentencias de demolición. Esto se debe a dos motivos. Por un lado, no todas las condenas obligan a la demolición, pese a que, a juicio de la fiscalía, “es lo único que garantizaría realmente la reparación del daño causado”. Por otro, el incumplimiento de las penas en aquellos casos en los que sí tiene que intervenir la piqueta: “Es especialmente lamentable la dilación en la ejecución de las demoliciones acordadas por sentencia penal firme”. De hecho, en 2015 tan solo se han ejecutado tres derribos y quedan 70 pendientes de ejecución que se arrastran, en algunos casos, desde 2008.

En esta dejación acusa la Fiscalía a dos causantes: el penado que “se hace el sordo” para ejecutar la sentencia y los Ayuntamientos que tampoco las aplican. “Esa misma actitud renuente, la misma desidia, se observa en los Ayuntamientos cuando subsidiariamente deben proceder a la misma, estos terminan alegando insuficiencia presupuestaria”, denuncia la fiscalía. De hecho, en más de una ocasión los Ayuntamientos aducen “que el concurso de adjudicación de las obras resulta desierto” cuando dada la cuantía de las obras de demolición “no sería necesario acudir a este procedimiento de ejecución externo”. Un “giro de tuerca más” de unos Consistorios que benefician al particular que “sabe que cuenta con la tolerancia, en ocasiones muy activa, del propio Ayuntamiento”.

Ante esta situación, la reforma de la ley del suelo de Andalucía trata de solventar un problema sin imponer responsabilidades administrativas por falta de control (ayuntamientos y Junta de Andalucía) y no parece tomar medidas eficaces de control para paralizar esta práctica. Ampliar los términos de la amnistía puede tener consecuencias judiciales y crearía un precedente que incitaría a mantener la situación actual de descontrol.