| Se trata de
los convenios urbanísticos que no salieron adelante y que pretendían
la recalificación de suelo rústico como urbano para construir
unas 86.000 viviendas. La mayoría de ellos fueron firmados en 2005.
Con la última sentencia en contra el Ayuntamiento a día de
hoy tiene que devolver por mandato judicial 6,3 millones de euros. Parte
de ese dinero se ha pagado. «A algunos promotores se le ha devuelto
ya el dinero, a otros se les está pagando y también hay cantidades
aplazadas para hacerlo poco a poco, pero la situación se complica
aún más con esta nueva sentencia en contra», dijo.
El titular
de Economía y Hacienda también ofreció datos de lo
que está por llegar. «En un horizonte no muy lejano viene
otra condena. Esa nos preocupa mucho porque la cantidad es de 1,4 millones
de euros». El Consistorio, señaló el edil, ha tomado
la decisión de «allanarse», lo que evita el pago de
costas y de intereses. «Existe jurisprudencia, por lo que todas las
sentencias en este asunto serán en contra. Es más positivo
conformarse o aceptarlo, aunque no se esté completamente de acuerdo
y así evitar los intereses y las costas que en algunas sentencias
podrían incrementar las partidas hasta en 150.000 euros».
La mayor parte
de los promotores han solicitado la devolución del dinero que aportaron
para sus proyectos. Otros están realizando las reclamaciones administrativas
previas a las judiciales, aunque hay también algunos que, por el
momento, habrían tomado la determinación de continuar adelante
con los trámites. «El de La Campana parece que continuará
con los trámites para llevar a cabo el proyecto y en Ramonete hay
otro convenio urbanístico que no ha realizado reclamación
alguna, como también ocurre con otro en Almendricos», explicó
Gil Jódar.
La sentencia
que obliga al Ayuntamiento a devolver 1,1 millones de euros se conoció
hace algunas semanas, aunque el edil de Economía y Hacienda reconoció
ayer que decidieron aplazar su anuncio, porque se encontraban en pleno
proceso electoral. «No quisimos interferir, por lo que optamos por
darla a conocer cuando concluyeran las elecciones». Insistió
en «no hacer valoraciones políticas», argumentando que
«esta situación es conocida ya por todos los lorquinos»,
pero sí reconoció que «como temíamos la evolución
de esta eterna problemática no iba a mejorar, sino a empeorar por
momentos». Y advirtió de que «lo peor aún está
por llegar». Sus peticiones para aplazar los pagos las sustentarán
«en el grave trastorno que puede ocasionar su devolución a
las arcas municipales», concluyó.”
ANTECEDENTES
30 de abril
de 2015
NOTICIA
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LOS CONVENIOS
URBANÍSTICOS DE LORCA
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com de convenios urbanísticos
y en la guía del urbanismo de Murcia. El ayuntamiento de Lorca suma
ya cuatro sentencias judiciales condenatorias que le obligan a devolver
a promotores urbanísticos el dinero que adelantaron a cuenta, en
el año 2005, a la firma de convenios urbanísticos, para construir
miles de viviendas que no han llegado a ejecutarse. La última sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia condena
al consistorio a devolver los 486.000 euros que recibió como anticipo
a la firma de un convenio con promotores privados para construir 2.052
viviendas en la pedanía de Almendricos, según confirmó
este lunes el alcalde, Francisco Jódar.
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La superficie
de actuación del convenio, suscrito el 4 de noviembre de 2005, era
de 1,1 millones de metros cuadrados y como en los casos anteriores, otros
tres convenios para construir residenciales en las pedanías de Coy,
Aviles, Zarcilla de Ramos y Almendricos, los jueces obligan al consistorio
a devolver el dinero porque el desarrollo del convenio no salió
adelante en los tres años siguientes a su firma.
Estos cuatro
convenios forman parte de un paquete de 17 que fueron suscritos en un pleno
municipal en 2005 para recalificar con uso residencial suelo inadecuado
para desarrollo urbano en el que construir 87.000 viviendas y de los cuales
ninguno llegó a desarrollarse. Los convenios fueron aprobados en
solitario por el PSOE, que entonces gobernaba con mayoría absoluta,
y en el pleno el PP se abstuvo de la votación e IU-V votó
en contra.
Desde 2013
estos convenios han vuelto a primer plano de la actualidad local después
de que los promotores urbanísticos hayan empezado a reclamar por
la vía judicial al ayuntamiento el dinero que adelantaron como fianza
(un 40% del total) a la firma del acuerdo.
El ayuntamiento
recibió unos 13 millones de euros a la firma de aquellos acuerdos,
pero incumplió una cláusula que le obligaba a resolver todos
los trámites urbanísticos en un plazo de tres años
y ahora se enfrenta al pago de aquellas cantidades, más la suma
de los intereses y de las costas judiciales.
Estos convenios
está siendo investigado de oficio por la Fiscalía de la Región
de Murcia, que en diciembre de 2013 abrió "diligencias de investigación
penal" en torno a las posibles irregularidades de aquellos acuerdos. Las
cuatro sentencias judiciales condenatorias obligan al ayuntamiento al pago
de 1,2 millones de euros.
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