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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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28 de junio de 2016
 
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LA OPERACIÓN CHAMARTÍN TRAS LAS ELECCIONES
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de convenios urbanísticos y guía del urbanismo de Madrid. El ayuntamiento de Madrid confiaba en un cambio político que cambiase la política del Ministerio de Fomento en relación a la Operación Chamartín. Tras el resultado electoral y la previsible continuidad del actual equipo del Ministerio de Fomento se ha anunciado al ayuntamiento de Madrid mediante requerimiento que su veto a la operación Chamartín incurre en "vicio de nulidad" y "vicio de anulabilidad por infracción del ordenamiento jurídico". El escrito está dirigido a la alcaldesa en su calidad de presidenta del pleno del Ayuntamiento de Madrid que en la sesión del pasado 25 de mayo rechazó de forma definitiva con los votos de los concejales de Ahora Madrid y PSOE-M el proyecto de Operación Chamartín original proponiendo una alternativa para la ordenación de la zona, denominado Madrid Puerta Norte, que rebaja a la mitad el área urbanizable -1,7 millones de metros cuadrados- y reduce de 17.000 a 4.600 el número de viviendas construibles. Por su parte, la promotora Distrito Castellana Norte -BBVA y San José  reclamaran judicialmente porque la Operación Chamartín "tiene 48 informes favorables, contaba con el apoyo de todos y se ha denegado sin aportar criterios jurídicos ni técnicos".
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CONVENIOS URBANÍSTICOS

Por su parte, el Ministerio de Fomento considera en su requerimiento que el acuerdo municipal por el que se tumbó la Operación Chamartín incurre en "vicio de nulidad" y "vicio de anulabilidad por infracción del ordenamiento jurídico".

Al respecto, indica que la renuncia se basa en el artículo 247.4 b de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que señala que el texto definitivo de los convenios urbanísticos deberán ratificarse por el pleno municipal cuando se hayan suscrito inicialmente en nombre o representación del municipio.

Sin embargo, Fomento sostiene que este precepto "no ampara la renuncia unilateral por parte de uno de los firmantes de un convenio urbanístico a su tramitación, y mucho menos cuando dicha actuación unilateral carece de fundamento jurídico".

"Tampoco establece este precepto un plazo máximo ni para que se produzca la renuncia expresa ni para entender que exista una renuncia tácita al mismo por parte del resto de sus firmantes", añade.

Fomento estima que, para actuar con arreglo a la Ley, el Ayuntamiento de Madrid tendría que haber aplazado "motivadamente, en todo o en parte, la aprobación definitiva del plan" y esperar "al pronunciamiento de las partes sobre el texto definitivo del convenio".

El Ministerio reprocha al Gobierno municipal que no haya aportado "ningún argumento jurídico válido" para renunciar a la Operación Chamartín y que presentara de forma "unilateral" una nueva propuesta para el desarrollo norte de la ciudad que cree que supone "una abierta ruptura con la ordenación urbanística vigente del Plan General de Ordenación Urbana".

"Por tanto, no puede sostenerse la renuncia tácita del resto de los firmantes, sino la decisión unilateral de uno solo de ellos, gestada a lo largo de muchos meses, ocultando información al resto de las partes y desconociendo los más elementales principios de cooperación y colaboración mutuas y lealtad institucional", concluye.

LA RECLAMACIÓN DE LOS PROMOTORES

Los servicios jurídicos de Distrito Castellana Norte, la sociedad promotora de la operación Chamartín, están estudiando presentar una denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid por revocar el anterior proyecto urbanístico "sin argumentos jurídicos y técnicos que sustenten esa decisión".

Así lo han indicado fuentes de la promotora, después de que les llegará vía forma la resolución municipal, superando así el plazo de diez días marcado tras la resolución del Pleno municipal del 25 de mayo, que derogó la anterior actuación urbanística con los votos de Ahora Madrid y PSOE.

Distrito Castellana Norte alega que el plan Chamartín fue aprobado por la anterior Corporación local del PP, respaldada por Fomento y por la Comunidad de Madrid (también del PP) "con 42 informes favorables". Y por eso estudian la interposición de una denuncia por la vía contencioso-administrativa.

Además, considera que el nuevo plan del Ayuntamiento de Manuela Carmena, también llamado Puerta Norte, incumple el plan general. 

Distrito Castellana Norte afirma también que el plan urbanístico presentado por el propio Ayuntamiento, y bautizado como Madrid Puerta Norte, incumple plan general para la zona de la ampliación del Paseo de la Castellana. El nuevo plan reduce la edificabilidad de la zona para construir 4.600 viviendas, reduciendo el presupuesto y tomando con presupuestos públicos parte de las inversiones privadas previstas.

FOMENTO PRESIONA

Fomento urge al ayuntamiento a que inicie las negociaciones con los firmantes del convenio urbanístico del 10 de noviembre de 2011 –Fomento, Comunidad, Ayuntamiento y promotores de Distrito Castellana Norte (BBVA y San José)– para avanzar sobre el plan pactado y no el nuevo que pretenden imponer. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, Carmena no acata las reclamaciones. Será entonces cuando el Ministerio acuda a los tribunales.

El 30 de enero de 2015, las tres Administraciones estatales desbloquearon la operación Chamartín que había sido aparcada por los años de recesión. La ministra de Fomento, Ana Pastor; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la alcaldesa madrileña, Ana Botella, y el presidente del BBVA, Francisco González, presentaron el proyecto rebautizado como «Distrito Castellana Norte». Cuenta a día de hoy con 45 informes sectoriales favorables que el gobierno de Ahora Madrid ha rechazado. Lo consideran un «pelotazo urbanístico».

El Ministerio pide al Ayuntamiento que anule el acuerdo Plenario, que inicie las negociaciones con las partes y que apruebe el proyecto de Distrito Castellana

El Ministerio advierte al Ayuntamiento, argumentando con una sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fechada el 15 de diciembre de 2009, que, cuando las partes firmantes de un convenio son Administraciones Públicas, «no son libres de desistir o renunciar a sus supuestos derechos porque estos son, en realidad, intereses públicos. Y aún menos pueden hacerlo sin la previa notificación de tal posibilidad a los terceros interesados». Pastor reprocha al equipo regidor que todavía no conoce ni la renuncia objeto de ratificación del Pleno ni el escrito de la alcaldesa donde argumentaba los motivos para no seguir con el trámite del convenio.

Este mismo texto judicial indicaba que un mero «cambio político […] no puede, sin más, dejar sin efecto todo lo técnica y procedimentalmente desarrollado en el ejercicio de una potestad administrativa siquiera sea discrecional». El 19 de mayo de 2015, la web municipal publicaba: «En este instante, solo queda un trámite: que se apruebe por el Pleno el PPRI que ordena el ámbito. El actual Gobierno municipal entiende que debe ser la siguiente Corporación quien culmine este trámite, siempre que lo considere oportuno».

Recurre Fomento a otra sentencia judicial del 31 de diciembre de 2012 del Supremo donde dictamina que los convenios urbanísticos «vinculan a las partes sin que pueda dejarse su cumplimiento al arbitrio de cualquiera de ellas».

En el requerimiento, retoma la amenaza de que Adif y Renfe pidan daños y perjuicios por las inversiones realizadas –700 millones de euros–, según lo conveniado en 2011. Después serían resarcidos con los recursos obtenidos de la operación. Adif, el mayor propietario del suelo del ámbito, esperaba obtener un beneficio de cerca de 1.300 millones de euros por la venta de 1,9 millones de metros cuadrados.
 


 
 
 
 
 

 

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