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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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24 de mayo de 2016
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
EL URBANISMO DE COLMENAR VIEJO COMO EJEMPLO DE LA SIERRA NORTE DE MADRID.
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de delitos urbanísticos y guía del urbanismo de Madrid. El problema del urbanismo de la sierra norte de Madrid varía desde construcciones ilegales, licencias urbanísticas de dudosa legalidad, la negativa municipal de recepción de urbanizaciones, los sistemas de alcantarillado y depuración de aguas, negativas al deber de informar urbanísticamente o de publicar ordenanzas urbanísticas en vigor, etc. El ejemplo más relevante se ha producido en Colmenar Viejo (Madrid) donde se imputa un delito continuado de prevaricación por conceder licencias urbanísticas en contra de los informes de los técnicos del Ayuntamiento. Este caso es especial por tratarse de un gran municipio de la sierra norte, ya que en muchos casos los pequeños ayuntamientos tienen técnicos municipales (arquitectos) contratados por días y en la práctica los informes en materia de licencias  son demasiado genéricos (por ejemplo, el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en materia construcciones modulares o de bajo coste). Estas situaciones se denuncian ante la Comunidad Autónoma, como ha sucedido en el caso de Colmenar Viejo, el Molar, etc. pero la autonomía alega estar limitada por la competencia municipal en urbanismo, algo que soluciona adecuadamente la ley valenciana del suelo. Por este motivo, sería recomendable una reforma puntual de la ley del suelo de Madrid para involucrar a la Comunidad Autónoma en el control municipal de la disciplina urbanística municipal. De este modo se extendería la responsabilidad a los órganos autonómicos de vigilancia urbanística y se protegería el derecho de los ciudadanos a la información, a la depuración de las aguas residuales, a la seguridad edificatoria del CTE, y por último a la olvidada obligación municipal de recepcionar las urbanizaciones.
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El juzgado descubrió hasta 16 decisiones urbanísticas ilegales por conceder licencias de primera ocupación de viviendas nuevas, y en las que la corporación municipal actuó en contra de los informes de los técnicos y del asesor jurídico de la secretaría general del Ayuntamiento. Esta lista de licencias presuntamente irregulares procede de cuatro querellas criminales distintas impulsadas desde la Fiscalía de Medio Ambiente y que han acabado acumuladas en el Juzgado de Instrucción 3 de Colmenar. 

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado en su escrito de acusación, 3,6 años de prisión para el alcalde, Miguel Ángel Santamaría Novoa; para su antecesor en el cargo, José María de Federico Corral, y para seis concejales que han formado parte de sus equipos municipales en los últimos 10 años. También pide para todos ellos 10 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 13.200 euros. Para otros cuatro ediles solicita dos años de prisión y ocho de inhabilitación. 

El fiscal asegura que durante los últimos diez años, estos dos alcaldes y diez concejales han  perpetrado una auténtica “apología de la prevaricación” en la concesión de 16 licencias urbanísticas otorgadas en contra de los informes técnicos y jurídicos municipales. La fiscalía describe toda una retahíla de "graves infracciones urbanísticas" y pide a la juez que ha investigado durante tres años los hechos, que siente a todos ellos en el banquillo para que respondan de esos delitos ante un juzgado de lo penal de Madrid.

La juez instructora ha abierto ya juicio oral contra ellos al entender que los acusados “otorgaron 16 licencias urbanísticas” desde 2006 pese a las “claras” advertencias de ilegalidades expuestas por los técnicos municipales, explica la magistrada Alicia Barba de la Torre, del Juzgado de Instrucción 3 de Colmenar Viejo. Según el fiscal, las sucesivas juntas de gobierno de los últimos diez años en Colmenar otorgaron estas 16 licencias contraviniendo el planeamiento urbanístico y guiados por una total arbitrariedad en la toma de decisiones. A unos constructores les permitían alturas de edificaciones superiores a otras, retranqueos ilegales, y daban licencias de primera ocupación a promociones de casas plagadas de irregularidades y sin exigirles subsanar las ilegalidades que exponían los técnicos. Y saltándose los dictámenes jurídicos desfavorables de la secretaría general del Ayuntamiento. Solo en tres de los 16 expedientes urbanísticos que describe el fiscal el Ayuntamiento decidió abrir expedientes sancionadores, detalla el fiscal.

Señala el fiscal que legalmente “es imposible otorgar una licencia de primera ocupación cuando la obra ya se ha ejecutado contraviniendo la licencia de obras (…), y que una licencia urbanística no es un acto discrecional” de los políticos, sino un acto puramente reglado”. Es inadmisible, añade, que “un Gobierno municipal pueda otorgar una licencia urbanística cuando los servicios técnicos han constatado una contradicción entre la ejecución del proyecto autorizado y la licencia previa, y si se adelanta provisionalmente la licencia, debe sujetarse al deber del promotor de subsanar las deficiencias menores detectadas, lo que no ocurrió en los casos que nos ocupan”.

Para la fiscalía, la conducta de los encausados es subsumible en el “delito de prevaricación urbanística continuada”, y le resulta “llamativo que una veces se indulten infracciones” y otras, en cambio, la Junta de Gobierno siga estrictamente las indicaciones de los informes. El fiscal se pregunta: “¿Por qué un vecino se atiene escrupulosamente a la máxima altura de cerramiento de su parcela y otro pone la altura que quiere, y es aceptado por la Corporación?”. O “¿por qué un constructor respeta los retranqueos y otros los desprecian con la esperanza de la aprobación municipal?”.

A principios de marzo, el juzgado de instrucción número 3 de Colmenar Viejo procesó a 12 cargos públicos que han ocupado responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo en la última década. La Fiscalía de Medio Ambiente había interpuesto una querella criminal al ver indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística. Ahora, el fiscal rechaza los recursos de los imputados, pide la apertura de juicio oral y acusa a los dos alcaldes y 10 ediles de "auténtica apología de la prevaricación".

El fiscal asegura que "los recurrentes tratan de mantener la peligrosísima tesis de que un Gobierno municipal puede decidir en cada caso"

En un primer escrito, la Fiscalía relataba que "los miembros integrantes de las sucesivas juntas de gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo en los últimos 10 años se pusieron de acuerdo para otorgar de forma muy reiterada licencias urbanísticas, específicamente licencias de primera ocupación, a distintos promotores, pese al incumplimiento de la normativa urbanística, puesto de manifiesto por los correspondientes informes técnicos y jurídicos, consintiendo el mantenimientos de dichas irregularidades urbanísticas". A la Fiscalía habían llegado 36 denuncias anónimas, aunque el alcalde siempre defendió que se trataba de ataques de un grupo de funcionarios del Consistorio.

Ahora, en su escrito definitivo de acusación, el fiscal asegura que "los recurrentes tratan de mantener la peligrosísima tesis de que un Gobierno municipal puede decidir en cada caso según su criterio objetivo, si conceder o no una licencia cuando los órganos técnicos han comprobado que la construcción sujeta a licencia se ha ejecutado contraviniendo en determinados puntos el proyecto previamente autorizado, así como el planeamiento urbanístico en vigor. Esta filosofía es una auténtica apología de la prevaricación". El fiscal relata 16 casos en los que el Ayuntamiento concedió la licencia a pesar de los informes técnicos y jurídicos en contra.

"¿Por qué los vecinos de Colmenar Viejo cuando piden una licencia están sujetos a semejante poder de su corporación, que puede ser estricta o benevolente, según los casos? No será esta Fiscalía la que avale semejante doctrina, ni una sociedad democrática como la nuestra, muy sensible, con razón, a los abusos de poder, lo comprendería", reza el fiscal, que concluye: "Lo que aquí se pretende sostener, en definitiva, es que un ayuntamiento puede conceder licencias que contravienen la normativa urbanística en vigor, pasando por encima de los informes técnicos y jurídicos que constan en el expediente. Decidiendo el Gobierno municipal en cada caso qué infracciones urbanísticas condenan, y cuáles indultan, consintiéndolas".
 


 
 
 
 
 

 

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