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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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19 de febrero de 2016
 
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EL DEBATE URBANÍSTICO DEL CORTE INGLÉS DE SALAMANCA
¿Qué aprendo?
Se analiza en las guías prácticas inmoley.com de centros comerciales, guía de licencias urbanísticas y guía del urbanismo de Castilla León. El Ayuntamiento de Salamanca va a solicitar a la Junta de Castilla y León una moratoria de dos años para regularizar una zona cuyos convenios urbanísticos han quedado anulados judicialmente. La solicitud por parte del Ayuntamiento a la Junta de Castilla y León está prevista en el artículo 56 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y es una propuesta incluida en el informe del Secretario General. La Junta, a petición del Ayuntamiento, puede establecer unas normas transitorias de aplicación para todos los espacios públicos y los edificios e instalaciones construidos. De este modo, ni el centro comercial, ni los espacios públicos y equipamientos construidos fruto de las compensaciones de El Corte Inglés a la ciudad de Salamanca tendrían problemas de uso. El problema es que la Junta está limitada por la normativa de comercio ya que la oposición exige compensaciones por las irregularidades que ha sentenciado el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Así, cuentan con un informe técnico del arquitecto en el que se cuantifica en cerca de 21.000 metros cuadrados el suelo utilizado por el centro comercial y por el que la oposición pide compensaciones en el caso de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana. 
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En base a un informe redactado por el arquitecto Fernando Lobardía, redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca que la Justicia anuló precisamente en lo que afecta a El Corte Inglés, la oposición en bloque ha exigido este martes al Gobierno municipal que realice una modificación puntual del PGOU para regularizar el sector donde se ubica El Corte Inglés. Piden que se considere a estos terrenos suelo urbano no consolidado para que se puedan exigir compensaciones a los grandes almacenes por los 21.650 metros cuadrados de edificabilidad que, según este documento, usó de más el centro comercial.

La compensación propuesta es abrir al público los terrenos de Las Adoratrices, junto al campo San Francisco, que es la petición que hacía Equo que interpuso la demanda contra el convenio que permitió la llegada de El Corte Inglés. 

El pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la licencia de construcción por la que se permitió edificar el centro comercial El Corte Inglés en Salamanca. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró firme la anulación de la licencia e impuso las costas procesales al centro comercial.

Esta sentencia llega tras diversos recursos interpuestos por Equo y Ecologistas en Acción en contra de los diferentes acuerdos urbanísticos a los que se llegaron para construir este centro comercial en Salamanca.

Además de esta sentencia que anula la licencia urbanística, los tribunales también anularon la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, que era preceptivo para poder construir donde está El Corte Inglés, en la avenida de María Auxiliadora, en el barrio de Garrido.

Este centro comercial se edificó en una zona donde estuvo un cuartel del Ejército de Tierra, por lo que fue necesario un convenio entre El Corte Inglés, el Ayuntamiento de Salamanca y el Ministerio de Defensa.

LIMITACIONES DE LA NORMATIVA DE COMERCIO

La Junta de Castilla y León estima en un informe de la Dirección General de Comercio que no cabe exigir a El Corte Inglés más medidas correctoras que las que asumió en su día. La clave está en la legislación aplicable, que ha cambiado desde la concesión de licencia a los grandes almacenes.
 
Cuando El Corte Inglés negocia los términos para instalar un nuevo centro comercial de su cadena en Salamanca, estaba vigente el Plan Regional de ámbito sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León (aprobado en el Decreto 104/2005, de 29 de diciembre), que desarrollaba lo que sí era una exigencia entonces, las compensaciones a los sectores económicos locales afectados por una licencia de gran superficie, tal y como se señalaba en la Ley 16/2002, de Comercio de Castilla y León.
 
Sin embargo, posteriormente la ley cambió para adaptar la normativa española y autonómica a la directiva marcada por Europa, que prohíbe taxativamente este tipo de compensaciones por considerarlas un acto que daña la libre competencia. Así lo expresa el informe de la Dirección General de Comercio al que TRIBUNA ha tenido acceso. Esa directiva está traspuesta e integrada en la normativa autonómica desde 2009.
 
"Estas actuaciones correctoras, dado su claro carácter económico están expresamente prohibidas por la Ley Estatal 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, como expresión de la trasposición de la conocida Directiva 2006/123 relativa a los servicios en el mercado interior, y se han plasmado en las sucesivas modificaciones de la Ley de Comercio de CYL, que actualmente están recogidas en el decreto legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio de CYL".
 
Es decir, que los grandes almacenes debieron ofrecer en su día una serie compensaciones, constituídas por el pago de los costes de construcción de la nueva plaza de la Concordia, la nueva calle que se abrió, el centro Julián Sánchez 'El Charro' y el campo de fúbol del ISPE; pero que, posteriormente, este tipo de medidas han quedado prohibidas y no se pueden aplicar. "En este sentido, cualquier planteamiento actual relativo a una modificación o a nuevas exigencias de actuaciones correctoras en el expediente de referencia fundamentadas en la legislación comercial aplicable, resultan imposibles", asegura el informe referido.
 
En su día, la concesión de la licencia a la sociedad mercantil ya fue objeto de modificaciones al solicitar El Corte Inglés variar el acuerdo inicial alcanzado para ampliar las compensaciones acordadas, incluyendo las acordadas con la Asociación de Comerciantes de Salamanca AESCO, a la que se entregaron 187.000 euros para que realizara medidas de apoyo al comercio tradicional.
 
Según el informe de la Dirección General de Comercio, "la obligación reglamentaria de presentación de las actuaciones correctoras, correspondía única y exclusivamente a El Corte Inglés S.A:, y que éste mantuvo puntualmente informada a esta administración de las cuestiones referidas a la aplicación de la orden por la que se le concedía la licencia de Gran Establecimiento Comercial, remitiendo el cumplimiento de las actuaciones correctoras, así como de la documentación que lo justifica".
 
Es decir, que la administración regional se ocupó de comprobar el cumplimiento de lo acordado. "Esta Dirección General, en ningún momento se dirigió a los terceros con los que el ECI S.A., se relacionó para al cumplimiento de las actuaciones correctoras, puesto que, de acuerdo con la normativa entonces vigente,  era el titular de la licencia comercial el obligado a cumplirlas y a remitir la documentación demostrativa", añade. "Por ello no puede afirmarse que existieran fondos públicos, ni que se auditaran o evaluaran las actuaciones de aquellos terceros por parte de la Dirección General que, como puede comprobarse con la documentación que se remite en relación a su solicitud, se limitaba a comprobar el cumplimiento satisfactorio y documentado mediante certificado de la realización de las actuaciones".
 
Lo que no cambia es la necesidad de recuperar la legalidad urbanística, ya que la justicia ha anulado todas las licencias que concedió en su día el Ayuntamiento de Salamanca y toda la base del planeamiento hecho; a pesar de ello, el equipo de Gobierno comandado por Fernández Mañueco, y con el concejal impulsor de todos los movimientos hechos en su día, Fernando Rodríguez, no ha hecho ni un solo movimiento en la dirección adecuada para restaurar la legalidad. Sobre el papel, es necesario un nuevo cómputo de la edificabilidad concedida y la utilizada por el centro comercial, y equilibrar la diferencia.  
 


 
 
 
 
 

 

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