| La operación
se puso en marcha en 2009 mediante un convenio urbanístico que permitía
a los promotores –Atlético de Madrid y Mahou-San Miguel–, a través
de una modificación del plan general de urbanismo de la ciudad,
aumentar la edificabilidad sobre los terrenos que ocupa el estadio Vicente
Calderón y la antigua fábrica de cervezas de Mahou en el
barrio de Arganzuela, junto al desarrollo del Madrid Río y de la
avenida M-30. FCC llegó a un acuerdo con Mahou y Atlético
para convertirse en el promotor de las obras, a cambio de asumir el soterramiento
de un kilómetro de la M-30 que discurre junto al Calderón
y de terminar las obras del estadio de La Peineta.
El ámbito
de actuación de la operación Calderón comprende 204.218
metros cuadrados de superficie, en un área delimitada por los paseos
de Pontones, Imperial y Virgen del Puerto, por la calle de Alejandro Dumas
y por el río Manzanares. La operación incluye la demolición
del Calderón (inaugurado en 1966) y de la antigua fábrica
de cerveza Mahou. El 55% del suelo es de propiedad municipal, el 30% corresponde
a la antigua fábrica de Mahou, y 15% restante al club de fútbol.
En su lugar
FCC levantaría unas 2.000 viviendas, con 160.000 metros cuadrados
de zonas verdes. La constructora también soterraría el último
tramo de la M-30, culminando así el trazado del paseo ribereño
de Madrid Río. FCC costearía las obras, incluidas las de
La Peineta, con la venta de las viviendas (el gasto previsto era de 218
millones, más otros 41 millones por la parcela). El Ayuntamiento
de Madrid no aceptó la propuesta original del Atlético, de
levantar 2.200 pisos, con dos torres de 30 plantas, otras tres de 19 y
la desaparición de un instituto. La versión original se rebajó
a unas 1.600 viviendas, con torres de 17 pisos
EL PROCESO
JUDICIAL
Tras firmarse
el convenio urbanístico llegaron dos demandas de una peña
atlética llamada Señales de Humo y de la asociación
Ecologistas en Acción, de modo que el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid paralizó el nuevo plan parcial para la zona y, por consiguiente,
el proyecto. Actualmente, Mahou, Atlético y ayuntamiento tienen
recurrida la decisión de la Justicia.
La solución
llegaría de una modificación del plan, aunque el ayuntamiento
se niega a aprobar cambios para que se consiga artificialmente una mayor
edificabilidad en la zona. Además, revisará el plan parcial
para que incluya las demandas de los vecinos.
Esta decisión
la ha confirmado Juan Carlos Lasheras, director general de Planteamiento
y Gestión Urbanística, a preguntas del PSOE en la Comisión
de Desarrollo Urbano Sostenible. La idea es recortar las 2.000 viviendas
proyectadas inicialmente para "priorizar el interés público
que integre y mejore el entorno de manera más equilibrada".
El Ayuntamiento
de Madrid toma esta decisión a pesar de que la modificación
de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2015, que eliminó
la limitación de las tres alturas para los edificios de nueva construcción.
La nueva normativa, según el ayuntamiento, "permitiría previsiblemente
reiniciar un planeamiento de las mismas características"."El modelo
de pagar infraestructuras y todo tipo de costes que implica hacer ciudad
con cargo a la edificabilidad no lo compartimos y está fracasado",
ha remarcado el delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible,
José Manuel Calvo, en alusión a los proyectos urbanísticos
que dejaron encarrilados los anteriores equipos municipales del PP.
"En este marco estamos revisando todas aquellas operaciones que han sido
constituidas de este modo, como Chamartín y el ámbito Mahou-Calderón",
ha apostillado.
La concejal
socialista Mercedes González ha felicitado al Ayuntamiento de Madrid
por su intención de reducir la edificabilidad del plan urbanístico
Mahou-Calderón, pero le pide que "parta de cero y haga una nueva
tramitación".
LAS INDEMNIZACIONES
Una vez que
se ha reformado la ley del suelo de Madrid para eliminar la limitación
de las 3 alturas, han aumentado las posibilidades de que se reanude el
proyecto.
La suma entre
la compensación de resolver el convenio urbanístico, más
las indemnizaciones correspondientes a las obras realizadas y a los daños
y perjuicios que podrían alegar tanto el Atlético de Madrid
y alcanzarían los 200 millones de euros, cantidad a pagar en su
caso por el ayuntamiento de Madrid.
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