El hotel, de 200 habitaciones y promovido por la cadena Praktik, de la familia Trenor, es uno de los que sorteó la moratoria hotelera dictada por el gobierno de la alcaldesa Ada Colau: tenía certificado urbanístico, el documento que ha marcado la diferencia entre los proyectos que se han quedado en barbecho y los que pueden construirse pese a la moratoria.

Pero el ayuntamiento está retrasando su tramitación: primero el distrito de Ciutat Vella dijo que negociaría una rebaja de volumen, y después el ayuntamiento afirmó que suspendía la licencia y pidió a la Generalitat la catalogación de la muralla de las antiguas atarazanas a Generalitat. Si se declaraba Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), podría prohibirse construir en su entorno. Pero el gobierno catalán se negó. El consejero de Cultura, Santi Vila, respondió de forma explícita que no tenía "nada que decir".

Con estos capítulos del culebrón ya finalizados, la firma ha hecho público que ha presentado "una reclamación patrimonial al Ayuntamiento de Barcelona por la dilación injustificada en la tramitación de la licencia de obras". La empresa asegura que pierde 450.000 euros al mes por el retraso. "A pesar de que el plazo previsto en la ordenanza de aplicación es de tres meses, este expediente acumula un retraso de 17 meses que está causando graves perjuicios económicos al grupo", afirma en una nota.

Como otros proyectos hoteleros afectados por la moratoria, hasta ahora la familia Trenor había mantenido silencio, pero la paciencia se les ha acabado: "Los promotores quieren llevar adelante cuanto antes su proyecto hotelero, y quieren mantener una interlocución fluida con el Ayuntamiento para poder culminar este largo proceso", afirma diplomáticamente la misma nota, aunque fuentes del sector aseguran que el enfado es mayúsculo con el área de Urbanismo.

El proyecto cuenta con una fuerte oposición vecinal por parte de las entidades del sur del barrio del Raval, que suelen ponerlo como ejemplo de la especulación que se ha producido con suelo de la ciudad que ha sido objeto de varias compraventas y planes urbanísticos. 

 
ANTECEDENTES

10 de octubre de 2016 
 
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LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS PARALIZADAS POR LA BUROCRACIA 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de licencias urbanísticas y en la guía del urbanismo de Madrid. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha pasado de quince personas en el departamento de licencias a cinco lo que está provocando los retrasos en las concesiones de licencias de obra. Pero no es el único caso como se demuestra en un estudio del Defensor del Pueblo al que nos referimos en este artículo. Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona tardan de media más tiempo en resolver peticiones de licencias urbanísticas, tanto de obra mayor como menor, que localidades con menos población y con menos recursos humanos y materiales para llevar a cabo los trámites pertinentes. Así se pone de relieve en un informe del Defensor del Pueblo sobre 'Tramitación de licencias urbanísticas: procedimientos y duración de los trámites', en el que se avisa de que las administraciones públicas pueden hacer un proyecto más fácil o llegar a hacerlo imposible. "Esto último es una práctica frecuente en España". Aunque la competencia urbanística para otorgar licencias urbanísticas es municipal, la supervisión autonómica en fundamental en un asunto tan grave que está paralizando la inversión en España y perjudicando la creación de trabajo. 
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LA COMUNIDAD VALENCIANA 
El Ayuntamiento de Valencia achacó el retraso en la entrega de las licencias de obras y de actividad a la falta de personal según reconoció el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, que mantuvo una reunión de trabajo con la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), dentro de la ronda de contactos con los profesionales del sector para agilizar la tramitación de las licencias de obra. 
 
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Angel Pavón, ha reconocido ante los promotores inmobiliarios alicantinos, con los que se ha reunido esta mañana, que existe un atasco importante de expedientes de licencias de construcción pendientes da resolver por su departamento, un problema que achaca a la falta de personal importante que padece, según afirma, el área municipal de urbanismo.
Pavón ha indicado que este problema se ha comunicado tanto a la Alcaldía como a la concejalía de Personal a la vez que ha recordado que existe un plan de ajuste en el ayuntamiento que impide hacer todas las contrataciones que desearía el equipo de gobierno. El vicealcalde afirma que esta falta de personal se arrastra desde que gobernaba el Partido Popular en el Ayuntamiento ya que la plantilla de urbanismo es actualmente según ha dicho la mitad que en el año 2011 aunque sostiene que el problema se ha puesto ahora de manifiesto con el repunte del sector de la construcción. El vicealcalde ha valorado la comprensión de los promotores y ha destacado la voluntad clara tripartito de acortar el tiempo de concesión de licencias, que en algunos casos se va hasta los nueve meses. 
EL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona tardan de media más tiempo en resolver peticiones de licencias urbanísticas, tanto de obra mayor como menor, que localidades con menos población y con menos recursos humanos y materiales para llevar a cabo los trámites pertinentes. Así se pone de relieve en un informe del Defensor del Pueblo sobre 'Tramitación de licencias urbanísticas: procedimientos y duración de los trámites', en el que se avisa de que las administraciones públicas pueden hacer un proyecto más fácil o llegar a hacerlo imposible. "Esto último es una práctica frecuente en España". 
Madrid tarda de media entre 90 y 120 días en los casos de licencias de obra mayor y entre 30 y 60 días para las de obra menor La institución que dirige Soledad Becerril ha evaluado los procedimientos y tiempos de tramitación de licencias de obra en diez ayuntamientos: Madrid, Barcelona y Valencia —capitales de provincia de más de 500.000 habitantes—; Vigo —con más de 300.000 habitantes no capital de provincia—; Cáceres y Pamplona —capitales de provincia con entre 200.000 y 500.000 habitantes—; Algeciras (Cádiz) e Irún (Guipúzcoa) —con entre 50.000 y 200.000 habitantes— y Villena (Alicante) y Úbeda (Jaén) —con entre 20.000 y 50.000 habitantes—. 
Del estudio se deduce que Madrid tarda de media entre 90 y 120 días en los casos de licencias de obra mayor y entre 30 y 60 días para las de obra menor, mientras que Barcelona se demora 90 días en el primer caso y entre 30 y 40 en el segundo. Algeciras, exponente de los municipios de entre 50.000 y 200.000 habitantes, también se retrasa entre 90 y 180 días para las licencias de obra mayor, pero sus plazos se reducen considerablemente para las de obra menor, que se resuelven entre 1 y 15 días después de la solicitud. Pamplona, la más ágil Pamplona es la que menos tarda en resolver las licencias de obra mayor, con unos 30 días de promedio. Valencia también se mueve en una franja de entre 30 y 90 días. Con el fin de evitar demoras innecesarias, la institución propone agilizar los tiempos de tramitación para todo tipo de licencias urbanísticas, facilitar el uso de la declaración responsable con amplios criterios que permitan el pronto inicio de la actividad, de forma acorde con lo declarado por el firmante, y fomentar la claridad, sencillez y transparencia de los procedimientos de tramitación de licencias. 
Además, plantea que se coordinen los distintos departamentos municipales para los casos en que se necesita la obtención de licencias de actividades y de obras para la apertura de un establecimiento, de forma que se puedan tramitar y resolver simultáneamente. E insta a los entes supramunicipales a suplir la falta de medios de los municipios más pequeños con asesoramiento permanente técnico y jurídico, apoyo material y asistencia en el procesamiento de la información, en las comunicaciones y en las sedes electrónicas. Pamplona es la que menos tarda en resolver las licencias de obra mayor, unos 30 días de promedio Con todos estos datos, el Defensor del Pueblo formuló una serie de recomendaciones, que se dirigieron a los ayuntamientos y también a la Federación Española de Municipios y Provincias. Entre ellas dar un tratamiento adecuado a la declaración responsable, sustitutivo de la licencia en muchos casos tras las últimas reformas legislativas, y dar un trato adecuado al silencio administrativo, ya sea positivo o negativo, de manera que aunque no haya decisión expresa sobre la solicitud de licencia, siempre se haga un seguimiento de los actos materiales que se realicen. Se aconseja asimismo emplear un plan de inspecciones de obras y suplir la falta de medios de los municipios más pequeños con apoyo técnico, jurídico y material, incluida la asistencia en el procesamiento de la información, en las comunicaciones y en las sedes electrónicas. 
 
1 de octubre de 2015 
 
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RETRASAR 4 MESES UNA LICENCIA URBANÍSTICA ES DESTRUIR EMPLEO 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de licencias urbanísticas. Si las autoridades no hacen nada para impedir estos retrasos en la concesión de licencias urbanísticas serán corresponsables en lo que conlleva que es la destrucción masiva de empleo. En la situación actual de desempleo de España, este tipo de demoras deberían ser calificadas como infracciones gravísimas. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en una de sus comparecencias en el Senado ha pedido agilizar la tramitación de licencias urbanísticas. Para el caso de licencias de obra mayor en Madrid el plazo oscila entre 90 y 120 días, y en Barcelona ronda los 90 días. Donde menos se tarda es en Pamplona, con 30 días, mientras que en Algeciras se puede prolongar hasta los 180. Por su parte, en las licencias de obra menor en Madrid oscila entre los 30 y 60 días y en Barcelona, va de 30 a 40 días. En este caso, en Valencia y Algeciras puede durar tan sólo un día, aunque en el primer municipio se puede prologar hasta 30 días y en el segundo, hasta 15.  
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Defensor del Pueblo insta a los municipios a "agilizar, para todo tipo de licencias urbanísticas, los tiempos de tramitación", además de recomendar que se fomente la "claridad, sencillez y transparencia" de los procedimientos. Así consta en el informe 'Tramitación de licencias urbanísticas: procedimientos y duración de los trámites' presentado por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante su comparecencia en el Parlamento. La institución, que dirige estas recomendaciones a la Federación Española de Municipios y Provincias Femp "con el ruego de su máxima difusión", considera necesario avanzar en el uso de la declaración responsable con "amplios criterios que permitan el pronto inicio de la actividad, de forma acorde con lo declarado por el firmante".
En el documento se aboga también por "coordinar" los distintos departamentos municipales para los casos en que se necesita la obtención de licencias de actividades y de obras para la apertura de un establecimiento, de forma que se puedan tramitar y resolver simultáneamente.Por otra parte, se insta a los entes supramunicipales a suplir la falta de medios de los municipios más pequeños con asesoramiento permanente técnico y jurídico, apoyo material y asistencia en el procesamiento de la información, en las comunicaciones y en las sedes electrónicas.En el informe del Defensor del Pueblo se recoge el plazo de tramitación de licencias urbanísticas de una serie de municipios, teniendo en cuenta la comprobación previa y los trámites hasta la decisión, que incluyen subsanaciones e informes. 
Tomando una muestra de diez municipios --Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, Cáceres, Pamplona, Algeciras (Cádiz), Irún (Guipúzcoa), Villena (Alicante) y Úbeda (Jaén)--, la institución pidió información a los ayuntamientos en 2014 sobre los problemas ordinarios que surgen al tramitar una solicitud de licencia de obras, sobre los tiempos medios de tramitación y sobre los recursos personales y materiales de los que disponen.
Según el informe de la Defensora del Pueblo, en el caso de la ciudad de Cáceres, los retrasos que se producen en la concesión de licencias son debidos a la "variedad y extraordinaria dificultad" de la normativa técnica (Plan General Municipal, Código Técnico de la Edificación, reglamentos de accesibilidad, habitabilidad, Ordenanzas de Ruido, RITE, Planes Especiales, etcétera).
Ello produce "en ocasiones contradicciones e incluso imposibilidad práctica de su aplicación", lo que hace "necesario" adoptar criterios "interpretativos" por la Comisión de Urbanismo, con "más retrasos", añade el estudio, que recoge Europa Press.
Igualmente, indica que esta "dificultad técnica", unida a la "escasez" de medios técnicos personales que evalúen estos proyectos, provoca que el "mayor" periodo de tiempo en los expedientes sea la tarea de realización de los informes.
Asimismo, explica que las autorizaciones sectoriales que se requieren en determinados expedientes (medio ambiente, Confederación Hidrográfica, carreteras, industria, etcétera) también provocan "grandes dilaciones" en la tramitación.
Por otra parte, entiende que sería "mejorable" en la ciudad de Cáceres la notificación vía telemática sin que se exija la validación en plataformas que conllevan "un cierto coste económico y de tramitación".
De igual modo, defiende que la implantación de registros telemáticos y de procedimientos y programas internos "eficaces", así como externos con otras Administraciones (publicaciones, comunicaciones con Colegios Profesionales), que permitan agilizar su tramitación sería "más que necesario".
El estudio señala, además, en Cáceres se ha ido aprobando normativa con un espíritu "liberalizador" basándose en un modelo de intervención administrativa "a posteriori" con figuras como la declaración responsable en un "intento de agilizar" la concesión de licencias, pero que ha provocado "malentendidos" en los administrados sobre el tipo de autorización al que se sujeta cada obra.
En concreto, incide en que si lo que se pretende es agilizar la concesión de licencias urbanísticas de obra y uso para ejercicio de actividades y someterlas al régimen de comunicación previa y declaración responsable, "se requeriría una modificación de la Ley de Ordenación de la Edificación que somete cualquier cambio de uso a proyecto y a licencia".
En la misma línea, la Defensora del Pueblo apunta que la implantación de nuevos usos debería permanecer sometida al régimen tradicional de intervención administrativa previa, a efectos de que con la "declaración responsable" se eviten "graves perjuicios" tras la inspección y comprobación una vez ejecutadas las obras y su adecuación al proyecto presentado y a la normativa, si bien reconoce también que "es cierto que es absolutamente necesario que esa intervención previa en la concesión de licencias sea mucho más rápida y eficaz".
RECOMENDACIONES
Por otro lado, a partir de esa información recabada a nivel nacional por el estudio, la Defensora del Pueblo formuló varias recomendaciones dirigidas tanto a los gobiernos locales como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Por ejemplo, les advierte de que no deben extender "indebidamente" los ámbitos de actividad económica exentos de licencia y recuerda que, estrictamente, solo está exento el comercio minorista, y no siempre si contiene instalaciones molestas, insalubres o peligrosas.
"No debe asimilarse cualquier actividad económica a la actividad de comercio al por menor ni a una actividad de servicios", señala, añadiendo que, además del interés económico general, también la protección del medio ambiente y del entorno urbano y la conservación del patrimonio histórico constituyen "razones de interés general para que el ayuntamiento intervenga".
Sobre la declaración responsable, sustitutiva de la licencia en muchos casos tras las últimas reformas legislativas, dice que este documento puede ser inveraz o inexacto y que las obras realizadas pueden no ajustarse a lo declarado. Por ello, la responsabilidad del firmante no queda limitada por la declaración y la Administración no queda liberada de su deber de comprobación.
SILENCIO ADMINISTRATIVO
En relación con el silencio administrativo, propone que, aunque no haya decisión expresa sobre la solicitud de licencia, se haga siempre un seguimiento de los actos materiales que se realicen. Es decir, que la Administración no puede obviar su deber de inspección para comprobar que no hay obras (ante un silencio negativo) o que las obras que se realizan son las autorizadas tácitamente (ante un silencio positivo).
Asimismo, aconseja una aplicación "rigurosa" pero no "rígida" de los criterios para clasificar los procedimientos en obra mayor, obra menor y reparación leve, a fin de no actuar con una tolerancia excesiva pero tampoco provocar retrasos injustificados.
Otra recomendación apunta a los informes de otras administraciones y organismos cuya recepción puede demorarse, e indica que el ciudadano debería poder contar con los ayuntamientos para que impulsen el procedimiento.
FALTA DE MEDIOS
El informe dedica un apartado a los pequeños y medianos municipios (de 3.000 a 20.000 habitantes), cuyos recursos económicos son limitados y, por tanto, no tienen suficientes medios personales y materiales. Por ello, la Defensora pide a instituciones como las diputaciones provinciales que suplan esas carencias con apoyo técnico, jurídico y material, incluida la asistencia en el procesamiento de la información.
Entre las recomendaciones dirigidas a la FEMP, se incluyen las de agilizar los tiempos de tramitación de las licencias urbanísticas y fomentar la claridad, sencillez y transparencia de los procedimientos.
En cuanto a la tramitación y la duración de los procedimientos, la institución concluye que "la lentitud no parece ser la regla en los ayuntamientos consultados". Eso es así sobre todo en los trámites principales, según la Defensora del Pueblo, que, en cambio, expresa sus "dudas" sobre la fase de comprobación final y de inspecciones periódicas de las obras.
Sin embargo, el informe destaca que, "en la actual situación económica, las empresas y particulares que acuden al Defensor del Pueblo denuncian la incertidumbre sobre el tiempo que se tarda en resolver sus solicitudes de licencia".
Tras recordar que sin licencia no se puede obtener financiación y que queda paralizado el proceso de ejecución de las obras, señala que para obtener una licencia para obra de reforma menor en un local o en un edificio en los municipios analizados hay que esperar entre uno y 60 días. Si la licencia es para obra mayor, los tiempos varían entre los 30 y los 180 días.
Por ejemplo, una licencia para obra menor se demora entre 30 y 60 días en Madrid, entre 30 y 40 días en Barcelona y entre uno y 30 días en Valencia. Para una obra mayor, aumenta a entre 90 y 120 días en Madird, 90 en Barcelona y entre 30 y 90 en Valencia.