| Distrito Castellana
Norte contempla la inversión de unos 6.000 millones de euros para
el desarrollo de una extensión de tres millones de metros cuadrados.
El nuevo barrio de Madrid albergará unas 17.000 nuevas viviendas.
La promotora de la operación está participada por BBVA y
Grupo San José.
Distrito Castellana
Norte abrió un proceso de participación ciudadana, consistente
en una exposición itinerante del desarrollo durante tres semanas
por los distritos que se verán involucrados en la operación:
Begoña, Chamartín y Hortaleza.
En este proceso
participaron en torno a 7.000 vecinos de la zona y una cincuentena de organizaciones
de todo tipo, entre ellas diez asociaciones vecinales de los barrios afectados.
Una buena parte de los ciudadanos dejaron sus sugerencias, muchas de las
cuales también han sido presentadas posteriormente como alegaciones
ante el Ayuntamiento.
PLAN PARCIAL
DE REFORMA INTERIOR DE DISTRITO CASTELLANA NORTE
Según
el documento, del total de suelo del ámbito, 1.981.475 m2 será
para equipamientos e infraestructuras, y 508.986 para zonas verdes. De
los 3.160.052 m2 de edificabilidad establecida, 1.773.877 serán
de uso residencial para la construcción de más de 17.000
viviendas, de las que el 10% contarán con algún tipo de protección.
El resto de la edificabilidad se destina a usos terciarios, capaces de
convertir el ámbito en un centro de negocios y de alta tecnología
que se configure como una nueva área de centralidad.
El proyecto
también fija las infraestructuras previstas, entre ellas la mejora
de la estación de Chamartín, los nuevos nudos de la M-30
y M-40 y la nueva red de metro a la zona.
Incorpora a
la ciudad unos terrenos ahora ocupados por los servicios ferroviarios y
completa el tejido urbano de una zona obsoleta, que a día de hoy
supone una barrera, con criterios medioambientales y de calidad.
El convenio
urbanístico del 22 de enero de 2015 para la gestión y ejecución
del Plan Parcial de Reforma Interior "Prolongación Castellana",
que sustituye al convenio firmado en 2011 fue firmado por el Ayuntamiento
de Madrid, la Comunidad de Madrid, Adif Alta Velocidad, Renfe, el Canal
de Isabel II, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y la entidad gestora
Desarrollo Urbanístico Chamartín S.A., DUCH.
El convenio
establece el régimen de gestión del ámbito y determina
las obligaciones que corresponden a cada parte, la forma en que han de
desarrollarse y la imputación de los costes de las infraestructuras
entre los propietarios de suelo y administraciones públicas.
Las infraestructuras
que se establecen en el convenio y la distribución que de las mismas
se hace entre las administraciones y los propietarios no varían
respecto del anterior convenio, salvo aquellas cuestiones sobre las que
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronunció en
su sentencia de junio de 2013, que entendía, entre otras cuestiones,
que determinadas infraestructuras no debía de ser costadas por los
propietarios, al tratarse de sistemas generales que dan servicio a toda
la ciudad y no sólo al ámbito.
Sin perjuicio
de las cargas urbanísticas que correspondan por la titularidad de
suelos dentro del ámbito, las entidades públicas Adif y Adif
Alta Velocidad, asumen la ejecución de la remodelación de
la Estación de Chamartín; el nuevo túnel de conexión
para la línea de alta velocidad Atocha-Chamartín; las estaciones
de Fuencarral; y la construcción de la losa de cubrimiento de vías.
Será
también competencia de Adif y Adif Alta Velocidad la ordenación
de las Estaciones de Chamartín, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte,
y la construcción del edificio de viajeros de la nueva Estación
Multimodal de Chamartín.
El Canal de
Isabel II se encargará del traslado de sus instalaciones situadas
en el ámbito. En cuanto a la nueva línea de Metro, corresponderá
a la Comunidad de Madrid la redacción del proyecto y la ejecución
de las obras, cuyo coste correrá a cargo de DUCH el coste de las
obras.
Corresponde
al Ayuntamiento de Madrid la ejecución de las obras de construcción
del Nudo Norte y del Nudo Fuencarral previstas en el Plan Parcial. Su pago
corre a cargo de los propietarios de suelo.
Además,
el Ayuntamiento, con independencia de las cargas que le correspondan, pondrá
a disposición de la Empresa Municipal de Transportes unos terrenos
adecuados fuera del ámbito donde ubicar las instalaciones que actualmente
la empresa municipal tiene en el mismo.
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