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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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4 de mayo de 2015
 
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ALMUÑÉCAR NEGOCIARÁ LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS ANULADOS
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de convenios urbanísticos y en la guía del urbanismo de Andalucía. El Ayuntamiento de Almuñécar tratará de negociar con las empresas que años atrás firmaron convenios urbanísticos que fueron anulados por no llegarse a aprobar el planeamiento urbanístico que los debía desarrollar. Así lo anunció el actual equipo de Gobierno durante un acto en el que se hizo balance del mandato que concluye, en el que se detalló que con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se buscará la solución a aquellos acuerdos aun pendientes, en la medida de lo posible. «La idea es tratar de que aquellos convenios que sean reconducibles se puedan integrar en el futuro plan urbanístico para no tener que devolver las cantidades millonarias», aseguró el concejal de Urbanismo, José Manuel Fernández.
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El Ayuntamiento se enfrenta al pago de 1.331.000 euros por convenios vinculados a un plan urbanístico de desarrollo del municipio que al final no se realizaron. «Nosotros vamos a plantarle cara a los problemas. Hay más de tres millones en reclamaciones; en convenios existen unos 16 millones, de los que se devolverán ocho o nueve», explicó la alcaldesa sexitana, Trinidad Herrera, quien afirmó que tienen «la mejor voluntad para estudiar las formas de pago o de solución a estos conflictos».
 
 ANTECEDENTES

24 de abril de 2015 

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EL PROBLEMA DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS DE ALMUÑÉCAR (GRANADA) 
¿Qué aprendo? 
Los convenios urbanísticos se analizan en la guía práctica inmoley.com de convenios urbanísticos y en la guía del urbanismo de Andalucía. Entre 2004 y 2006, siendo alcalde Juan Carlos Benavides, el ayuntamiento de Almuñécar suscribió convenios urbanísticos que dependían de un Plan General de Ordenación Urbana PGOU que no llegó a aprobarse. Se trataba de convenios de planeamiento urbanístico relacionados con la reclasificación del suelo rústico y convenios de gestión urbanística, por los que los que las promotoras inmobiliarias cedían el aprovechamiento y hacían entrega de un 5% de la cantidad a abonar al Ayuntamiento. A modo de ejemplo, los convenios urbanísticos del puerto deportivo de la Sandovala o el campo de golf de Río Verde. 
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La mayor parte de estos convenios urbanísticos fueron impugnados judicialmente por el Partido Popular de Almuñécar, comunidades o ciudadanos y, salvo aquellos que no se admitieron por motivos formales, «todos los convenios urbanísticos han sido anulados», según informan desde el actual gobierno municipal, que señala que ya hay más de quince sentencias firmes que declaran nulos de pleno derecho esos convenios. Otros tantos procesos están pendientes de ser resueltos pero son idénticos a los que ya se han juzgado.
Como Almuñécar no ha aprobado un Plan General de Ordenación Urbana en estos diez años, no puede cumplir ni uno solo de esos convenios apalabrados al futuro y por eso particulares y promotoras están reclamando los importes entregados al Ayuntamiento. 

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Juan José Ruiz Joya, recordó que el PP ya avisó de estos convenios en 2005 y que los denunció. «Ahora la justicia no ha dado la razón al Consistorio y la manera de gestionar de Juan Carlos Benavides va a suponer la ruina de muchas familias, que pidieron préstamos para hacer frente esos pagos por adelantado, y la ruina del propio Ayuntamiento que tendrá que pagar ahora ocho millones de euros». Para Ruiz Joya no hay justificación para «gastar el dinero antes de unas elecciones municipales a lo loco» y se teme que ahora todos los almuñequeros tendrán que pagar por aquellos convenios que la justicia está anulando.

El Partido Andalucista de Benavides explica que los acuerdos «fueron consecuencia directa de los convenios de planeamiento aprobados por el pleno con los votos andalucistas y populares. En ellos se contemplaba la adquisición por los propietarios de los terrenos del 10% de aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento». Para garantizar dicho acuerdo, «los propietarios adelantaron el 5% de su importe, que fue destinado íntegramente a las inversiones en equipamientos e infraestructuras contemplados en los mismos, según evidencian los informes emitidos por la intervención municipal», recuerda el PA. 


 

 
 
 
 
 

 

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