| EL PROCEDIMIENTO
La primera
fase de la tramitación hacia la regularización de las diversas
modalidades de construcciones que existen en cada término consiste
en que los municipios determinen qué viviendas irregulares se encuadran
en sus asentamientos urbanísticos, con qué hábitats
rurales diseminados cuentan y, por último, cuáles son las
edificaciones aisladas cuya reconducción debe venir de la mano de
la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación,
ya sea a través de la aprobación de avance o de la declaración
de innecesariedad.
La fórmula
más empleada hasta el momento por los consistorios es la de la declaración
de innecesariedad --no tienen asentamientos, sólo construcciones
aisladas--, camino que han culminado ya 22 municipios: Almonte, Bonares,
Cartaya, El Cerro de Andévalo, Cortelazor, Chucena, Escacena del
Campo, Galaroza, Higuera de la Sierra, Isla Cristina, Lepe, Manzanilla,
Los Marines, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre,
Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Valverde del
Camino, Villablanca, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa y Zufre.
Según
la Consejería, para que el decreto despliegue todos sus efectos,
los municipios tienen que definir qué viviendas irregulares se encuadran
en los asentamientos urbanísticos, con qué hábitats
diseminados cuentan y, por último, cuáles son las edificaciones
aisladas «cuya reconducción debe venir de la mano de la declaración
de asimilado a fuera de ordenación (AFO)».
De momento,
un total de 343 localidades (el 44 por ciento de todas las de Andalucía)
ya han superado esta primera fase y están, por tanto, en condiciones
de que el decreto se haga efectivo sobre el conjunto de las diversas modalidades
de construcciones o edificaciones existentes en sus territorios.
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