Tampoco sirvió
el informe técnico de parte o las manifestaciones de vecinos y del
constructor, porque el tribunal no les concede validez en un proceso de
«especial rigor» por «tratarse de una obra ilegal, carente
de autorización y licencia».
Del mismo modo,
los jueces no tienen en cuenta la apelación a «unas hipotéticas
y futuras previsiones de planeamiento que no consta que hayan alcanzado
su aprobación definitiva».
Sin embargo,
el alcalde, José Marcote, si cree que la aprobación del plan
general -al menos eso le dicen los técnicos redactores y los consultores
jurídicos- servirá para salvar este tipo de viviendas. En
el caso de Mar de Fóra son al menos una decena de las que tres ya
han sido derribadas para reducir la sanción.
El regidor
admite que decisiones de este tipo implican un dilema político e
incluso moral, pero acordaron agilizar en lo posible el PXOM, para solucionar
estos problemas y otros que afectan más directamente a las arcas
municipales, como es la anulación de licencias en la recta de la
Anchoa, que podrían implicar el pago de cuantiosas indemnizaciones.
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