| El
efecto en los mercados fue inmediato: las acciones de Ørsted cayeron
un 16 % en apenas tres días, pasando de 24,79 € a 20,74 €
por acción, su nivel más bajo en cinco años. Analistas
como Jacob Pedersen (Sydbank) calificaron la reacción como “devastadora”,
reflejando el temor a un endurecimiento generalizado de la política
energética.
Ørsted
ha anunciado que evalúa acciones legales y negociaciones regulatorias
para desbloquear la obra y minimizar pérdidas. La compañía,
líder mundial en eólica marina, advierte de que el retraso
podría implicar costes adicionales superiores a los 300 millones
de euros si la suspensión se prolonga más allá de
2025.
La decisión
de Washington coincide con un clima político adverso en Reino Unido,
donde el partido Reform ha amenazado a los operadores renovables con la
retirada de subsidios estatales, enviando cartas a Octopus, Centrica, RWE,
SSE, Scottish Power, Equinor, Ørsted y Vattenfall. Este doble frente
–EE. UU. y Reino Unido– proyecta incertidumbre sobre inversiones que, en
Europa, superan los 40.000 millones de euros anuales en nueva capacidad
renovable.
Para España,
que aspira a captar proyectos internacionales en eólica marina y
centros de datos vinculados a energías limpias, el caso Revolution
Wind es una advertencia: la estabilidad regulatoria es tan decisiva como
la disponibilidad de recursos naturales.
Autoría:
Vicente Martín – Abogado especializado en Energía y Urbanismo
con experiencia en proyectos de infraestructuras renovables
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