| El anuncio
fue hecho por el presidente del Gobierno, António Costa, y por los
ministros de Vivienda, Marina Gonçalves, y de Hacienda, Fernando
Medina, en medio de un amplio abanico de medidas para aumentar la oferta
de viviendas en el país.
El aumento
de los tipos de interés, la escasa oferta de inmuebles y el creciente
interés de los extranjeros que ya representan más del 10%
de las compras inmobiliarias en el país provocaron una tormenta
perfecta en el mercado inmobiliario portugués.
La situación
es particularmente crítica en las grandes ciudades. En Lisboa, según
una encuesta realizada en varias ciudades europeas por la plataforma inmobiliaria
Casafari, los alquileres aumentaron un 36,9% entre diciembre de 2021 y
el mismo mes de 2022.
Desde la compra,
el gobierno también creó un mecanismo de apoyo al pago de
alquileres, dirigido a familias que sufren fuertes caídas de ingresos.
El importe de los subsidios dependerá de factores como los ingresos
y la composición del hogar, pero tendrá un tope de 200 por
mes.
Los cambios
también implican una serie de dispositivos de beneficios fiscales,
que reducen los impuestos en diversas operaciones. Quienes compren casas
para ser incluidas en el programa nacional de vivienda asequible estarán
exentos de algunos impuestos, incluido el impuesto sobre la renta.
UNA DE LAS
MEDIDAS MÁS POLÉMICAS DEL ANUNCIO ERA LA POSIBILIDAD DE OBLIGAR
A LOS PROPIETARIOS A PONER EN EL MERCADO DE ALQUILER VIVIENDAS VACÍAS.
El último
Censo portugués, realizado en 2021, indica la existencia de más
de 720 mil viviendas desocupadas en el país.
En Lisboa,
una de las ciudades con mayor presión sobre el mercado inmobiliario,
se estima que el 15% de las viviendas están vacías.
La iniciativa
fue catalogada como disruptiva por el propio primer ministro. Cuestionado
por los periodistas si la renta coercitiva no podría lesionar el
derecho a la propiedad privada, António Costa afirmó que
“las medidas propuestas respetan escrupulosamente la Constitución”,
pero que el gobierno está abierto a mejorar el mecanismo que se
presente.
Para que entre
en vigor, el alquiler obligatorio, como muchas de las otras iniciativas,
debe ser aprobado por el Parlamento. Como el Partido Socialista tiene mayoría
absoluta en la Cámara, no necesitará negociar con otros partidos
para hacer viable la propuesta.
El Instituto
Nacional de Estadística luso ha censado 723.215 hogares vacíos
en todo el país. El Estado podrá alquilarlos para subarrendarlos
durante cinco años y actuar como un mediador inmobiliario, que cobra
al inquilino y paga al propietario. Estos alquileres nunca podrán
superar el 35% de los ingresos del núcleo familiar. El Estado asumirá
las rentas impagadas, de forma que los propietarios siempre las perciben,
y gestionará con el inquilino una solución para la deuda,
que en el peor de los casos puede incluir el desahucio
El intervencionismo
público también se extenderá sobre los precios de
nuevos alquileres, algo que no ocurría en Portugal desde 1985, cuando
se legisló para liberalizarlos. A partir de ahora se establecerá
un techo máximo de subida para los nuevos contratos de arrendamiento
de viviendas, que estará vinculado tanto a la evolución como
a las previsiones de la inflación. Con esto se pretenden evitar
las subidas disparadas en los precios de alquiler, que acaban forzando
la salida de inquilinos que no pueden asumirlos.
ALQUILERES
VACACIONALES
El Ejecutivo
socialista también anunció el fin de nuevas licencias de
alquileres vacacionales, como Airbnb, en el país. Existirá,
no obstante, una excepción: “licencias de alojamiento rural en zonas
sin presión urbanística, donde estos alojamientos contribuyan
al desarrollo local”. El gobierno reevaluará todas las licencias
existentes en 2030 e implementará una revisión obligatoria
cada 5 años.
Los propietarios
de inmuebles en régimen de alquiler de temporada tendrán
beneficios fiscales si deciden traspasar sus viviendas a arrendamiento
de vivienda.
El Ejecutivo
prohibirá la concesión de nuevas licencias, a excepción
de alojamientos rurales en municipios del interior donde “no hay presión
urbanística” y “puedan ser un factor importante para la dinamización
económica”, explicó el primer ministro.
Las licencias
ya concedidas se revisarán en 2030 y, a partir de entonces, se someterán
a evaluaciones periódicas cada cinco años.
Los propietarios
de estos alojamientos tendrán que pagar una tasa extraordinaria
que irá dirigida a financiar políticas de vivienda y también
habrá beneficios fiscales para quien, hasta 2024, pase su piso turístico
al mercado de alquiler de vivienda.
Costa reconoció
que el alojamiento local “tuvo un fuerte poder de dinamización de
las ciudades, de creación de empleo”, pero restó valor al
impacto que puede tener la medida en el sector del turismo, uno de los
motores económicos del país.
“No podemos
matar la gallina de los huevos de oro”, dijo, y defendió que el
turismo no llegará por convertir las ciudades en una “especie de
Disneyland” sino por ofrecer una “experiencia única”.
A finales de
diciembre había 108.523 viviendas turísticas registradas
oficialmente en Portugal. La rehabilitación de los centros históricos
de Lisboa y Oporto, muy deteriorados durante décadas, fue una de
las contribuciones positivas del desarrollo de las nuevas plataformas de
alquiler turístico, pero también provocaron la expulsión
de residentes locales y la gentrificación urbana. En algunos distritos
de Lisboa se avanzó casi hacia una especialización, con el
60% de las casas de alquiler dedicadas al turismo. Estos excesos fueron
corregidos con moratorias transitorias en zonas saturadas y algunas decisiones
como una sentencia del Tribunal Supremo, que permitía vetar pisos
turísticos en edificios residenciales.
Con su prohibición,
el Gobierno portugués confía en que se incentive “el regreso
al mercado inmobiliario de alojamientos que ahora son turísticos”,
señaló el jueves António Costa, al finalizar un Consejo
de Ministros dedicado en exclusiva a la vivienda y donde se aprobó
el paquete de medidas que costarán 900 millones de euros.
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