El presidente
del Gobierno ha anunciado hoy la renovación de las medidas anticrisis,
aprobadas el pasado 28 de marzo en Consejo de Ministros, y entre las que
se encuentra la limitación de las subidas del alquiler al 2% ante
la elevada inflación. Sobre esto, desde ASVAL queremos manifestar
que:
Consideramos
que no es aceptable que se prorrogue esta medida, que se aprobó
únicamente como una herramienta excepcional y acotada en el tiempo.
Esta medida,
que afecta a más de dos millones de españoles, que son propietarios
de vivienda en alquiler, y que necesitan de esta renta para complementar
sus ingresos o su pensión.
Esta medida
carga sobre los propietarios, que también están sufriendo
la escalada de la inflación, el problema social de la vivienda,
sin recibir ningún tipo de compensación. Esta limitación
sitúa al mercado en una situación delicada, que desincentiva
la inversión en alquiler y que derivará la oferta al sector
de la venta.
Con esta medida
se produce una transferencia de renta de los propietarios a los inquilinos
injustificada, máxime teniendo en cuenta que el 95% de los arrendadores
en España son pequeños propietarios.
Se trata de
una norma que, al igual que el Proyecto de Ley de Vivienda o que la ley
que ampara la ocupación ilegal en Cataluña, se limita a trasladar
el problema de la vivienda a los propietarios privados para que lo solucionen,
cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Así,
están vaciando de contenido el derecho de propiedad privada, consagrado
en el artículo 33 de la Constitución Española.
Asimismo, consideramos
injusto que se establezcan subvenciones o ayudas para otros sectores, como
el de los carburantes o el energético, cuando se tratan de empresas
grandes, y no se incluya ningún tipo de compensación para
el mercado del alquiler, en manos principalmente de propietarios particulares.
Desde ASVAL,
con más de 4.000 asociados (un 95% de ellos, propietarios particulares),
estamos estudiando medidas legales, a las que podrán sumarse cualquier
propietario de viviendas en alquiler en España, para reclamar compensaciones
al Estado por el perjuicio causado por la intervención inasumible
en las rentas.
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