| A modo de
ejemplo, en toda Cataluña, de los municipios estudiados con más
de 20 contratos de alquiler registrados en 2020, son 16 los que registran
unas rentas medias de alquiler que superan los 1.000 € mensuales coincidiendo
mayoritariamente con municipios de tipología predominante de vivienda
unifamiliar, de los que destacan por orden Sant Vicenç de Montalt,
Cabrils, Sant Just Desvern, Das, Sant Cugat del Vallès, Alella,
Teià, Bolvir, Premià de Dalt, Vallromanes, Tiana, Matadepera,
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Martí de Llémena , Castelldefels
y Sitges.
BARCELONA
Está
claro que el precio de un activo llega hasta la demanda y la oferta encuentra
su punto de equilibrio pero una vez analizado el número de contratos,
las rentas medias y las rentas por m2 de superficie en la ciudad, se puede
afirmar que el problema del mercado de alquiler en Barcelona, no pasa tanto
por centralizarlo en el análisis de las rentas elevadas sino en
estudiar la evolución del m2, ya que el coste de una renta mensual
responde a las características y cualidades de un determinado producto.
De este modo,
el precio / m2 de renta de una vivienda en la ciudad condal no ha variado
mucho en este último año, situándose en 13,89 €
/ m2 / mes en 2020, lo que representa una disminución interanual
prácticamente inexistente, del 0,7%, es decir, -0,10 € en comparación
con la renta media registrada en 2019. Las variaciones en todos los distritos
han sido muy moderadas; mientras que los distritos de Ciutat Vella, Eixample,
Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, muestran ligeras disminuciones del
importe del alquiler por m2 de superficie, el resto muestra suaves incrementos,
destacando el más elevado los de Sants-Montjuïc y Sant Andreu
(1,1% respectivamente).
Por barrios
de la ciudad, los que tienen un mercado de alquiler más activo por
encima de los 2.000 contratos del año es únicamente la Villa
de Gracia y, por encima de los 1.500 contratos, se encuentran la Sagrada
Familia, la Antigua Izquierda del Eixample, la Derecha del Ensanche y la
Nueva Izquierda del Eixample. En cuanto a las rentas medias de 2020, destacan
con incrementos más pronunciados Baró de Viver y Torre Baró
por encima del 10% contra los barrios de Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou, Can Peguera y la Clota, con disminuciones en torno al 11%.
POSICIÓN
APCE
En este contexto
de presión de la demanda e insuficiencia de la oferta, cabe decir
que primeramente sería necesario recuperar la seguridad jurídica
con un marco jurídico estable para favorecer la confianza para poder
acometer inversiones a largo plazo y propiciar el incremento del parque
de viviendas de alquiler, así como incrementar la oferta para ayudar
a estabilizar los precios, generando tanto vivienda de alquiler libre como
viviendas asequibles y viviendas sociales, que no se consigue con una medida
como la ley 11/2020 de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia
de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de viviendas
y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley
4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda.
Evidentemente,
el derecho a una vivienda digna debe ser garantizado por la administración
pública con la implicación y colaboración del sector
privado, pero con la aprobación de estas medidas el sector público
está trasladando al sector privado la responsabilidad de dar respuesta
a la problemática de la escasez de vivienda social, además
de adoptar medidas que se muestran contrarias a la protección que
la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo
33 de la Constitución.
La inexistencia
de un parque público de alquiler es responsabilidad de las administraciones
públicas. Habrá que buscar el justo equilibrio entre la protección
del inquilino y la defensa legítima de los intereses de los propietarios.
Por ello se hace indispensable adoptar medidas que actúen directamente
contra el origen del aumento del precio de renta de la vivienda, que no
es otro que la escasez de oferta: no hay vivienda suficiente para abastecer
la demanda.
En este sentido,
se deberían adoptar medidas que incentiven la construcción
de un parque de vivienda social o de renta limitada suficiente y estable
en el tiempo mediante estímulos fiscales de todo tipo (bonificaciones,
subvenciones, etc.), y no medidas restrictivas de la libertad de mercado
ni penalizadoras.
Tampoco tenemos
que ir muy lejos para encontrar ejemplos fallidos de la aplicación
de este tipo de medidas: Europa ha dado muestras más que suficientes
de que el control de los precios del alquiler no es la medida adecuada.
Si bien en
un primer momento puede dar la sensación de que efectivamente el
precio de la renta está bajo control, lo cierto es que el transcurso
del tiempo conlleva la aparición de problemas de diversa índole
que inciden negativamente y provocan una disminución de la oferta,
como por ejemplo puedan ser los que afectan a la calidad de la oferta,
y el mantenimiento de las viviendas y de sus servicios.
Además,
hay que recordar las medidas de aplicación de la emergencia habitacional
de los grandes tenedores y las medidas de protección para la Covid-19.
Todo ello,
sin lugar a dudas, producirá una mayor escasez de viviendas y un
deterioro de parque inmobiliario, lo que agravará más aún
la situación. Es muy importante que en lugar de trasladar la responsabilidad
del sector público al privado, se consiga un gran pacto por la vivienda
y el urbanismo que incluya a todas las administraciones, partidos políticos
y agentes implicados a desarrollar el parque de viviendas de alquiler asequible
deseado con la colaboración público-privada. Sin duda los
fondos europeos son una oportunidad para trabajar en este objetivo.
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