| En enero,
el Ejecutivo español pretende presentar el proyecto definitivo.
La Comisión evaluará los planes en un plazo de dos meses.
Una vez aprobados
los proyectos y sus cantidades, los estados deberán dar información
detallada a Bruselas cada tres meses dentro del procedimiento del semestre
europeo.
La ayuda europea
permite diseñar políticas expansionistas, pero a la vez exige
una agenda de reformas, y en particular en la derogación de la reforma
laboral.
La mesa de
diálogo social para la derogación de la reforma laboral está
suspendida desde la pandemia y seguramente seguirá así durante
toda la legislatura.
CREACIÓN
DE UN COMITÉ DE ALTO NIVEL PARA EL ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO
SOBRE EL FONDO DE 140.000 MILLONES QUE REÚNE A GRANDES EMPRESAS
El gobierno
está ultimando la configuración de la Unidad de Seguimiento
del Fondo de Recuperación, un equipo de nueva creación adscrito
al gabinete de Presidencia, y que será el encargado de elevar a
la Comisión Europea los proyectos empresariales candidatos al 'súperfondo'
que aprobó el Consejo Europeo en su dramática reunión
de julio y del que a España le corresponden 140.000 millones.
El gobierno
quiere incorporar a grandes compañías del Ibex al llamado
"grupo de alto nivel" que conjugará la colaboración público-privada.
Es decir, la gestión de las ayudas y la presentación en Bruselas
será misión de la administración pero la ejecución
de las mismas será labor de las compañías. No se descarta,
incluso, la participación de alguno de los grandes del Ibex en este
grupo como ha ocurrido en Italia con el comité de Vittorio Colao,
exCEO de Vodafone, que está asesorando a Giuseppe Conte en la búsqueda
de soluciones económicas para afrontar la crisis.
El objetivo
de Moncloa es que la gran empresa colabore en la búsqueda de proyectos
candidatos a entrar en el 'bombo' de las ayudas.
Los proyectos
que recibirán financiación serán eminentemente digitales,
ecológicos y de cohesión social. Los Fondos se canalizarán
a través de dos grandes instrumentos: Facilidad de Recuperación
y Resiliencia y React-EU.
El Fondo de
Facilidad tiene como objetivo promover reformas e inversiones que aumenten
la resiliencia y el crecimiento a largo plazo de los países, con
las transiciones verde y digital, igualdad de género y cohesión
social y territorial como objetivos.
De esta forma,
en la esfera de la transición ecológica, las reformas podrían
incluir la reforma del mercado eléctrico para fomentar las energías
renovables y también las normas de renovación de edificios
para mejorar la eficiencia energética. Las inversiones podrían
incluir la renovación de edificios públicos, incentivos fiscales
para impulsar el vehículo eléctrico, o inversiones en energías
renovables o la propia renovación de edificios residenciales para
mejorar la eficiencia.
El fondo React-EU
quiere asegurar la cohesión económica y social financiando
programas de creación de empleo, la inversión en productos
y servicios para los sistemas de salud, el capital circulante o la inversión
de las pymes, inversiones en infraestructuras que proporcionen servicios
básicos a los ciudadanos y medidas económicas en las regiones
más afectadas por la crisis.
En la gestión
del Comité de Alto Nivel, además de las empresas y Moncloa,
participarán activamente los Ministerios a los que afectan los proyectos,
eminentemente Economía, Industria y Transición ecológica,
pero también Trabajo, Transportes, Hacienda, Sanidad o Igualdad.
En este grupo
de alto nivel para cogestionar y ejecutar después las ayudas europeas
también entra la CEOE que ya ha puesto en marcha una oficina de
captación de proyectos candidatos a optar a estas ayudas comunitarias.
Lo ha hecho en colaboración con PwC y Moncloa pretender apoyarse
en ella durante los próximos meses.
La vicepresidenta
Nadia Calviño lleva preparando desde hace casi cinco meses el plan
de inversiones y reformas que el Gobierno va a enviar a Bruselas a lo largo
del mes de octubre. Ese documento marca la pauta a seguir para los proyectos
que aspiren a los fondos comunitarios. Es un informe que se lleva preparando
desde Semana Santa y que también tendrá su plasmación
en los Presupuestos de 2021 en los que está trabajando Hacienda
de manera intensa.
LIMITACIONES
PRESUPUESTARIAS
Más
del 80% del Presupuesto está ya comprometido en obligaciones administrativas.
El único margen, de hecho, procede de los fondos que vengan de Europa,
pero estos llegarán de forma gradual y condicionados a determinados
programas que deben ser aprobados por Bruselas. Y muchos de ellos están
ya comprometidos, como la financiación del coste extraordinario
del desempleo a través del fondo SURE.
Las obligaciones
de pago del Estado ya comprometidas, en concreto, y tomando como referencia
el avance de liquidación del Presupuesto de 2019, ascienden, al
menos, a 359.375 millones de euros, lo que supone el 68,8% de los 521.949
millones que gastó el año pasado el conjunto del sector público.
Las tres principales
partidas en términos de la contabilidad presupuestaria (que las
denomina ‘empleos’) son las prestaciones sociales que no se pagan en especie
(pensiones o desempleo), que suman 196.862 millones de euros; el sueldo
de los empleados públicos, en total otros 134.063 millones, y los
intereses de la deuda pública, que el año pasado ascendieron
a 28.450 millones de euros.
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