| Además,
la FAI ha señalado que las ayudas deben ir dirigidas a jóvenes
entre 25 y 35 años que cuentan con más dificultades añadidas
para acceder a una vivienda. La asociación ha alertado que el actual
contexto de inestabilidad puedo provocar que las entidades financieras
endurezcan las condiciones para acceder a una hipoteca. En este sentido,
la entidad propone que el Estado cubra temporalmente parte de los riesgos
hipotecarios.
José
María Alfaro. Coordinador general de la Federación de Asociaciones
inmobiliarias (FAI)
¿Qué
medidas propone para sostener el mercado inmobiliario a corto y medio plazo?
FAI pretende,
desde su experiencia en el día a día de los mercados de compraventa
y alquiler, incentivar la puesta en funcionamiento de medidas a corto plazo
que claramente sostengan el mercado inmobiliario en los próximos
meses, una vez todo apunta a que serán los más duros desde
el punto de vista económico y en términos de pérdida
de empleo. El sector inmobiliario español aporta cerca de un 5%
del PIB nacional, e indirectamente favorece la movilidad funcional y el
consumo. Medidas fiscales que propicien la toma de decisiones a corto paliarán
el previsible e inminente descenso de las operaciones inmobiliarias, que
provocará la inestabilidad e incertidumbre que está generando
la crisis del COVID19, todavía lejos de ser cerrada.
¿Hay
discrepancias estructurales entre demanda y oferta inmobiliaria?
Los motivadores
son claros, dinamismo económico y facilitar el acceso a la vivienda
como bien esencial. Todas las medidas que se proponen vienen a ayudar a
los consumidores y usuarios, a la emancipación de los jóvenes,
la movilidad geográfica y funcional que favorece el empleo y el
equilibrio en el mercado de alquiler, donde la demanda es hoy claramente
muy superior a la oferta en las principales ciudades españolas,
lo que tira hacia arriba de los precios y expulsa del alquiler al segmento
de inquilinos más vulnerable.
¿Qué
medidas macroeconómicas recomienda para potenciar la promoción
inmobiliaria residencial?
Las medidas
se pueden articular en los tres niveles del Estado, tanto nacional como
autonómico como, incluso, municipal. Ninguna de ellas es complicada
de poner en marcha ni requieren demasiada aportación de fondos públicos,
pues se sustentan en deducciones fiscales, en colaboración público-privada
y en créditos blandos o avalados, siempre que se cumplan las condiciones
propuestas que pasan por el uso y el mantenimiento de la propiedad como
vivienda habitual.
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