| Para poder
reclamar dinero del fondo europeo, los Estados miembros deben presentar
un plan que describa cómo gastarán los fondos y CÓMO
AYUDARÁ ESE DINERO A FORTALECER SU ECONOMÍA. Tanto la Comisión
como los Estados miembros europeos evaluarán los planes antes de
que se pueda pagar el dinero. Es decir, hay un doble filtro.
Las inversiones
y reformas que se contemplan son:
•
Nuevas inversiones en infraestructuras energéticas.
• Inversiones
en logística: inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril
para el transporte de mercancías, incluidas las conexiones transfronterizas
con Francia y Portugal y las conexiones con puertos y centros logísticos.
• Urbanismo
en zonas inundables. Europa recomienda inversiones medioambientales pueden
ayudar a hacer frente a los efectos adversos del cambio climático,
tales como las inundaciones y los incendios forestales. Solucionar este
problema es imposible sin coordinación entre estado, autonomías
y ayuntamientos. Hay pueblos enteros en zona inundable.
• Reunificar
la normativa edificatoria y urbanística que se sobrepone y en ocasiones
es contradictoria entre autonomías. Europa lo relaciona con la FALTA
DE PRODUCTIVIDAD. En España, la fragmentación y los obstáculos
reglamentarios impiden a las empresas beneficiarse de las Economías
De Escala y afectan negativamente a la productividad. LA LEY DE UNIDAD
DE MERCADO. En Europa critican con razón que una normativa de ascensores
sea diferente según la comunidad autónoma que la aplique.
¿Cambiarán las autonomías su legislación técnica
o la devolverán al estado?
• Descoordinación
y superposición de competencias entre Estado, Comunidad Autónomas
y ayuntamientos. Europa recomienda una COORDINACIÓN REFORZADA Y
SOSTENIDA ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO podría aumentar
la eficacia de las políticas encaminadas a facilitar la recuperación.
La crisis sanitaria es un ejemplo de esta descoordinación, pero
a niveles inmobiliarios y urbanísticos es similar. Un inversor inmobiliario
extranjero no puede comprender la dispersión legislativa para construir
en las diferentes regiones españolas.
• Europa ha
puesto por escrito los problemas, ahora es España la que debe corregir
errores legislativos evidentes que restan productividad. Y el problema
es que no hay tiempo porque el plan empieza el 1 de enero de 2021, pero
para septiembre España tiene previsto pedir un anticipo.
• Associated
Press explica que los subsidios no se pagarán directamente a los
estados. Los países que lo necesiten lo solicitarán, comunicando
cómo se gastarán los fondos y qué tipos de reformas
deberán adoptar para garantizar que sus economías sean más
resistentes en el futuro. La AP escribe que Italia, España y Polonia
también podrán acceder a decenas de miles de millones de
euros en forma de préstamos, y agregó que las condiciones
establecidas serán más severas. Se recuerda que la UE de
27 sigue profundamente dividida sobre las condiciones que deben exigirse
frente a las subvenciones. Siempre existe la oposición de los cuatro
países frugales Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia. Baste decir
que ayer, la ministra de finanzas sueca, Magdalena Andersson, comentó,
a la espera de que el anuncio sobre el Fondo de Recuperación llegara
hoy: “Si se trata de subsidios, ¿quién tendrá que
pagarlo? Creo que discutir los préstamos es mucho mejor, incluso
si tenemos que discutir las condiciones bajo las cuales se otorgan estos
préstamos”. La Comisión propone pagar la deuda acumulada
en los próximos 30 años. Esto puede hacerse permitiendo que
los Estados miembros depositen más dinero en el presupuesto de la
UE a partir de 2028, reduciendo el gasto futuro de la UE o introduciendo
nuevos impuestos europeos sobre la contaminación y los beneficios.
La Comisión da cuatro ejemplos: un impuesto sobre las ganancias
de las multinacionales, un impuesto digital para gigantes tecnológicos,
hacer que los transportistas marítimos y de aviación paguen
por sus emisiones de CO 2 , y un impuesto sobre el CO 2 sobre productos
de empresas no europeas. La Comisión está buscando un término
medio. Se espera que los Países Bajos actúen en contra de
las subvenciones e insistan en que el dinero del fondo de recuperación
esté vinculado a las condiciones sobre la reforma de las economías.
Sobre todo, la Comisión quiere que el dinero se utilice para permitir
a las empresas cambiar a un proceso de producción ecológico.
ANTECEDENTES
27 de mayo de 2020
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
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¿ESTÁ
ESPAÑA DISPUESTA A ACEPTAR LAS CONDICIONES DEL FONDO EUROPEO DE
RECONSTRUCCIÓN? ¿PUEDE REUNIFICARSE LA LEGISLACIÓN
AUTONÓMICA DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO EN UNA LEY DE UNIDAD
DE MERCADO ESPAÑOL?
¿Qué
guía práctica soluciona este tipo de casos?
La guía
práctica inmoley.com de Financiación de infraestructuras.
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prácticas
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
Para poder
reclamar dinero del fondo europeo, los Estados miembros deben presentar
un plan que describa cómo gastarán los fondos y CÓMO
AYUDARÁ ESE DINERO A FORTALECER SU ECONOMÍA. Tanto la Comisión
como los Estados miembros europeos evaluarán los planes antes de
que se pueda pagar el dinero. Es decir, hay un doble filtro.
Las inversiones
y reformas que se contemplan son:
Nuevas
inversiones en infraestructuras energéticas.
Inversiones
en logística: inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril
para el transporte de mercancías, incluidas las conexiones transfronterizas
con Francia y Portugal y las conexiones con puertos y centros logísticos.
Urbanismo
en zonas inundables. Europa recomienda inversiones medioambientales pueden
ayudar a hacer frente a los efectos adversos del cambio climático,
tales como las inundaciones y los incendios forestales. Solucionar este
problema es imposible sin coordinación entre estado, autonomías
y ayuntamientos. Hay pueblos enteros en zona inundable.
Reunificar
la normativa edificatoria y urbanística que se sobrepone y en ocasiones
es contradictoria entre autonomías. Europa lo relaciona con la FALTA
DE PRODUCTIVIDAD. En España, la fragmentación y los obstáculos
reglamentarios impiden a las empresas beneficiarse de las Economías
De Escala y afectan negativamente a la productividad. LA LEY DE UNIDAD
DE MERCADO. En Europa critican con razón que una normativa de ascensores
sea diferente según la comunidad autónoma que la aplique.
¿Cambiarán las autonomías su legislación técnica
o la devolverán al estado?
Descoordinación
y superposición de competencias entre Estado, Comunidad Autónomas
y ayuntamientos. Europa recomienda una COORDINACIÓN REFORZADA Y
SOSTENIDA ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO podría aumentar
la eficacia de las políticas encaminadas a facilitar la recuperación.
La crisis sanitaria es un ejemplo de esta descoordinación, pero
a niveles inmobiliarios y urbanísticos es similar. Un inversor inmobiliario
extranjero no puede comprender la dispersión legislativa para construir
en las diferentes regiones españolas.
Europa
ha puesto por escrito los problemas, ahora es España la que debe
corregir errores legislativos evidentes que restan productividad. Y el
problema es que no hay tiempo porque el plan empieza el 1 de enero de 2021,
pero para septiembre España tiene previsto pedir un anticipo.
Associated
Press explica que los subsidios no se pagarán directamente a los
estados. Los países que lo necesiten lo solicitarán, comunicando
cómo se gastarán los fondos y qué tipos de reformas
deberán adoptar para garantizar que sus economías sean más
resistentes en el futuro. La AP escribe que Italia, España y Polonia
también podrán acceder a decenas de miles de millones de
euros en forma de préstamos, y agregó que las condiciones
establecidas serán más severas. Se recuerda que la UE de
27 sigue profundamente dividida sobre las condiciones que deben exigirse
frente a las subvenciones. Siempre existe la oposición de los cuatro
países frugales Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia. Baste decir
que ayer, la ministra de finanzas sueca, Magdalena Andersson, comentó,
a la espera de que el anuncio sobre el Fondo de Recuperación llegara
hoy: “Si se trata de subsidios, ¿quién tendrá que
pagarlo? Creo que discutir los préstamos es mucho mejor, incluso
si tenemos que discutir las condiciones bajo las cuales se otorgan estos
préstamos”. La Comisión propone pagar la deuda acumulada
en los próximos 30 años. Esto puede hacerse permitiendo que
los Estados miembros depositen más dinero en el presupuesto de la
UE a partir de 2028, reduciendo el gasto futuro de la UE o introduciendo
nuevos impuestos europeos sobre la contaminación y los beneficios.
La Comisión da cuatro ejemplos: un impuesto sobre las ganancias
de las multinacionales, un impuesto digital para gigantes tecnológicos,
hacer que los transportistas marítimos y de aviación paguen
por sus emisiones de CO 2 , y un impuesto sobre el CO 2 sobre productos
de empresas no europeas. La Comisión está buscando un término
medio. Se espera que los Países Bajos actúen en contra de
las subvenciones e insistan en que el dinero del fondo de recuperación
esté vinculado a las condiciones sobre la reforma de las economías.
Sobre todo, la Comisión quiere que el dinero se utilice para permitir
a las empresas cambiar a un proceso de producción ecológico.
Las subvenciones
no solo se entregarán. Los países tendrían que presentar
una solicitud, estableciendo sus objetivos para el dinero y las reformas
que planean emprender para garantizar que sus economías sean más
resistentes en el futuro. Las solicitudes tendrían que ser aprobadas
por los socios de la UE.
Para que
España pueda obtener hasta 140.446 millones de euros del fondo de
la Unión Europea con 77.324 millones de subvenciones para la recuperación
económica tras la pandemia de coronavirus, tiene que someterse a
las recomendaciones europeas del pasado 20 de mayo relativa al Programa
Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que emite un dictamen
del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de España.
VER INFORME:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-spain_es.pdf
En este
informe se recomienda a España que tome medidas en 2020 y 2021 con
el fin de:
1. En consonancia
con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la
pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación
de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan,
aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales
prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al
mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la capacidad
y resiliencia del sistema sanitario, en lo relativo a los trabajadores
sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales.
2. Respaldar
el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo,
incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones.
Reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores
atípicos. Mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes
de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso
al aprendizaje digital.
3. Asegurar
la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar
liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores
autónomos, particularmente 9 Con arreglo al artículo 5, apartado
2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo. ES 11 ES evitando
retrasos en los pagos. ANTICIPAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
QUE SE ENCUENTRAN EN UNA FASE AVANZADA DE DESARROLLO Y PROMOVER LA INVERSIÓN
PRIVADA PARA IMPULSAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. Centrar
la inversión en la transición ecológica y digital,
y particularmente en el fomento de la investigación e innovación,
en la producción y utilización de fuentes de energía
limpias y eficientes, la infraestructura energética, la GESTIÓN
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DE LOS RESIDUOS y el transporte sostenible.
4. Mejorar
la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar
el marco de contratación pública para respaldar la recuperación
de forma eficiente.
INFRAESTRUCTURAS
NECESARIAS
La transformación
de la economía española hacia una economía climáticamente
neutra requerirá inversiones considerables durante un periodo prolongado
especialmente en los sectores de energías renovables, infraestructuras
energéticas, eficiencia energética y transporte sostenible.
Las inversiones deberán anticiparse con el fin de contribuir a la
transición ecológica durante la recuperación, en consonancia
con el plan nacional de energía y clima de España.
El fomento
de un sistema de energía integrado debe facilitar la penetración
de las energías renovables. La reducción del consumo de energía
de los edificios privados y públicos, por medio de renovaciones
a gran escala, y el desarrollo de unas redes inteligentes y un abastecimiento
de electricidad procedente de fuentes de energía renovables contribuirían
a gestionar mejor la demanda de energía, al tiempo que respaldarían
la creación de empleo durante la recuperación.
Nuevas inversiones
en infraestructuras energéticas, particularmente en interconexiones
eléctricas con el resto de la Unión, contribuirían
a mejorar la integración del mercado interior de la energía
de la UE, al mismo tiempo que propiciarían más competencia
y facilitarían el desarrollo de las energías renovables.
También
deberán realizarse esfuerzos adicionales para fomentar el transporte
sostenible, incluido el desarrollo de una infraestructura de combustibles
alternativos, particularmente para los vehículos eléctricos.
Asimismo,
serán necesarias inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril
para el transporte de mercancías, incluidas las conexiones transfronterizas
con Francia y Portugal y las conexiones con puertos y centros logísticos.
Además,
algunas zonas de España se encuentran entre las más expuestas
al cambio climático en Europa. Existen tensiones en relación
con los recursos hídricos, y la infraestructura de gestión
de los recursos hídricos y de los residuos es desigual en el país.
Las inversiones medioambientales pueden ayudar a hacer frente a los efectos
adversos del cambio climático, tales como las inundaciones y los
incendios forestales, a mejorar la calidad del aire, así como la
gestión de los recursos hídricos y de los residuos, y a desarrollar
el potencial de la economía circular.
La programación
del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría
ayudar a España a abordar algunos de los retos que plantea la transición
hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en
los ámbitos contemplados en el anexo D del informe dirigido al país.
Esto permitiría a España optimizar el uso de este Fondo.
En España,
la fragmentación y los obstáculos reglamentarios impiden
a las empresas beneficiarse de las economías de escala y afectan
negativamente a la productividad. La Ley de Unidad de Mercado, que ya está
siendo aplicada por los tribunales y las autoridades de defensa de la competencia,
debe utilizarse de forma más activa para fomentar la mejora de la
reglamentación y la competencia durante la recuperación.
En este contexto, las estrictas restricciones en materia de propiedad y
mercado que han pretendido garantizar el suministro de bienes y servicios
estratégicos durante la crisis provocada por la pandemia deberán
suprimirse tan pronto como cese el período de emergencia.
De modo
más general, una coordinación reforzada y sostenida entre
los distintos niveles de gobierno podría aumentar la eficacia de
las políticas encaminadas a facilitar la recuperación.
También
es esencial garantizar que la estructura de gobernanza que ya ha sido creada
por las leyes que desarrollaban las Directivas de contratación pública
de 2014 pueda funcionar a pleno rendimiento lo antes posible, con el fin
de lograr una utilización eficiente de la inversión pública
que pueda respaldar la recuperación. Habrá que intensificar
los trabajos sobre la estrategia global nacional de contratación
pública en estrecha cooperación con los representantes de
todos los niveles de gobierno (central, autonómico y local) a través
del Comité de Cooperación.
ANTECEDENTES
MAYO 2019
El Gobierno
creará un foro con las comunidades para evitar el proteccionismo
autonómico .El Ministerio de Economía intenta salvar la Ley
de Garantía de Unidad de Mercado después de los varapalos
del Tribunal Constitucional
En su plan
nacional de reformas, el Gobierno ha contestado que planea crear una conferencia
sectorial de comunidades que analice estos asuntos entre otras cosas. “La
idea es hacerlo respetando escrupulosamente el ámbito competencial”,
subrayan fuentes de la Administración.
Tanatorios
que no permiten que funerarias de otros municipios acudan a ellos; exigencias
de licencia urbanística para colocar solo una antena; prohibir a
autoescuelas que puedan impartir clases teóricas online; las diferencias
existentes entre regiones para conceder estrellas a los hoteles, o que
no se acepten análisis clínicos de otras autonomías.
Esos son solo algunos ejemplos de casos que se han revisado bajo la ley
de unidad de mercado. Ahora, el Gobierno quiere coordinarse con las comunidades
para crear un grupo en el que se tratarán estas materias a fin de
mejorar el clima de negocios, compartir experiencias y adaptar las mejores
prácticas.
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