| En este momento
solo hay en marcha una obra bajo esta fórmula el proyecto del Puerto
de Carboneras (una inversión de 40 millones de euros). En paralelo,
la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
Marifrán Carazo, anunció que el futuro plan de infraestructuras
para Andalucía se potenciaría este tipo de figuras de colaboración.
El Gobierno
andaluz ha propuesto una modificación de la Ley de Contratos del
Sector Público. En este momento las asociaciones público-privadas
están paradas porque la normativa es muy rígida a la hora
de establecer que rentabilidad debe tener cada proyecto, que está
además muy asociada al coste de la deuda pública. «Los
tipos están muy bajos, con lo cual la rentabilidad no sale, y además
la regulación no prevé la mejora de la rentabilidad en relación
al nivel de riesgo de cada proyectos, así que la realidad es que
los inversores no muestran interés y, en consecuencia, los proyectos
de asociación público privadas están parados en todo
el país». Con una orden del Ministerio de Hacienda se puede
resolver la cuestión y ayudar a la reactivación del modelo.
El primer objetivo
es que la Consejería de Hacienda colabore a articular el marco adecuado
para canalizar proyectos y, a partir de ahí, deben ser las diferentes
consejerías del Gobierno las que identifiquen oportunidades que
sean susceptibles de promoverse a corto y medio plazo con inversión
privada.
En la puesta
en marcha de un equipamiento de uso público, como una ciudad de
la Justicia, el sistema como tal no es más barato (en este caso
hay un precedente en funcionamiento en Córdoba). «Si la administración
se endeuda y construye el edificio con sus propios medios el proyecto final
puede ser más económico, pero ese esfuerzo sencillamente
no se va a poder realizar hasta que no se digiera el coste de la nueva
crisis; lo esencial de esta fórmula radica en que el riesgo de la
inversión se transfiere al privado, que debe cumplir además
de manera muy rigurosa los plazos, y se acelera así la puesta en
marcha».
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