1.
El reconocimiento explícito del carácter de interés
general prioritario de la eficiencia energética de las edificaciones
y su plasmación explícita en la Ley de Cambio Climático
y Transición Energética.
2. La creación
del pasaporte energético, que agilice las licencias administrativas
para reformas energéticas, en consonancia con el Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021.
3. La introducción
de bonificaciones impositivas y desgravaciones que incentiven la mejora
de la eficiencia energética de las viviendas y, en particular, las
actuaciones dirigidas a la reducción de su demanda energética.
4. La inclusión
de la eficiencia energética dentro de las obligaciones de conservación
de los edificios residenciales en multipropiedad y el carácter preferente
de los créditos derivados de su financiación.
5. La creación
de un marco jurídico que facilite mecanismos financieros de colaboración
público-privada para la rehabilitación de edificios, que
permitan acometer estas actuaciones sin recurso a los presupuestos públicos
ni desembolso inicial para los propietarios, como por ejemplo el Programa
para la Activación de Capital Ecológico (PACE), que
funciona de forma eficiente en otros países.
6. El fomento
y el apoyo de iniciativas que permitan la agregación de proyectos
de eficiencia energética en carteras de proyectos, convirtiendo
así estas carteras en productos más fácilmente financiables
gracias a su mayor volumen y estandarización.
7. La regulación
de la hipoteca verde para la financiación de renovaciones energéticas
en edificios.
8. La implantación
de un sistema de auditoría de eficiencia energética de los
edificios que lleve aparejado obligaciones de conservación y mejora
(ITV energética).
9. La habilitación
del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como vehículo
facilitador de reformas energéticas en vivienda social, sectores
vulnerables y en pobreza energética.
10. La puesta
en marcha de mecanismos de mercado para la certificación y monetización
de Certificados de Eficiencia Energética y su utilización
como alternativa de contribución en especie al Fondo Nacional de
Eficiencia Energética
La alianza
Rehabilitar el Futuro, que integra a los principales actores del sector
de la eficiencia energética en la edificación, ha propuesto
al Gobierno la adopción de veinte medidas para activar la rehabilitación
energética de edificios y aprovechar su potencial como motor de
la recuperación económica y de la lucha contra el cambio
climático. La propuesta se ha llevado a cabo a través de
la presentación de una propuesta a la Comisión de Reconstrucción
Social y Económica del Congreso de los Diputados y de la publicación
de un manifiesto.
La rehabilitación
energética de edificios tanto residenciales como terciarios, genera
de forma inmediata efectos positivos en la economía, al tiempo que
reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.
En la Estrategia
a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética del Sector
de la Edificación en España (ERESEE 2020) que el Gobierno
remitió la semana pasada a la Comisión Europea, se estima
que solo la intervención en la envolvente térmica de 1,2
millones de viviendas y en las instalaciones térmicas de 3,85 millones
movilizaría entre 2021 y 2030 una inversión de 27.112 millones
de euros, de los que únicamente el 27% procedería de fondos
públicos.
Estas actuaciones
generarían, según la ERESEE 2020, entre 33.000 y 88.000 puestos
de trabajo al año (51.200 empleos de media anual entre 2021 y 2030),
que además no se pueden deslocalizar, lo que representa un aumento
adicional del 0,44% sobre el empleo previsto en 2030, con una aportación
incremental del 0,47% al PIB estimado para ese año.
Asimismo, la
estrategia remitida a Bruselas por el Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana calcula un ahorro de 7.206 millones de euros en la factura
energética de los hogares; un impacto positivo en las cuentas públicas
(se prevén unas necesidades de financiación del gasto público
de entre 219 y 1.000 millones de euros anuales y unos ingresos fiscales
adicionales de entre 1.027 y 4.113 millones de euros al año), y
un aumento en la renta disponible de los hogares en todos los tramos de
renta, pero con una incidencia sensiblemente superior en los tramos más
bajos (del 1,7% y el 1,52% en los dos quintiles de la población
con menor renta, respectivamente).
La estrategia
estima como escenario base un ahorro en el consumo de energía final
de los edificios de uso terciario de 47.395 GWh (un 35,94%) para el periodo
2020-2050, repartido del siguiente modo: un 12,9%, de 2020 a 2030; un 20,1%,
de 2030 a 2040, y un 7,9% de 2040 a 2050. Para conseguir estos ahorros,
la estrategia incluye intervenciones en la envolvente térmica, las
instalaciones térmicas y las de iluminación.
Por otra parte,
la rehabilitación constituye una herramienta para mejorar la calidad
de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza
energética, como ha señalado la Comisión de Industria,
Investigación y Energía del Parlamento Europeo en su informe
Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario
de la Unión, del pasado mes de abril.
Rehabilitar
el Futuro se puso en marcha el pasado mes de junio con Greenward Partners,
la primera empresa de activación de capital ecológico de
España, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos
(ANESE), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
(A3e) y Green Building Council España (GBCe), como promotores. Desde
entonces, se han adherido a la plataforma hasta dieciocho entidades del
sector (asociaciones sectoriales, empresas inmobiliarias, constructoras
y empresas de rehabilitación, instituciones financieras, centros
de investigación y think tanks, ingenierías, empresas de
servicios energéticos, fabricantes de equipos y materiales, entre
otros), que aglutinan a un millar de entidades de toda la cadena de valor
del sector de la eficiencia energética en la construcción
y rehabilitación de edificios.
La primera
prioridad de la política de recuperación económica
de la Unión Europea es lo que la Comisión Europea ha llamado
una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión
anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta
parte con financiación pública a través de fondos
estructurales y del Banco Europeo de Inversiones, y el resto, supuestamente
con financiación privada.
Fernando de
Roda, managing partner de Greenward Partners, ha dicho que “es urgente
que el Gobierno ponga en marcha los mecanismos para poder aprovechar esta
oleada de inversión y no perder esta oportunidad. La redacción
y aprobación de un real decreto, que elimine las distintas barreras
normativas a las que se enfrenta la rehabilitación energética,
está justificada por la emergencia con la que debemos actuar, como
se ha hecho para impulsar y ordenar el despliegue de las energías
renovables”.
Rehabilitar
el Futuro propone al Gobierno desarrollar 20 líneas de actuación,
encabezadas por el reconocimiento de la eficiencia energética de
los edificios como un interés general prioritario.
La eficiencia
energética es la primera fuente de energía sostenible en
el mundo y un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. Los edificios,
tanto los residenciales como los del sector terciario son uno de los elementos
que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación:
es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio
de las emisiones de CO2.
En España,
el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos
(certificación energética E, F o G). Asimismo, más
de la mitad del parque edificatorio tiene más de 40 años
y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia
de aislamiento energético.
“España
cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido
empresarial y los recursos privados para cubrir las necesidades de financiación
que los fondos públicos no pueden cubrir”, señala el texto
de la propuesta de la plataforma.
“Tenemos la
oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación energética
para afrontar de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos:
la recuperación económica tras la pandemia y la lucha contra
la emergencia climática”, añade.
El proyecto
de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica
que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados es “ambicioso
en sus objetivos” y eleva hasta un mínimo del 35% el ahorro en el
consumo de energías primarias que se tiene que producir por la aplicación
de medidas de mejora de la eficiencia (con respecto a la línea de
base conforme a normativa comunitaria).
“Desde Rehabilitar
el Futuro, aplaudimos la firme decisión con la que las administraciones
públicas están situando la lucha contra el cambio climático
en el centro de sus políticas. Una vez establecidos los objetivos,
es necesario el desarrollo urgente de las políticas e instrumentos
efectivos que permitan alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática
a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos
y los medios”, afirma el comunicado.
Las propuestas
de Rehabilitar el Futuro incluyen medidas fiscales, administrativas, financieras
y de certificación y seguimiento, entre otras, en un marco de colaboración
público-privada, con el objetivo de maximizar la contribución
de la rehabilitación energética a la recuperación
económica y a la lucha contra el cambio climático, con el
mínimo impacto en las cuentas públicas, y favoreciendo los
esquemas de autofinanciación a través de los ahorros energéticos.
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