Para ello, entienden indispensable la complicidad de las Administraciones Públicas, las cuales han de tener un papel muy destacado en la superación de esta grave coyuntura, y en concreto, los Ayuntamientos, que deben actuar como dinamizadores de la actividad local.

Los Constructores y Promotores malagueños, entienden que no son suficientes la adopción de medidas puntuales por parte de la Administración, sino que se tiene que visualizar una apuesta integral, que también servirá para estimular la inversión privada. Por este motivo, han ofrecido a las Administraciones Locales todo su conocimiento sectorial y su colaboración, remitiendo un conjunto de propuestas, que a su juicio deberían integrar el “Plan de Acción Municipal para la reactivación de la economía y el empleo a través del Sector de la Construcción”. 

El presidente de ACP Málaga, Juan Manuel Rosillo, ha manifestado que son medidas de fácil implantación, muchas sin coste alguno para la administración y las que lo tienen se recuperaría con creces, al incrementar la inversión en el municipio y reactivar la actividad económica y el empleo.

El primer bloque de medidas planteadas, pasa por la Agilización de trámites administrativos en general potenciando la digitalización de la Administración y la extensión de la Declaración Responsable, recientemente puesta en marcha para la primera ocupación, a todos aquellos otros supuestos que sea posible. “Somos un sector profesional y capaz de asumir la responsabilidad de nuestras actuaciones y liberar de carga a los técnicos municipales”, puntualizaba Rosillo.

La necesaria agilización, resulta especialmente necesaria en el caso de las licencias de obra y la tramitación de informes internos vinculados a las licencias urbanísticas. Así proponen favorecer la tramitación simultánea de la licencia de edificación junto con el resto de los trámites vinculados a la promoción (ocupación de vía pública, grúa, vado, derribos, contadores de obra), así como la obtención de las licencias urbanísticas por fases, que pueda permitir trabajos de derribos, vaciados y movimientos de tierra, mientras que se resuelve la licencia de la edificación.

La ACP Málaga considera esencial potenciar la figura de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas como otra fórmula de dar apoyo privado a la Administracion, de cara a lograr la necesaria agilización de plazos. 

El segundo bloque de propuestas, se centran en incrementar la Inversión en infraestructuras, contando con ello en las dotaciones presupuestarias para el año 2021, siempre garantizando el pago en tiempo de las certificaciones.

También hacen mención a la necesidad de contar con pliegos de licitación con criterios de adjudicación proporcionados, correctamente ponderados y que no alteren ni la naturaleza del contrato, ni el equilibrio económico entre las prestaciones de las partes que lo haga inejecutable. La ACP Málaga considera esencial fijar en los pliegos el límite de temeridad de las ofertas en 2´5 unidades porcentuales inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas, porque estiman que ese equilibrio económico lo marca la concentración de los precios ofertados, es decir la media de las ofertas.

Como tercer bloque, abordan la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda de los ciudadanos, mediante la puesta en carga de suelo público, que solicitan se incluya en un catálogo público, y el fomento de la colaboración público-privada para construcción de viviendas asequibles en alquiler y en venta. Con el mismo objetivo, proponen la creación de líneas de Avales públicos para la entrada a la vivienda, para personas que, con capacidad de pago, no disponen del ahorro previo necesario. “No se trata de dar subvenciones, sino de avalar la entrada, que suele estar por debajo del 20% del precio de la vivienda, para facilitar la creación de nuevos hogares”, comentaba Rosillo.

Y como último bloque, entienden hay que abordar incentivos fiscales, como marco amable para la actividad productiva, mediante la exoneración o bonificación durante varios ejercicios fiscales de las tasas e impuestos vinculados a la construcción (ICIO, Tasa de Actuaciones Urbanísticas), o bien permitiendo su prorrateo durante la ejecución de la obra.

De igual forma, se solicita la aprobación de medidas tendentes a atraer inversiones y el establecimiento de empresas en los municipios, mediante la exoneración o bonificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del IBI aplicable a sede social y delegaciones de las empresas del Sector.

También hacen una mención especial, a la necesidad de apoyar al turismo residencial, ya que genera un 10% de nuestro PIB, al ser  Málaga, tras Alicante, el destino nacional preferido de los extranjeros para implantar su residencia. Sin embargo, los promotores denuncian como competidores cercanos, como Portugal, ponen en marcha incentivos, que no existen en España, por lo que solicitan a los a las Administraciones que, estimulen fiscalmente los nuevos empadronamientos.