| Un acuerdo
intergubernamental entre Dinamarca y Alemania ha llevado a Dinamarca a
ser el único propietario del proyecto. Asumirá todo el riesgo
para la financiación de este túnel, así como para
la mejora de las conexiones terrestres y ferroviarias danesas. En Dinamarca,
se encomendó a dos empresas públicas la planificación,
construcción y operación del proyecto: A / S Femern Landanlæg
para las conexiones del interior danés y Femern A / S para la infraestructura
de costa a costa.
Anteriormente
se había confirmado que la financiación de las conexiones
al interior de Dinamarca no implicaba ayuda estatal y, por lo tanto, no
formaban parte de la investigación. Alemania es responsable de financiar
y mejorar sus propias conexiones en el interior, por lo que tampoco formaron
parte de la investigación.
En julio de
2015, la Comisión aprobó el modelo de financiación
pública del enlace ferroviario fijo Fehmarn Belt entre Dinamarca
y Alemania en virtud de las normas de la UE sobre ayudas estatales. Tras
un recurso contra la decisión de la Comisión de 2015 presentada
por Scandlines y Stena Line, en diciembre de 2018 el Tribunal General anuló
parcialmente la decisión de la Comisión sobre el procedimiento.
El Tribunal
General confirmó la decisión de la Comisión con respecto
a la financiación concedida a Femern Landanlæg para las conexiones
al interior. Sin embargo, descubrió que la Comisión debería
haber abierto una investigación formal bajo las normas de ayuda
estatal de la UE para evaluar las medidas otorgadas por Dinamarca a Femern
A / S antes de adoptar su decisión.
En junio de
2019, la Comisión abrió una investigación en profundidad
sobre las medidas otorgadas por Dinamarca a Femern A / S en apoyo del enlace
fijo.
Tras las conversaciones
con la Comisión, las autoridades danesas habían implementado
ciertos cambios en la estructura de financiación del proyecto. Estos
cambios incluyen, entre otros, limitar el financiamiento público
al mínimo necesario para que la inversión se realice. Más
específicamente, limitó el uso de garantías estatales
y préstamos estatales hasta un monto máximo de deuda de 9.300
millones de euros y un máximo de los primeros 16 años de
operaciones.
Sobre la base
de las cifras actualizadas presentadas por Dinamarca y los cambios en la
estructura de financiación, la Comisión concluyó que
las medidas públicas son proporcionales, de conformidad con las
normas de la UE sobre ayudas estatales. La Comisión concluyó
que las medidas son necesarias y que los efectos positivos del proyecto
supera claramente cualquier posible distorsión de la competencia,
en línea con los requisitos de la Comunicación sobre IPCEI.
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