| Según
el derecho europeo de la competencia los ofertantes de este tipo de servicios
serán el que ha sido calificado como "microproductores", es decir,
en su gran mayoría particulares que deciden sacar un rendimiento
de su vivienda o de alguna habitación de su vivienda.
Los detractores
de esta medida sostienen que esta modalidad de alquiler existe en ciudades
representativas de Europa como Berlín, Londres o París y
es fuente de trabajo para numerosas organizaciones que se dedican a intermediar
entre los propietarios de las viviendas y los arrendadores, así
como para portales para reservas a través de Internet.
Además,
sostienen que este mercado está estimulando una dinámica
de rehabilitación del parque mobiliario urbano y contraviene la
intención de la reforma del alquiler, que es motivar la puesta en
el mercado de gran número de viviendas vacías.
Asimismo, ya
se han producido sentencias contrarias a la prohibición por parte
de algunos ayuntamientos al desarrollo de estos apartamentos turísticos,
en las que se argumenta que supone un ataque a la propiedad privada y a
la normativa europea que ampara la libre circulación de bienes y
servicios.
La regulación
de la actividad de alojamiento en viviendas de uso turístico y habitaciones
en vivienda compartida resulta claramente limitadora de la competencia
por eso desde algunas asociaciones se propone:
• simplificar
la regulación a la cual se encuentran sometidas eliminando las limitaciones
en el ejercicio de esta actividad con que no resultan justificadas y se
propone dar un paso más
• no someter
a regulación turística aquellas cesiones a cambio de contraprestación
económica en viviendas o habitaciones que por su carácter
puntual o altamente esporádico no resulta proporcionado aplicar
el régimen jurídico previsto para estas actividades.
LA BATALLA
DE LAS CAPITALES EUROPEAS CON AIRBNB.
Los grandes
destinos turísticos europeos como Ámsterdam, Berlín,
Burdeos, Bruselas, Cracovia, Múnich, París, Viena y los españoles
Valencia y Barcelona, quieren involucrar a la Unión Europea en la
batalla que mantienen con Airbnb por la regulación de la actividad
del gigante del alquiler vacacional.
En una carta
publicada en la web del ayuntamiento de Ámsterdam, las ciudades,
algunas de las más han intentado limitar la actividad de la compañía,
reclaman a la UE que evite otorgarle carta blanca de actuación en
el territorio europeo.
Las ciudades
alertan de las "amenazas y riesgos" para la configuración social
y la habitabiliadad de sus centros urbanos que tiene la expansión
del alquiler vacacional de corto plazo
En el comunicado,
el conjunto de las ciudades aluden a una decisión no vinculante
en la que un asesor jurídico del máximo tribunal europeo
afirmó que Airbnb debe ser considerado un proveedor de servicios
digitales y no un proveedor de alojamiento.
El anuncio
se consideró un espaldarazo a la operación de Airbnb en Europa,
justo en un momento en que las autoridades trataban de legislar contra
la masificación turística de sus centros urbanos.
La decisión
tiene, según las ciudades firmantes de la carta, preocupantes implicaciones:
“las amenazas y riesgos para la configuración social y habitable
de nuestras ciudades son evidentes”, apuntan.
Entre los efectos
perniciosos de la expansión del alquiler vacacional en las grandes
ciudades se destaca la subida de los precios y la dificultad de los ciudadanos
a acceder a las viviendas
En este sentido,
citan “las casas necesarias para que los residentes vivan y trabajen en
nuestras ciudades serán cada vez más consideradas como un
mercado para alquilar a los turistas”.
De hecho, apuntan
“donde las casas se pueden usar de manera más lucrativa para alquilar
a turistas desaparecen del mercado de vivienda tradicional, los precios
suben aún más y se dificulta la vivienda de los ciudadanos”.
Como organismos
“mejor situados para comprender las necesidades de sus residentes”, las
ciudades reclaman su capacidad de legislar a través de la planificación
urbana o aplicando medidas relacionadas con la vivienda. Esto “ya no será
posible en el futuro cuando se trate de gigantes de internet”, precisan.
Y es que, a
su juicio, las ciudades “deben proteger el interés público
y eliminar los efectos adversos del alquiler vacacional a corto plazo”.
Entre estos efectos adversos se citan las molestias, percepción
de inseguridad y la “turistificación” de sus vecindarios.
Pese a que
las plataformas de alquiler como Airbnb se muestran interesadas en la cooperación
con las instituciones "en la práctica no lo hacen", según
señalan las ciudades
Por ello, las
ciudades solicitan la cooperación de nuevo Parlamento Europeo y
la Comisión Europea entrante para ayudar a establecer “fuertes obligaciones
legales” que obliguen a las plataformas de alquiler a cooperar con ellas
y cumplir con las regulaciones locales.
En la actualidad,
señala la carta, “cuando las plataformas afirman que están
dispuestas a cooperar con las autoridades, en la práctica no lo
hacen o solo lo hacen de manera voluntaria”.
Por eso, señalan,
“una cosa está clara: una carta blanca para las plataformas de alquiler
vacacional no es la solución”.
El criterio
de Airbnb es que la opinión del Abogado General proporciona una
visión clara de qué reglas aplican a las plataformas de economía
colaborativa como Airbnb, y cómo estas reglas ayudan a crear oportunidades
para los consumidores.
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