Las enmiendas
de devolución han sido rechazadas, con lo que la normativa ha entrado
a trámite y será el momento de negociación de los
grupos parlamentarios, que ya han registrado sus enmiendas parciales.
El propio grupo
mayoritario, que sostiene al Gobierno, ha incluido 26 enmiendas, que modifican
y ajustan la ley enviada tras su paso por el Consello de la Xunta.
Una de las
cuestiones que ha incluido los populares y que, por lo tanto, serán
incluidas en el texto final (salvo matices que pueda aportar la oposición),
es relativa a la incidencia de la ley en cuanto a las directrices de ordenación
del territorio.
Así,
el Ejecutivo tendrá que aprobar el documento que contenga la nueva
clasificación (recogida en esta nueva ley) y estudiará "la
incidencia" de la normativa sobre ellas, con el fin de "proponer las modificaciones
o conclusiones oportunas", un documento que tendrá que ser elevado
al Parlamento para su "conocimiento y valoración".
CREACIÓN
DEL CONSELLO DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Las enmiendas
de los populares también incluyen novedades como la creación
de un Consello de Ordenación do Territorio de Galicia, que será
el órgano colegiado de tipo representativo y consultivo dispuesto
para la coordinación de los intereses territoriales, públicos
y privados que concluyen en el territorio de la comunidad. Quedará
adscrito, "sin dependencia jerárquica", a la consellería
en materia de territorio.
Su composición,
dice este nuevo artículo a propuesta de los populares (sería
el número 25 bis), "asegurará una presencia institucional
que permita la coordinación de los distintos departamentos de la
administración de la comunidad con el resto de administraciones
públicas" con competencias sobre el territorio y contará
con representantes de las organizaciones más representativas de
las entidades locales, empresariales y sindicales, entre otras.
Este órgano
tendrá las siguientes funciones, según esta enmienda: emitir
informe sobre los instrumentos de ordenación territorial elaborados
por la Comunidad Autónoma, así como sobre todos los anteproyectos
de la administración autonómica que incidan en la ordenación
del territorio; emitir informe territorial sobre planes, programas y proyectos
con incidencia territorial; evacuar consultas que le sean requeridas por
el Parlamento o la responsable de la consellería; promover la realización
de investigación y reuniones científicas, estudios y actuaciones
de divulgación en materia de ordenación del territorio; e
informar a la Comisión Superior de Urbanismo en aquellas cuestiones
que, por su dimensión o importancia, lo requieran a solicitud de
su presidente".
ANTECEDENTES
El pasado mes
de diciembre (2019), la Xunta aprobó el proyecto de la nueva ley
de ordenación del territorio que sustituye a la norma de 1995 y
que permitirá "actualizar, simplificar y agilizar" el sistema.
El presidente
gallego, Alberto Núñez Feijóo, celebró este
nuevo paso ya que “con este texto, podría decirse que culminamos
toda la ordenación urbanística de Galicia", indicó.
Entre las principales novedades que recoge el texto destaca la simplificación
administrativa que supondrá para la ciudadanía y los ayuntamientos,
ya que se pondrá en marcha una "ventanilla única" desde la
que se atenderán todas las solicitudes mediante un proceso armonizado.
El Gobierno gallego aspira a facilitar la tramitación que deben
realizar las administraciones locales "evitando la duplicidad de trámites
y procesos, lo que permitirá ahorrarles tiempo", de forma que se
establece un único procedimiento de tramitación para todos
los instrumentos de ordenación del territorio. De este modo, se
velará por la "eficiencia" al "evitar cargas administrativas hoy
innecesarias", mejorando además la "transparencia y accesibilidad"
en los trámites referentes a la ordenación del territorio,
dijo.
En este sentido,
el máximo mandatario autonómico defendió que la actualización
de una norma que ha estado vigente durante casi 25 años se basa
en los principios de coordinación, cooperación interadministrativa,
racionalidad y planificación. Una actuación con la que se
sigue “la línea iniciada con la redacción” de otros textos
legales referentes al territorio como la Ley del suelo, las Directrices
de Ordenación de Territorio (DOT) o el Plan de Ordenación
do Litoral (POL).
A través
de todas estas normas, Galicia busca cumplir con “los objetivos señalados
por la Estrategia Europea de Ordenación del Territorio y de solucionar
las nuevas necesidades que durante estos 25 años fuimos detectando”.
Asimismo, el nuevo documento también aportará una mayor seguridad
a la figura de plan sectorial -el instrumento que ordena y regula la implantación
de actividades sectoriales en el territorio-, concretando y actualizando
su definición para diferenciarla del concepto de proyecto sectorial.
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