El consejero ha trasladado igualmente al sector la necesidad de seguir avanzando en las ayudas para la rehabilitación del Plan de Vivienda. “La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con un parque de 2,9 millones de viviendas. Estimamos –ha dicho Pérez­– que a lo largo de la presente legislatura puedan beneficiarse de este plan entre 30.000 y 40.000, que podrán ser reparadas y mejoradas, adecuándose en muchos casos a la normativa vigente en materia de seguridad y/o eficiencia energética, entre otras medidas”.

Por su parte, los representantes de las cooperativas han planteado al consejero su apuesta por la promoción de suelos públicos mediante colaboración público-privada y por medio de sus cooperativas, así como por la rehabilitación.

LA REGIÓN CON MÁS VIVIENDA PROTEGIDA DE ESPAÑA

El consejero de Vivienda y Administración Local ha destacado el régimen de protección con que cuenta la Comunidad de Madrid y ha señalado que “una de cada seis viviendas protegidas de España se encuentra en la región. En 2018 se iniciaron más de 75.000 viviendas nuevas en España, de las cuales casi 12.000 viviendas lo fueron en régimen de protección pública”.

De estas más de 75.000 nuevas viviendas, 22.340 se iniciaron en la región madrileña, lo que supone casi el 30 % de obra nueva. De ellas, 4.942 viviendas fueron en régimen de protección, lo que indica que el 41,6 % del total nacional de vivienda protegida nueva construida en España se ha iniciado en la Comunidad de Madrid.

En materia de alquiler Pérez ha destacado el papel que desempeña el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, al que se han acogido desde 2008 -momento en el que se puso en marcha- más de 125.000 personas, con un total de 89.741 contratos suscritos. Esta fórmula ha facilitado a las personas con rentas más bajas de la región obtener arrendamientos de hasta un 12,3 % más bajos que los precios de mercado. La tasa de acceso al alquiler de vivienda en la Comunidad de Madrid es ligeramente superior a la media nacional, un 26,6 % frente al 23,9 % de media nacional.

SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Se utilizarán suelos de titularidad de la Comunidad de Madrid, provenientes de las cesiones obligatorias para redes supramunicipales a las que la Ley de Suelo obliga a los ayuntamientos.

La consejería de Vivienda y Administración Local, que dirige David Pérez, ya tiene un listado con más de 40 municipios susceptibles de incorporarse a este plan. La presidenta Díaz Ayuso ha anunciado su intención de reunirse próximamente con sus alcaldes para explicarles el espíritu del programa y lograr su implicación en el mismo, «desde la coordinación y lealtad institucional», afirman fuentes de la consejería.

«La operación se hará mediante cesiones de suelo, sin coste, y la construcción irá a cargo de los promotores», explicaba el pasado martes la presidenta tras informar de su intención de mantener encuentros con los regidores de los municipios «donde hay suelo».

Hay más municipios en el punto de mira del Gobierno autonómico: Colmenar Viejo, Loeches, Casarrubuelos, Velilla de San Antonio, Daganzo, Villanueva del Pardillo, Fresno del Torote, Valdemoro, Torrejón de la Calzada, Mejorada del Campo, Quijorna, Torrejón de Velasco, Sevilla la Nueva, Humanes de Madrid, Fuente el Saz, San Martín de la Vega, Moralzarzal, Camarma, Cabanillas de la Sierra o El Boalo.

CONTROL PÚBLICO

La construcción la llevarán a cabo promotores privados, pero «el proyecto, la licitación y el control es competencia de la Comunidad», añaden. Y en todo caso, concluyen desde la consejería, el destino de esos suelos es residencial, para «vivienda con algún tipo de protección pública por parte de la Comunidad».
 
REHABILITACIÓN

En segundo lugar, el Gobierno regional va a apostar por la rehabilitación. De acuerdo con sus datos, en la región hay en torno a tres millones de viviendas y al menos 1,7 millones necesitan reformas. Por eso, la consejería de Vivienda invertirá 100 millones de euros en transformar 30.000 pisos a lo largo de los próximos cuatro años. 

LA ASOCIACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE MADRID, ASPRIMA, ADVIERTE QUE LA OFERTA NO CUBRE LA DEMANDA

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha advertido del problema de escasez de vivienda pública en la región. La oferta no cubre la demanda, advierten, y hace falta fomentar la colaboración público-privada. A su juicio, las administraciones «suspenden» en políticas de vivienda y la iniciativa privada en este campo «ha desaparecido».

De acuerdo con los datos de esta entidad, en los últimos 30 años se han puesto en el mercado inmobiliario de España una media anual de 75.000 viviendas protegidas. Pero «a partir de 2010, la producción de vivienda pública se desploma».

Lo habitual, recuerdan, era que se mantuviera «una horquilla de 50.000 a 100.000» viviendas públicas iniciadas anualmente, lo cual permitía a los promotores sobrellevar las fluctuaciones en el mercado de la vivienda libre, en función de los ciclos inmobiliarios. Servía además, recuerdan, «como estabilizador social, puesto que un gran número de familias tenían acceso a la vivienda».

Los responsables de Asprima son muy críticos con los gobiernos regionales en este aspecto: cree que «todos suspenden en política de vivienda». Lo mismo ocurre en Madrid, donde pese a contar con más del 50 por ciento de las viviendas del total nacional, «no llega a cubrir las necesidades actuales de vivienda social que requieren los madrileños».

La Asociación de Promotores Inmobiliarios madrileños cree que el principal punto de conflicto estriba en «el elevado coste de producción de vivienda», dado que «en el caso de la vivienda social, el precio final no alcanza a cubrir los costes de producirla».

Es por ello que desde la entidad solicitan a la Administración regional «la puesta en carga de todo el suelo destinado a vivienda social retenido en los distintos organismos públicos», la «reducción de las cargas burocráticas ligadas a la promoción de viviendas», disminuir «la fiscalidad sobre la vivienda» y dar estabilidad a la financiación hipotecaria y la seguridad jurídica en urbanismo.

Además, recomiendan a los gobernantes «atraer fondos de inversión que financien los proyectos» mediante las fórmulas de colaboración público-privada; flexibilizar la normativa burocrática, y «cambiar el tipo impositivo a las vivienda sociales».