| La consejera
también ha destacado de la radiografía urbanística
de la comunidad que, de los 786 municipios andaluces, 51 todavía
no tienen ninguna figura de planeamiento municipal propia. Son pequeños
pueblos, con una media de 730 habitantes. 23 de ellos están en Granada,
22 son malagueños y seis son de Huelva.
Además,
ha subrayado que la complejidad de la normativa urbanística y medioambiental
ha sido la principal causa, aunque no la única, del retraso de la
tramitación los planes generales. Mientras que en el año
2009 entre la aprobación inicial y la definitiva existía
una media de 2,7 años, en la actualidad esa media se sitúa
en nueve años. “Si contamos también los tiempos de tramitación
de los avances, entonces el tiempo total de tramitación supera ampliamente
los diez años, lo que es inadmisible”, ha añadido tras poner
de ejemplo el municipio de Jimera de Líbar (Málaga), cuyo
PGOU se ha aprobado este año tras 12 años de espera para
ver plasmada su hoja de ruta urbanística.
Otro problema
que atañe a la seguridad jurídica de los planes es que parte
de esos instrumentos de planeamiento que se encuentran aprobados definitivamente
no están vigentes por no haberse publicado su normativa completa,
lo que afecta a 111 municipios de manera parcial o total. De ellos, hay
17 municipios (con 13 normas subsidiarias y cuatro PGOU) cuyo planeamiento
aprobado carece de vigencia. Al respecto, la Consejería ya ha comunicado
a los ayuntamientos afectados que tienen que publicar sus instrumentos
de planeamiento general lo antes posible.
Frente a este
panorama, Marifrán Carazo ha indicado que las distintas medidas
adoptadas por el nuevo Gobierno para agilizar la tramitación y aprobación
de los instrumentos de planeamiento urbanístico han tenido como
resultado un avance significativo en la aprobación de planes y documentos
de cumplimiento en las distintas comisiones territoriales de Ordenación
del Territorio y Urbanismo. No en vano, en los seis primeros meses de este
Gobierno del cambio se han celebrado doce sesiones de las comisiones territoriales.
Además, se han tratado 44 asuntos, de los que cabe destacar la aprobación
definitiva de cuatro PGOU –Taberno (Almería), Villamartín
(Cádiz) y Macharaviaya y Ardales (Málaga)– y el levantado
de las suspensiones que operaban desde hace años en otros seis planes
–Quesada (Jaén); Torremolinos, Jimera de Líbar y Júzcar
(Málaga); Algámitas y Puebla de Cazalla (Sevilla)–. “Diez
municipios que pueden respirar aliviados porque el Gobierno del cambio
les ha quitado la soga administrativa que tenían por culpa de la
nefasta gestión socialista”, ha aseverado la consejera.
Marifrán
Carazo también ha recordado que su equipo ha aprobado ya seis instrucciones
para acortar plazos de tramitación y aprobación, unificar
y aclarar la aplicación de la normativa urbanística y ganar
flexibilidad en el desarrollo de los planes generales. Entre ellas, destaca
la eliminación del trámite de aprobación provisional
en instrumentos de planeamiento tramitados y aprobados por la misma administración,
la unificación de criterios para resolver la aprobación definitiva
o la creación de mesas de trabajo con los ayuntamientos para la
subsanación de deficiencias y suspensiones de los PGOU, reduciendo
significativamente los plazos (pasando de más de un año a
unos cuatro meses). “Y todo lo anterior con independencia de las restantes
medidas de agilización y simplificación que, por ejemplo,
se incluirán en la nueva ley urbanística de Andalucía,
que dará solución a problemas enquistados”, ha apostillado.
Con estas instrucciones
y la futura Ley de Suelo, Carazo ha defendido que despejarán “el
marasmo administrativo al que llevan tanto tiempo sometidos tantos municipios
andaluces”. “Este Gobierno es consciente de que una buena planificación
urbanística puede dotarnos de las viviendas necesarias, de las zonas
verdes que demandan los ciudadanos y de espacios atractivos donde puedan
implantarse empresas e industrias que creen ese empleo estable y de calidad
que nuestra tierra reclama. Bien utilizado, el Urbanismo puede ser hasta
un arma para combatir la despoblación que sufren nuestros pueblos”,
ha manifestado.
Para ello,
ha abogado por una Administración ágil, con una legislación
urbanística con unas reglas de juego claras y sencillas, en las
que prime la calidad de los ciudadanos, la seguridad jurídica y
actuaciones que sean ambiental, económica y socialmente sostenibles,
escuchando e implicando en el proceso a todas las administraciones, en
especial a los ayuntamientos.
EL INFORME
El informe
presentado por la consejera constata que tres de cada cuatro municipios
andaluces no disponen de instrumento de planeamiento general adaptado plenamente
a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
que entró en vigor hace 16 años, en 2003. En concreto, 607
municipios de los 786 existentes (un 77 por ciento) no se han adaptado
totalmente a la LOUA. De ellos, el 82% se encuentra actualmente tramitando
un nuevo planeamiento, es decir, que 496 planes urbanísticos están
atascados o bien a la espera de superar trámites para su aprobación
definitiva –en este caso 135– o bien en fases más iniciales como
fase de avance, aprobación inicial o pendientes de aprobación
provincial (361).
También
resalta en esta radiografía urbanística de la comunidad que,
de los 786 municipios andaluces, 51 todavía no tienen ninguna figura
de planeamiento municipal propia. Son pequeños pueblos, con una
media de 730 habitantes. 23 de ellos están en Granada, 22 son malagueños
y seis, de Huelva.
El informe
resalta que la principal causa del retraso en la tramitación de
los planes generales ha sido la complejidad de la normativa urbanística
y medioambiental y destaca que mientras en el año 2009, entre la
aprobación inicial y la definitiva, existía una media de
2,7 años, en la actualidad esa media se sitúa en 9 años.
Si se cuentan los tiempos de tramitación de los avances, el plazo
de tramitación de estos planes urbanísticos supera amplia-mente
los 10 años. Hay ejemplos en el informe como el del municipio de
Jimera de Líbar (Málaga), que tras 12 años ha conseguido
ver aprobado su PGOU en este ejercicio.
Otro problema
que atañe a la seguridad jurídica de los planes es que parte
de esos instrumentos de planeamiento que se encuentran aprobados definitivamente
no están vigentes por no haberse publicado su normativa completa.
Esta situación afecta a 111 municipios de manera parcial o total,
de los que 17 municipios (con 13 normas subsidiarias y cuatro PGOU) cuentan
con un planeamiento aprobado que carece de vigencia. A este respecto, la
Consejería ya ha comunicado a los ayuntamientos afectados que tienen
que publicar sus instrumentos de planeamiento general lo antes posible.
APROBACIÓN
DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Frente a esta
situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio ha adoptado distintas medidas para agilizar la tramitación
y aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico
que han tenido como resultado un avance significativo en la aprobación
de planes en las distintas comisiones territoriales de Ordenación
del Territorio y Urbanismo. En los seis primeros meses de este Gobierno
del cambio se han celebrado doce sesiones de las comisiones territoriales.
Además, se han tratado 44 asuntos, de los que destaca la aprobación
definitiva de cuatro PGOU –Taberna (Almería), Villamartín
(Cádiz) y Macharaviaya y Ardales (Málaga) y el levantamiento
de la suspensión que operaba desde hace años en otros seis
planes Quesada (Jaén); Torremolinos, Jimera de Líbar y Júzcar
(Málaga); Algámitas y Puebla de Cazalla (Sevilla).
El documento
resalta asimismo que en estos meses se han aprobado seis instrucciones
para acortar plazos de tramitación y aprobación, unificar
y aclarar la aplicación de la normativa urbanística y ganar
flexibilidad en el desarrollo de los planes generales. Entre ellas, destaca
la eliminación del trámite de aprobación provisional
en instrumentos de planea-miento tramitados y aprobados por la misma administración,
la unificación de criterios para resolver la aprobación definitiva
o la creación de mesas de trabajo con los ayuntamientos para la
subsanación de deficiencias y suspensiones de los PGOU, reduciendo
significativa-mente los plazos (pasando de más de un año
a unos cuatro meses).
DECLARACIONES
Sólo
179 de los 786 municipios andaluces, un 22 por ciento, cuenta con el planteamiento
ajustado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), ha informado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, tras
el Consejo de Gobierno en el que ha presentado un informe sobre este asunto.
"El atasco
tiene una dimensión mucho mayor de lo que se pueden imaginar", ha
advertido Carazo, quien ha garantizado que la nueva ley que están
preparando buscará agilizar tramitación pero no será
"barra libre a ningún desmán urbanístico", ya que
"el cumplimiento de la norma es sagrado para este nuevo Gobierno".
"Es absolutamente
compatible un cambio de modelo para aclarar y simplificar pero a la vez
dar cumplimiento a la norma", ha añadido Carazo, quien espera que
la nueva ley esté "cuanto antes", aunque la tramitación parlamentaria
añadirá después otros ocho o nueve meses.
Carazo ha hablado
de "colapso y bloqueo" en la tramitación de los planes urbanísticos
por parte de los anteriores gobiernos debido a la "complejidad normativa",
la "lentitud absoluta" en la tramitación y la "invasión de
competencias locales".
Tres de cada
cuatro municipios andaluces no disponen de un instrumento general de planeamiento
adaptado a la LOUA después de dieciséis años y de
ellos el 82 por ciento se encuentran actualmente "atascados en la farragosa
tramitación", según la consejera.
De los 496
planes urbanísticos "atascados", únicamente diez están
pendientes de la aprobación definitiva y 361 no han alcanzado ni
la primera fase, de aprobación provisional.
Además,
hay 51 municipios que todavía no tienen ninguna figura de planeamiento
porque "el Gobierno anterior no se preocupó".
La media para
aprobar un plan urbanístico es de 9 años, aunque hay casos
como el de Macharaviaya (Málaga) que ha sido aprobado por el nuevo
Gobierno después de 18 años en espera.
En los seis
primeros meses del Ejecutivo se ha aprobado definitivamente cuatro PGOU,
en Taberno (Almería), Villamartín (Cádiz) y Macharaviaya
y Ardales (Málaga), a la vez que se ha levantado la suspensión
en otro seis: Quesada (Jaén); Torremolinos, Jimera de Líbar
y Júzcar (Málaga), Algámitas y Puebla de Cazalla (Sevilla).
La Consejería
ha aprobado seis instrucciones para acortar plazos de tramitación,
unificar y aclarar la aplicación de la normativa y ganar "flexibilidad"
en el desarrollo de los planes generales.
Entre ellas,
destaca la eliminación del trámite de aprobación provisional
en instrumentos de planeamiento tramitados y aprobados por la misma administración,
la unificación de criterios o la creación de mesas de trabajo
con los ayuntamientos.
Carazo ha explicado
que hay 235 textos legales en la comunidad que afectan al urbanismo entre
los autonómicos y los estatales, por lo que el objetivo es "reducir
normas".
Por otra parte,
sobre el plan del litoral, que está anulado judicialmente, Carazo
ha explicado que el Ejecutivo andaluz cree que existe "suficiente ordenación"
con la LOUA actual y la habrá después con la nueva ley del
suelo que están trabajando.
SOLUCIONES
La consejera
abogó por dar mayor celeridad a la tramitación y aprobación
de estos planes y recordó que en los últimos meses ya se
ha dado luz verde definitiva a cuatro PGOU de las localidades malagueñas
de Macharaviaya y Ardales, jutno a Taberno (Almería) y Villamartín
(Cádiz).
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