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20 de junio de 2019
 
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NUEVA CATEGORÍA DE SUELO EN EL URBANISMO DE MURCIA: 'SUELO MINERO'.
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • Plan de Ordenación Territorial de los Recursos Minerales 
  • Con el plan se busca la concertación y coordinación de las políticas sectoriales y urbanísticas de las distintas administraciones públicas y se define una nueva categoría de suelo: 'suelo minero'.
También se actualiza y mejora el Catastro Minero, y se potencia la gestión integral ordenada y sostenible de los recursos minerales, «de manera que sea compatible con el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio cultural», indican fuentes del Ejecutivo regional. Está previsto que la ordenación del conjunto de las zonas calificadas como 'suelo minero' suponga aproximadamente un 3,5 por ciento del total de la superficie regional. Las minas están distribuidas entre 27 de los 45 municipios de la Comunidad.  El Plan « incrementará la seguridad jurídica y agilizará y facilitará el desarrollo de los proyectos, ya que supondrá una racionalización de las cargas administrativas en la expedición de permisos», señalan desde la Comunidad. Entre las medidas específicas destaca la creación de un banco de espacios afectados por actividades humanas susceptibles de rehabilitación ambiental. Esta iniciativa establecerá zonas para restauración por compensación de afecciones al medio natural por actividades extractivas aunque no sea en espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000.

El Plan contempla otras medidas, como la elaboración del marco jurídico adecuado que permita el desarrollo de las industrias extractivas dentro del respeto a los principios de sostenibilidad; potenciar la modernización productiva, organizativa y tecnológica del sector minero para incrementar su competitividad; aumentar el conocimiento de los recursos minerales exportables de la Región por parte de las empresas mineras; mejorar los niveles de seguridad en las explotaciones mineras; establecer trámites administrativos ágiles y eficaces; y evaluar la capacidad de acogida del territorio de las explotaciones mineras para la priorización de la potencialidad de las actividades mineras.

En el proceso de elaboración del Plan participan la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor y la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento e Infraestructuras y la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Turismo y Cultura, junto a los ayuntamientos en los que hay emplazamientos mineros o zonas potenciales.

Además se han celebrado reuniones de trabajo con asociaciones de empresarios vinculados al sector.

La Comunidad murciana tiene censadas un total de 234 explotaciones mineras (año 2017), de las cuales 102 mantienen su actividad. Todas ellas, trabajan a cielo abierto. La única excepción: una mina subterránea dedicada a la extracción de rocas ornamentales (mármol) que está en proceso de abandono y restauración. Ésta se localiza en el municipio de Mula. 

PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LOS RECURSOS MINERALES 

El Consejo de Gobierno ha analizado el avance del Plan de Ordenación Territorial de los Recursos Minerales, que tiene como objetivo elaborar un modelo sostenible para la ordenación y gestión integral de estos recursos. Con el diseño de este plan la Región  de Murcia se convierte en la primera comunidad que promueve una iniciativa de este tipo en España.
    
Los objetivos generales del Plan son la planificación minera en el  marco de la ordenación del territorio y de la economía, estableciendo las bases para el desarrollo de una minería sostenible y promoviendo el desarrollo racional de los recursos minerales, así como la instauración de un marco legal y de procedimientos que proporcione seguridad jurídica a todos los agentes del sector de la minería, y la concertación y coordinación de las políticas sectoriales y urbanísticas de las distintas administraciones públicas.

La actuación conjunta de las consejerías de Empleo y Empresa y la de Fomento e Infraestructuras incluye una zonificación de las áreas donde existen recursos minerales reconocidos -en explotación o por explotar-, de forma que los proyectos mineros que se pretendan implantar dispongan de una ‘previabilidad’ administrativa, especialmente en materia urbanística y ambiental.

El Plan de Ordenación Territorial de los Recursos Minerales incrementará la seguridad jurídica y agilizará y facilitará el desarrollo de los proyectos, ya que supondrá una racionalización de las cargas administrativas en la expedición de permisos.

Entre las medidas específicas destaca la creación de un banco de espacios afectados por actividades humanas susceptibles de rehabilitación ambiental, una iniciativa que tendrá entre sus fines el establecimiento de zonas para restauración por compensación de afecciones al medio natural por actividades extractivas aunque no sea en espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000.

Además, se define una nueva categoría de suelo (‘suelo minero’) en el que este uso se configura como el vocacional, al mismo nivel que el suelo agrícola, industrial o urbano, se actualiza y mejora el Catastro Minero, y se potencia la gestión integral ordenada y sostenible de los recursos minerales, de manera que sea compatible con el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio cultural. Está previsto que la ordenación del conjunto de las zonas calificadas como ‘suelo minero’ suponga aproximadamente un 3,5 por ciento del total de la superficie regional.

El Plan contempla otras medidas como la elaboración del marco jurídico adecuado que permita el desarrollo de las industrias extractivas dentro del respeto a los principios de sostenibilidad; potenciar la modernización productiva, organizativa y tecnológica del sector minero para incrementar su competitividad; aumentar el conocimiento de los recursos minerales exportables de la Región por parte de las empresas mineras; mejorar los niveles de seguridad en las explotaciones mineras; establecer trámites administrativos ágiles y eficaces; y evaluar la capacidad de acogida del territorio de las explotaciones mineras para la priorización de la potencialidad de las actividades mineras.
 

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