EL PROBLEMA DEL RECURSO JUDICIAL

Desde la reforma de la ley de 2015 la casación queda limitada a supuestos muy especiales o extraordinarios, como errores graves en la valoración de las pruebas, o ante la existencia previa de sentencias dictadas por otros órganos jurisdiccionales y de contenido opuesto a la que se pretende impugnar. 

La interposicion del recurso permitiría ganar tiempo a los promotores, ya que en tal caso la sentencia del TSJA no sería firme hasta que la impugnación se resolviera o se desestimara. En este último supuesto, como mínimo dos meses.

Administrativamente, con el Ayuntamiento de Zaragoza se puede tratar un acuerdo para retrotraer actuaciones. Es decir, someter de nuevo a debate el plan especial y adecuarlo a las exigencias de la propia sentencia y, por tanto, del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza. 

Sería una modificación importante porque la sentencia ha considerado que sobre unos suelos industriales se han autorizado usos dominantes comerciales, pero no imposible. Probablemente, el proyecto quedaría reducido y aquilatado en sus pretensiones de ser el gran ?outlet? de la ciudad. Y con toda seguridad, sufriría retrasos hasta que se complete el trámite de revisión del Plan General, que con el cambio de Corporación tras las elecciones del próximo mes de mayo no sería inferior a un año.   

EL PRECEDENTE DE ALCAMPO 

En el año 2000, se autorizó las licencias de actividad y apertura del híper de Alcampo en Utrillas, con unos usos comerciales de más de 25.000 metros cuadrados, que el pequeño comercio consideró que excedían el tope autorizado en el PGOU. La diferencia estribaba en que no se habían computado unos 10.000 metros para tal uso bajo rasante. Sucesivas sentencias dieron la razón a los recurrentes, hasta que en 2014 el Tribunal Supremo confirmó la nulidad del procedimiento. Con el centro comercial ya terminado y abierto durante tanto tiempo, la sentencia se consideró de imposible ejecución. Finalmente, se acordó indemnizar a los recurrentes del pequeño comercio con 300.000 euros, pese a que en la tensión de las negociaciones se llegó a reclamar hasta 10 millones de euros.

INDEMNIZACIÓN, LUCRO CESANTE

Indemnización con grandes costes para el Ayuntamiento. SI el plan se anulara y las obras se paralizaran definitivamente, es casi inevitable que la promotora de Torre Village inicie negociaciones políticas o un procedimiento judicial de reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración y lucro cesante, en el que habría que valorar el coste de los proyectos, de la obra ejecutada y del volumen de negocio del que se le privaría. Sin duda, estaríamos hablando de cifras millonarias. Por eso es un supuesto que todo el mundo intentará evitar a toda costa.

LA SENTENCIA

Según la sentencia, los usos industriales siempre debieron ser mayoritarios en ese nuevo ordenamiento aprobado en el salón de plenos, y no dejarlo de ser en favor de los usos comerciales que suponen más del 50% del proyecto de Torre Village. Y que en el PGOU, aunque se permitían los terciarios, debían ser con actividades muy concretas que no tenían que ver, por ejemplo, con el textil del outlet. Llega a decir el fallo, con contundencia, que «no solo no mantiene las limitaciones de usos que establece el plan, sino que los amplía y transforma». Y remata asegurando que se hace «por la vía inadecuada», la del «plan especial, cuando debió hacerlo promoviendo una modificación del Plan General».

Así que la nulidad se debe exclusivamente a la «vulneración del principio de jerarquía normativa, por infracción de instrumento de planeamiento de rango superior, al ir más allá del PGOU, que contiene ordenación pormenorizada del sector». En este caso, dice el fallo, «transforma un sector desde su inicial configuración como industrial –en realidad es un polígono industrial– en un centro comercial o, mejor dicho, en un parque comercial».

«Altera las limitaciones de uso establecidas en el PGOU», subraya la sentencia, «convirtiendo en dominante lo que está previsto solo como admisible». ¿A cuáles se refiere? El productivo principal era y debe ser el industrial, y los permitidos, los dedicados a «la venta mayorista o exposiciones de venta minorista, en grandes superficies comerciales o en edificios y dedicados a materiales de construcción, maquinaria, bricolaje, vehículos, accesorios o piezas de recambio, así como combustibles», o el uso terciario «como complementario o asociado al principal o dominante».

Además, el TSJA le recuerda a Iberebro que «no es comparable» con lo que se hizo con Puerto Venecia en su día. La empresa puso a la autorización de este como precedente pero los magistrados le recuerdan que se hizo a través de una modificación aislada del PGOU –la número 33–, y que en ella se permitían «usos deportivos y de ocio organizado».

Con todo, el fallo ni siquiera se pronuncia sobre el 10% del aprovechamiento que este plan especial generaba, y si se podía destinar o no al comercio de proximidad –«resulta ocioso ya todo pronunciamiento», dice–, así como de la ausencia de una evaluación de impacto ambiental, que deviene ya «innecesaria».

La sentencia caía como una bomba informativa mientras se celebraba el pleno en el ayuntamiento. Y, al concluir, el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, anunció que se «suspenderán todos los procedimientos, actuaciones y licencias» en Torre Village. Tanto el proyecto de urbanización como las licencias o expropiaciones en tramitación y las ya concedidas. Tras calificarlo como «la victoria del comercio de proximidad», a los que dijo que se iba a «dar la puntilla», el edil recordó que «el tripartito de moda» –así lo bautizó CHA–, formado por PP, PSOE y Cs, fueron los que hicieron dieron la vuelta a la desestimación que proponía el Gobierno. Ahora no recurrirá la sentencia «aplastante» en la que el consistorio era codemandado.

Pagará las costas, 1.500 euros, al igual que Pikolín. Mientras Iberebro, por su parte, confirmó a este diario que recurrirá el fallo al Tribunal Supremo. Tiene 30 días para hacerlo. Y casi se da por hecho que pedirá la suspensión temporal de esta sentencia, para no tener que detener los trabajos. «El parque comercial continúa con las obras ya que esta sentencia es provisional», apostilló.

PRIMERA REACCIÓN ADMINISTRATIVA

La DGA, que declaró este proyecto de interés autonómico en el 2016 por silencio administrativo, aseguró que se suspende la concesión de la licencia de gran superficie comercial que la empresa había solicitado. Mientras el presidente aragonés, Javier Lambán, solo apuntó que «era un proyecto interesante» y que «siempre que la justicia toma una decisión somos respetuosos con la misma». La consejera de Economía, Marta Gastón, mostró su respeto a la sentencia y declinó hacer valoraciones porque, dijo, afectaba solo «al trabajo administrativo llevado a cabo por parte del ayuntamiento».