Por eso, en
virtud de esta situación, la Junta de Castilla y León y la
Diputación sellaron este acuerdo mediante el cual "se establecerán
unas normas básicas que permitan alcanzar de forma sostenible un
equilibrio entre la población, las actividades productivas y la
protección de los valores naturales y culturales".
Lo que significa,
en palabras de Mayte Martín Pozo, la eliminación de trabas
para todos aquellos que quieran asentarse y emprender en la provincia y,
por ende, un "pequeño granito de arena para combatir el reto demográfico".
Y es que hasta la fecha, las confrontación de las ideas de negocio
con esta desfasada normativa impedía "dar lugar y luz" a estas iniciativas
empresariales. "Y hombre, no estamos en Castilla y León, no estamos
en el medio rural, para perder oportunidades de actividad económica",
razonaba Suárez-Quiñones.
Así,
el acuerdo beneficiará a los160 ayuntamientos que carecen de este
plan por falta de medios suficientes, lo que supone el 64% de los 248 municipios
de la provincia, donde viven más de 38.000 personas. Unos datos
que representan a algo más del 21% de la población de Zamora
(de casi 177.500 en conjunto) y el 57% de la superficie (6.000 kilómetros
cuadrados).
El proyecto
conllevará un coste económico de 200.000 euros, financiado
a partes iguales por ambas administraciones, y el plazo de ejecución
será de unos treinta meses.
En cuanto al
reparto de tareas, la licitación, adjudicación, contratación
y recepción de los trabajos necesarios para la redacción
de las normas urbanísticas correrán a cargo de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente; mientras que la Diputación será
responsable de la coordinación y apoyo técnico necesario
a los ayuntamientos.
Asimismo, el
documento rubricado en el Salón de Plenos de La Encarnación
también contempla la creación de una comisión mixta
paritaria para la dirección y supervisión de las acciones
contenidas en el convenio, cuya vigencia está prevista inicialmente
hasta el 31 de diciembre de 2020, pudiéndose prorrogar hasta un
máximo de cuatro años.
De este modo,
Zamora se suma a las diputaciones de León, Valladolid, Soria, Burgos,
Ávila y Salamanca que recientemente ya han rubricado el convenio
por el que establece que las Normas Urbanísticas Territoriales (NUT),
recogidas en la Ley de Urbanismo de Castilla y León, sustituirán
a las ya obsoletas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en los
1.268 municipios de Castilla y León que no contaban con un planeamiento
urbanístico general propio y que simbolizan el 8,3% de la población
total y el 43% de la Comunidad, espejo de la dispersión demográfica.
Suárez-Quiñones
recordó que la Junta apostó durante esta legislatura por
dar seguridad en el ámbito urbanístico. «Aunque pueda
sonar muy administrativo, tiene unas consecuencias muy relevantes en el
día a día de los ciudadanos, de las empresas y las administraciones»,
destacó. «Así, acometimos en 2016 la reforma del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, una nueva instrucción de
ayuda en los informes previos a cualquier aprobación de una norma
urbanística, hemos hecho un proceso de desclasificación de
suelo y ayudamos a los municipios más pequeños en materia
de planteamiento urbanístico», enumeró.
En este sentido,
el consejero recalcó que el hecho de que un municipio pequeño,
de menos de 500 habitantes, no cuente con unas «normas urbanísticas
modernas» de planeamiento general «impide» el asentamiento
de empresas porque, «al final, para cualquier tipo de licencia tiene
que haber una confrontación» con el cumplimiento de la normativa.
«Si no la cumplen, no se puede dar luz a esa actividad económica
y no estamos en Castilla y León ni en el medio rural para perder
oportunidades de actividad económica», aseguró.
EN CASTILLA
Y LEÓN EXISTEN UN TOTAL DE 1.268 MUNICIPIOS QUE CARECEN DE UN PLANTEAMIENTO
GENERAL.
Respecto al
acuerdo suscrito en el día de con la Diputación de
Zamora, su presidenta, Mayte Martín aseguró que «es
un paso muy importante para toda la provincia y todas las personas que
quieran desarrollar su actividad en el medio rural. En los municipios donde
no tenían un instrumento de planeamiento propio se aplicaban las
normas subsidiarias provinciales, de 1998», comentó Martín,
quien agradeció al consejero la colaboración prestada para
«favorecer el emprendimiento» en el medio rural. «Las
circunstancias cambian y eso se tiene que reflejar en unas nuevas normas.
Se trata de cubrir las necesidades que se han detectado y que muchas veces
no dependen de la interpretación de los técnicos, sino que
esté perfectamente regulada», concluyó.
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