La repentina norma ha generado, en opinión de García, «una situación de bloqueo e inseguridad» entre quienes quieren vender una de esas VPO o, lo que es peor, ya han iniciado el proceso con contratos de por medio y «de golpe y porrazo no saben ya si pueden hacerlo o cómo al estar sujeta la operación a nuevas y poderosas restricciones».

«La vivienda no puede estar sujeta a tanta improvisación. Exigimos a los políticos una mejor planificación»
 
Según revela García, «los bancos han suspendido firmas de hipotecas para las compras de esas VPO». Y añade: «El registrador, para poder inscribir la venta, tiene que pedir el documento que certifique que la Generalitat no va a ejercer el derecho de tanteo y retracto. Los agentes implicados quieren hacer las cosas bien y, en medio, hay un comprador y un vendedor en la incertidumbre».

La voz de las inmobiliarias destila indignación: «Vamos de disgusto en disgusto, de susto en susto... Podrían ser cientos las compraventas paralizadas... Cambian leyes y sin previo aviso». Como lamenta García, «con esto nos desayunamos en Reyes. La vivienda no puede estar sujeta a improvisación. Pedimos a los políticos que se lo tomen en serio. Los profesionales y consumidores merecen una mejor organización». García recrimina a la Generalitat «que no cuente con los profesionales antes de dictar leyes de vivienda, de venta o de alquiler».

Similar asombro y críticas por parte de Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API). «¿Cómo es posible que se saque la norma el 28 de diciembre y entre en vigor el 1 de enero? ¿Es que no tienen en cuenta que se han firmado contratos de arras entre noviembre y diciembre que afectan a esas casas?», se pregunta.

Desde su punto de vista, se genera una «impotencia e indefensión en propietarios y compradores con un contrato firmado bajo un escenario legal que ahora cambia por completo». Según Díez, «el jaleo se podría haber evitado sencillamente con un periodo transitorio de dos o tres meses antes de la entrada en vigor de la modificación legal».

«Cuando se pone una norma hay que pensar las cosas. Hay profesionales y personas en medio»

Coincide con García en que los afectados a nivel autonómico pueden ser cientos. 

«En Vivienda lo sabrán, que es allí donde los propietarios están mandando las solicitudes para que les digan si pueden o no vender sus casas o se la queda la Generalitat, con el comprador en vilo». Según Díez, la conselleria «está rechazando de momento ejercer el tanteo para intentar agilizar las cosas en medio del embrollo y no fastidiar más a unos y otros».

A consultas de LAS PROVINCIAS, Vivienda no facilitó  la cifra del aluvión de consultas de vendedores afectados. Los funcionarios están desbordados, como admite la propia conselleria: «Debido a la gran cantidad de solicitudes, hemos destinado el personal necesario para normalizar la situación y se va a pedir un refuerzo de personal urgente». En resumen, no dan abasto.

EL PROCESO- TANTEO Y RETRACTO

El tanteo otorga derecho a la Generalitat a adquirir de manera preferente una vivienda de VPO, en las condiciones que recoge la ley, antes de su venta. El retracto supone la posibilidad de esa adquisición por parte de la Administración cuando ya se ha vendido.

La notificación

En el tanteo, el propietario de la VPO en cuestión debe notificar a la Generalitat su decisión de vender indicando precio, condiciones de la transmisión y datos del interesado. Los efectos de la notificación caducarán a los seis meses, según la norma autonómica.

60 días de espera

La Generalitat se reserva ese tiempo para decidir si ejerce o no el derecho de tanteo, es decir, si le interesa la casa. Podrá comunicar su renuncia antes de dicho plazo y el derecho caducará si no se ejecuta en el tiempo establecido, describe la modificación legal.

Periodo de pago

Si finalmente la Generalitat dice se queda con la VPO, el dueño aún podría llegar a esperar hasta cuatro meses para cobrar. Sólo en el supuesto de procedimientos de ejecución patrimonial el plazo de pago que se da la Administración se reduce a dos meses.

La Generalitat justifica el cambio legal en la necesidad de «aumentar el parque público de vivienda». En cuanto al caos suscitado, se ampara en que cualquier cambio normativo «puede generar dudas en los primeros días sobre su aplicación». Y, dicen, van a mover ficha con «una instrucción que resuelva dudas, defina los criterios de aplicación e identifique las viviendas que son de interés para la Generalitat». Eso sí, con la norma ya en marcha.
 

El departamento autonómico asegura que director general de Vivienda, Rafa Briet, ha contactado ya con asociaciones y colegios profesionales «para informarles de los pasos que va a dar la conselleria».

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