El ofrecimiento tuvo lugar en una ponencia sobre la situación del mercado de la vivienda dirigida a la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) en la que los representantes del sector pusieron sobre la mesa los problemas con los que se encuentran día a día. Uno de ellos es precisamente este, la tardanza en la concesión de licencias. De acuerdo con las palabras del presidente del organismo, José Antonio Gómez-Pintado, "los plazos de licencias a veces se equiparan o incluso superan a los de ejecución", una cuestión que limita la actuación del sector privado de acuerdo a los ciclos. 

De este modo y como consecuencia de la cesión de competencias a las comunidades autónomas, los plazos pueden ser muy diferentes entre uno y otro territorio. "En Valencia los plazos pueden llegar a alcanzar los 18 meses. En cambio, en Alicante, Madrid o Zaragoza pueden prolongarse durante un año y en otros puntos de nuestro país como Baleares, Murcia y Sevilla, unos diez meses", señala Gómez-Pintado.

"Como es lógico más plazo significa menos oferta y la consecuencia de este hecho es el aumento de los precios", continúa. Por ello, el directivo también ha apuntado a la necesidad de una modernización de la administración pública, tal y como se ha hecho en algunas localidades como Rivas Vaciamadrid. "Este caso pone de manifiesto cómo digitalizar el 100% de sus trámites, permite alcanzar nuevos plazos únicos en todo el territorio nacional. La tecnología permite incluso conseguir las licencias en tiempo real", señala. 

Pero Gómez-Pintado no es el único que opina que esta medida mejoraría la oferta y ayudaría a bajar los precios. Félix Abánades, presidente de Quabit, piensa que "es muy necesario y urgente, ya que las demoras en la concesión de licencias provocan que se alargue el tiempo de promoción y tienen un coste adicional financiero importante para las compañías promotoras".

Como confirma Abánades, los peor parados siempre son los compradores finales de la casas. "Este problema está repercutiendo en el precio final de la vivienda y en la fecha de entrega, y cerrando la puerta de entrada a una casa en propiedad a muchos jóvenes, dejándoles fuera del mercado y de la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida propio. Solucionar este asunto ayudaría además indirectamente a bajar el precio del alquiler", concluye. 

Dentro de los dilemas de licencias, la falta de suelo calificado vuelve a salir a relucir. "La administración pública necesita agilidad sobre qué se quiere en el largo plazo", señalaba Gabriel Sánchez, de Neinor Homes. "El consumidor final siempre es el que paga", confirmaba Tomás González, encargado de Real Estate de Deloitte. "Lo que pasa es que cuando hay demanda no hay suelo y viceversa, es necesario acompasar los tiempos entre sector privado y administración", afirma Sánchez. 

En este sentido, Saura ha señalado que dentro de este proyecto, "también estamos trabajando con vosotros -los promotores- y me gustaría poder intensificar eso en los próximos días", confirma. De esta forma, Fomento vuelve a mostrar la importancia de la colaboración público-privada para poder sacar adelante un proyecto, como ya lo hiciera en el caso de las concesiones de carreteras. 

EN DETALLE

La Intervención del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, en la Jornada titulada” La Vivienda en España”, organizada por APC España, ha puesto de manifiesto la coincidencia de criterios entre el Gobierno y los promotores privados.

Saura ha adelantado que entre sus objetivos se encuentra el de agilizar las licencias de obras, por lo que están trabajando en un proyecto de ley con el fin de reducir los plazos administrativos, para lo cual está hablando con otros ministerios y con los arquitectos. Asimismo, ha reconocido que limitar los alquileres podría generar un problema mayor y tener efectos perniciosos en el mercado que pudieran llegar a desincentivar el alquiler.

El Secretario de Estado también manifestó que  "la vivienda es una prioridad para este Gobierno. Uno de los objetivos del Ejecutivo es conseguir, a medio plazo, que la vivienda social en régimen de alquiler alcance en 2030 el 8% frente al 2,5% actual, que es uno de los más bajos de Europa, mediante la promoción de obra nueva, rehabilitación y reorientación del parque de viviendas existente, al tiempo que espera ampliar el presupuesto dedicado a políticas de viviendas hasta 1.000 millones de euros en 2021, frente a los 679 millones proyectados para este año.

Por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña ha abogado por “poner en marcha medidas que permitan favorecer el acceso a la vivienda a un precio asequible por parte de los jóvenes de nuestro país”. Para conseguirlo, Gómez-Pintado ha subrayado que “la falta de acuerdos entre fuerzas parlamentarias no debe ser nunca un obstáculo para alcanzar políticas que ayuden a los jóvenes a iniciar sus proyectos vitales”.  A su vez ha animado a los actores políticos y sectoriales implicados a “poner encima de la mesa” todas aquellas medidas que susciten consensos generales con el fin de reducir la dilatada edad de emancipación de los jóvenes.

El presidente de APCEspaña también ha profundizado en la necesidad de “poner en marcha medidas que agilicen los plazos de concesión de las licencias”. En hormigón, el foco se sitúa en la tardanza para obtener los permisos urbanísticos, sobre todo, en las licencias de obra nueva y primera ocupación. Para agilizar estos procesos es necesario implementar medidas que partan de la “modernización y digitalización de la Administración”. Se trata de una cuestión que “no depende de la tecnología”, apunta  Gómez-Pintado, sino de que exista “voluntad política y en la que un impulso decidido desde la Administración central pueda servir de incentivo para las Administraciones autonómicas y locales”.

Para enfrentar estos desafíos clave para el sector –añade Gómez-Pintado– es necesario “partir de los cimientos que todos compartimos y crear una estructura legislativa estable que proceda de la colaboración público privada”. La cooperación y la colaboración entre los agentes implicados resulta crucial para “generar un marco estructural y ágil que favorezca el acceso a la vivienda a precios asequibles y de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.

En la segunda ponencia de la jornada, Novedades legislativas en vivienda y urbanismo, presentada por Carolina Roca, vicepresidenta de ASPRIMA, ha participado Helena Beunza, secretaria general de Vivienda.

En su intervención, Carolina Roca ha resaltado el escaso número de viviendas protegidas (3.350 unidades) que se han puesto en el mercado en 2018 en toda España. “Este mal dato” –explica la vicepresidenta de ASPRIMA– “contrasta con la efectividad de las políticas de vivienda vigentes desde hace 30 años durante los cuales salieron al mercado una media de 75.000 viviendas protegidas al año, lo que supuso y supone una estabilización social del acceso de la vivienda”. Para conseguir retomar esta favorable tendencia del pasado “es necesario diseñar una política de vivienda efectiva capaz de ofrecer a la sociedad viviendas con precios o rentas asequibles”.

Carolina Roca además ha enumerado las cinco claves principales que el sector promotor debe tener presente: i) poner en carga todo el suelo destinado a vivienda social retenido en manos de las distintas; ii) reducir las cargas burocráticas ligadas a la promoción de viviendas y agilizar las licencias; iii) incrementar el parque de vivienda en alquiler; iv) reducir la fiscalidad sobre la vivienda y v) establecer un marco jurídico estable para la financiación hipotecaria y el sector urbanístico a través del refuerzo de la seguridad jurídica.

Lluís Marsà, presidente de APCE Cataluña, ha clausurado la jornada con una intervención en la que ha insistido en la necesidad de contar con un marco estable que aporte seguridad jurídica ante los posibles cambios legislativos que inciden negativamente en el desarrollo de la actividad del sector. Para Marsà, “los promotores ya construimos vivienda protegida y queremos seguir haciéndolo. Es por ello por lo que además de fomentar la colaboración público-privada, es necesario actualizar los precios máximos de las viviendas protegidas para adecuarlo a los costes actuales que conlleva edificar”.